CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La visita a Guerrero de los relatores especiales sobre Libertad de Expresión de la ONU, David Caye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, planteada para este sábado 2, se dará en un contexto de opacidad, corrupción, impunidad y violencia. Desde julio pasado, apro ha dado cuenta de una serie de acciones de gobierno que, en lugar de garantizar la seguridad y abatir la ola delictiva, contradicen las recomendaciones de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el derecho a la Libertad de Pensamiento y Expresión, y la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en el continente. En junio, por ejemplo, María Elena Jaimes Martínez fue nombrada coordinadora ejecutiva del Mecanismo estatal para la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas, pese a ser señalada por familiares de personas desaparecidas de tener presuntos nexos con la delincuencia. La semana pasada el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, tomó protesta a Rigoberta Román Orea como fiscal especializada para la investigación de delitos cometidos en agravio de personas que realizan labores periodísticas y defensores de derechos humanos. Román Orea no solo carece de certificación en el nuevo sistema de justicia penal, sino también de exámenes de control y confianza, igual que 300 peritos, agentes del ministerio público del fuero común y policías ministeriales que laboran de manera ilegal en la dependencia y que incurren en delitos federales al no estar facultados para integrar carpetas de investigación. La narcoviolencia La disputa de los grupos delincuenciales por el territorio ha dejado de 2015 a la fecha más de seis mil homicidios dolosos, entre ellos los crímenes de los periodistas Francisco Pacheco Beltrán y Cecilio Pineda Birto, ambos registrados en lo que va de la administración de Héctor Astudillo. A la fecha no existe una cifra oficial de desaparecidos y 261 personas han sido desplazadas por la narcoviolencia en los municipios de Petatlán, Ayutla de los Libres, Zitlala y Chilapa de Álvarez, indican reportes del gobierno estatal. Esta situación ha provocado que existan zonas silenciadas en Acapulco y las regiones de Costa Grande, Tierra Caliente, Centro, Zona Norte y la Sierra, donde grupos armados operan impunemente y las garantías ciudadanas prácticamente están suspendidas. El pasado 14 de noviembre, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, admitió el ambiente hostil que se vive en la entidad ante diputados locales, al afirmar que en Guerrero “no existe la gobernabilidad esperada” y que la delincuencia controla regiones completas donde “no es recomendable transitar a ciertas horas”. Mientras, el secretario de Seguridad Pública (SSP), el general en activo Pedro Almazán Cervantes, dio a conocer que en 10 de los 81 ayuntamientos que conforman la entidad, 57 policías estatales resguardan la seguridad de ocho alcaldes, tres síndicos y un secretario municipal. También informó que otros 147 uniformados realizan funciones de escoltas para cuidar a 89 políticos, empresarios, activistas, periodistas y víctimas del delito, que “por motivo del ejercicio de su actividad o profesión se considera que están en riesgo su vida e integridad física”. La publicidad oficial Además de la violencia ejercida por grupos criminales, el gobierno estatal impulsa una política de opacidad y uso discrecional de la publicidad oficial como mecanismo de cooptación de medios de comunicación. A principios de noviembre, Apro dio a conocer que el gobierno estatal ha gastado en dos años más de 587 millones de pesos para difundir publicidad oficial en medios de comunicación y entregar “apoyos económicos” a comunicadores, entre ellos Joaquín López Dóriga, Adela Micha y una legión de conductores, columnistas, editores, reporteros y fotógrafos. Entre las empresas beneficiadas con publicidad oficial del gobierno también se encuentran el diario La Razón y Tv Azteca, cuyos dueños operan sus fortunas en paraísos fiscales como Panamá y Malta, de acuerdo con la investigación denominada Paradise Papers. Incluso, el gobierno de Guerrero patrocina con recursos públicos a empresas de marketing y monitoreo de medios de comunicación como Botón Rojo; Arista Somital Ventures; Inteliscam y PRI MX, el organismo del priismo encargado de diseñar y operar su estrategia digital a nivel nacional. La Dirección General de Comunicación Social (DGCS), que encabeza Erika Lührs Cortés, reportó en 2016, una erogación de 320 millones 994 mil 92 pesos, es decir, 26 millones 749 mil 507 mensuales por concepto de “pago a medios de comunicación”, indican los documentos oficiales que obtuvo Apro. Los mismos informes refieren que para este año, la dependencia estatal proyectó 265 millones 960 mil 476 pesos, un promedio de 22 millones 163 mil 373 mensuales para el mismo rubro. La cantidad destinada a publicidad oficial durante los dos años de la administración estatal asciende a 586 millones 954 mil 568 pesos para promocionar la imagen del gobernador Astudillo Flores en 155 empresas de medios de comunicación electrónicos, impresos y digitales. También “apoyó” a más de 200 conductores de radio y televisión, editores de medios impresos y digitales, reporteros, fotógrafos y columnistas, con cantidades “en efectivo” y “transferencias bancarias” que van de 100 mil a mil pesos mensuales, señala el informe de la DGCS. Este grupo de trabajadores de medios de comunicación son clasificados por el gobierno de Héctor Astudillo como “periodistas grandes” y “periodistas chicos”, entre los que se encuentran los dos exdirectores de Comunicación Social durante el interinato de Rogelio Ortega Martínez: Misael Habana de los Santos y Arturo Solís Heredia, quienes reciben pagos de 50 y 15 mil pesos, respectivamente, por conducir los programas de Al tanto y Ora qué Cosa, indica el documento oficial. El millonario gasto anual por concepto de publicidad oficial del gobierno de Guerrero en medios de comunicación, -un promedio de 300 millones-, contrasta con el reducido presupuesto contemplado para el próximo año para el sector social, educativo, de salud y vivienda. Desde 2015, las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar han advertido que existe una preocupación particular por la opacidad que existe en Guerrero y Tamaulipas, debido a que durante cuatro años las autoridades de ambas entidades no han transparentado la información sobre su gasto en publicidad en medios de comunicación. En el informe denominado “Libertad de expresión en venta”, las ONG consideran que estos recursos públicos se distribuyen conforme a criterios políticos e intereses privados, y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, una práctica definida como “censura sutil o indirecta”.