CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la aprobación de una ley en materia de seguridad interior, así como el alcance y contenido que, en su caso, debería tener, no pueden ser producto de decisiones coyunturales o políticas. Al fijar su posición sobre una eventual aprobación de la referida ley, la CNDH planteó que “sus contenidos deben ser respetuosos de la dignidad humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrarse dentro de una política integral que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos desde hace más de 10 años”. Por tanto, “una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución”, alertó el ombudsman nacional, según destacó Notimex en un despacho informativo. Hace más de una década, recordó, ante la falta de capacidades y recursos en las instituciones policiales, la nula o deficiente planeación y coordinación entre las mismas, así como su posible infiltración por parte de organizaciones criminales, se tomó la decisión de involucrar a las fuerzas armadas en acciones vinculadas a proporcionar seguridad a las personas. También indicó que se trataba de “una medida excepcional de carácter emergente y temporal para dar respuesta a la crisis de violencia e inseguridad que atravesaba nuestro país, la cual, hasta la fecha, no se ha superado”. Sin embargo, la falta de acciones efectivas e integrales para el fortalecimiento de las policías en los distintos órdenes y niveles de gobierno, las ha relegado a un papel marginal dentro de las políticas públicas inherentes a la seguridad de las personas, las cuales dan prioridad a la acción de las fuerzas armadas. Para la CNDH, en el ámbito del reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad.