TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Indígenas tzotziles desplazados de ocho comunidades de Chalchihuitán acordaron trasladarse a esta capital con el objetivo de exigirle al gobierno del estado que intervenga para desarticular al grupo armado de Chenalhó y les garantice el regreso a sus viviendas. Cientos de desplazados arribaron hoy a esta ciudad e instalaron un plantón en la plaza central para hacerse visibles, pues hasta ahora no han obtenido más que promesas y discursos de buenas intenciones. Anita Pérez Pérez, una mujer indígena tzotzil que se refugió en las montañas de Chalchihuitán, colindante con el vecino municipio de Simojovel, dijo que desde que ocurrió el asesinato de Samuel Pérez Luna, el pasado 18 de octubre, fueron desplazados de sus comunidades.

4873 personas entre hombres, mujeres, niños, niñas ancianos, ancianas viven desplazados por grupos armados en las montañas, en la cabecera de Chalchihuitan, #Chiapas. Necesitan ayuda, conoce la información y compártela https://t.co/f8Mh7C5IjQ pic.twitter.com/d3N5wMjNfw

— Serapaz Mexico (@SerapazMexico) 26 de noviembre de 2017

“Saquearon nuestras casas, las destruyeron, ya no tenemos nada. Documentos, personas y todo lo que había en las casas lo quemaron. Fue la gente de Rosa Pérez Pérez, alcaldesa de Chenalhó”, aseguró Anita. Por su parte, Efraín López Gómez, uno de los líderes de las comunidades desplazadas, dijo que los medios apenas los han volteado a ver, y el gobierno ya sabía que desde hace más de un mes empezó el desplazamiento, pero no hizo nada para evitarlo. “Estamos exigiendo al gobierno que nos atienda, que nos liberen los caminos los grupos armados. Que el gobierno nos dé seguridad y que nos garantice el libre tránsito en nuestras comunidades”, apuntó. De acuerdo con López Gómez, las familias han intentado regresar a sus casas, pero tan pronto como son detectados, grupos armados les disparan desde los cerros para que abandonen las viviendas y se vayan al monte. “No pueden hacer vida en comunidad, porque están amenazados todos de muerte”, explicó. El párroco de Chalchihuitán, Sebastián López López, destacó que los medios y la solidaridad apenas empezaron a llegar, pese a que el desplazamiento no inició la semana pasada. “Todo empezó desde el pasado 18 de octubre, cuando los miembros de grupo armado de Chenalhó mataron a Samuel Pérez Luna”. Añadió: “Hay niños y niñas enfermos de tos, gripa, fiebre. Pasan frío y hambre todos los días viviendo entre las montañas. Queremos que el gobierno nos escuche y que intervengan”. De acuerdo con el párroco, el gobierno ha permitido todo esto, “no sabemos por qué”. “Ya han pasado muchos días y seguimos en el monte, escondidos. El gobierno protege a Rosa Pérez Pérez y su grupo armado, pero poco hace por nosotros”, señaló otro indígena tzotzil. La mayoría de los pobladores fueron desplazadas a las montañas con temperaturas muy frías, en condiciones inhumanas, y otras se albergan en la cabecera municipal de Chalchihuitán. Organizaciones civiles denunciaron que como consecuencia del desplazamiento forzado hay personas enfermas, especialmente recién nacidos, niños, niñas, ancianos y ancianas. También hay un número importante de por lo menos 114 mujeres embarazadas que necesitan atención médica urgente. Y no pueden salir a buscar sus alimentos porque están bloqueados los caminos de acceso al municipio, además de que hay decenas de casas quemadas y bienes destruidos, y la incomunicación provocó escasez de alimentos y medicinas para la población. Diócesis pide ayuda humanitaria El pleno del Consejo de Pastoral de la Diócesis de San Cristóbal expresó su preocupación por la situación que prevalece y se agrava en la zona limítrofe entre los municipios de Chalchihuitán y Chenaló. “Nos sorprende la impunidad con que actúan los grupos armados, al grado de que ni la Policía ni el Ejército han podido hacerse presentes para impedir la violencia, ni para desarmar a quienes imponen su control del territorio y de la población a través del miedo”, dijo el Consejo Pastoral encabezado por el obispo Felipe Arizmendi Esquivel. En ese sentido, pidió a las autoridades de los tres niveles cumplir con su obligación de velar por la vida de las personas afectadas, que garanticen la seguridad de quienes llevan ayuda humanitaria, que se aboquen a la solución de las causas y no dejen impunes los delitos cometidos. De igual manera, convocó a las organizaciones eclesiales y de la sociedad civil a una solidaridad efectiva y que haga accesible a la población afectada los servicios médicos y medicinas, la alimentación, el vestido y la protección ante la inclemencia del clima que se requieren con urgencia. “Por supuesto también exigiendo justicia a las autoridades y que, de inmediato, intervengan y atiendan esta grave situación. Por parte de la Diócesis continuaremos el esfuerzo para hacer llegar la ayuda humanitaria, con la coordinación de Cáritas y para dar a conocer la situación a la opinión pública nacional”, se lee en la carta firmada por el obispo y una veintena de párrocos de la Diócesis. Por separado, más de una veintena de organizaciones sociales y civiles defensoras de los derechos humanos pidieron a los gobiernos estatal y federal frenar de inmediato la ola de violencia y demandaron un alto al fuego por parte del grupo civil armado que opera desde Chenalhó. Exigieron atender de manera pronta y expedita esta situación que se ha tornado en hechos de violencia generalizada, vulnerando a familias y comunidades enteras de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, ocasionando violaciones graves a los derechos humanos. “Es clara la responsabilidad de los distintos niveles del gobierno que han permitido que esta situación se torne de emergencia humanitaria. Además, se ha evidenciado la incapacidad de las autoridades en atender las causas y los efectos de la violencia”, resaltaron en una misiva el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCh), Centro de Derechos Indígenas A.C. (Cediac), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba) y Comité Nacional para la Conservación de Los Chimalapas, entre otras organizaciones. Demandaron que de manera urgente se dicten las medidas cautelares necesarias y pertinentes a fin de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de Chalchihuitán y Chenalhó. También, que apliquen los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas para proteger a los cientos de familias que han huido de la violencia generalizada y que están en total vulnerabilidad, viviendo una situación de terror por las acciones armadas en la región, con el consecuente riesgo de que los desplazamientos forzados se incrementen. De igual manera, que se garantice el libre tránsito y la paz social en las comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, priorizando el diálogo entre las partes bajo el respeto esencial de los derechos humanos. Y que se investigue el asesinato de Samuel Pérez Luna, se castigue a los responsables y se desarme a los grupos armados que actúan de manera impune bajo la permisividad del gobierno de Chiapas. Finalmente pidieron la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal.