CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Directores de programas e institutos de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA) y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) externaron su rechazo a la Ley de Seguridad Interior que aprobó ayer la Cámara de Diputados y que legaliza la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En una carta que enviaron a los medios de comunicación y que firmaron los coordinadores de los programas de Derechos Humanos de cuatro sedes de la Ibero -Tijuana, Puebla, Torreón, Guanajuato- y el secretario ejecutivo del Sistema Universitario Jesuita, Alfredo Castillo, consideraron que la Ley se aprobó en detrimento de los derechos humanos y del principio de progresividad de los mismos, al avalar un modelo “fallido de seguridad”. En el escrito de una cuartilla, los coordinadores subrayaron que la política de seguridad es una labor propia de las funciones policiales y de seguridad pública, no del Ejército. Además, insistieron en el incremento de personas desaparecidas, homicidios dolosos, desplazamientos forzados y fosas clandestinas como resultado de la incorporación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad. “La Cámara de Diputados ha decidido avalar en detrimento de los derechos humanos, la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad que no le competen y, con ello, un modelo de seguridad que ha sido demostradamente fallido por las violaciones sistemáticas e impunidad en diversos casos”, aseguraron. A casi 11 años de la puesta en marcha de la política de seguridad militarizada, agregaron, “datos ampliamente conocidos demuestran que la incorporación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ha tenido resultados desastrosos”. Los firmantes también insistieron en su ilegalidad, al argumentar que la cámara baja no tiene facultades para legislar en materia de seguridad. Incluso, afirmaron que es contrario al artículo 21 de la Constitución Política, que establece que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil. “En lugar de contribuir a la solución de la crisis de violencia desde el punto de vista legislativo y promover una cultura de prevención de la seguridad y el fortalecimiento de las autoridades civiles encargadas de velar por la seguridad ciudadana, la Cámara de Diputados aprueba una ley que es absolutamente regresiva, hecho que los Programas de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita lamentamos profundamente”. La carta está firmada por Denise González Núñez; Programa de Derechos Humanos en Tijuana; Iliana Galilea Cariño Cepeda del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J en Puebla; Roberto Giacomán Gidi del Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz en Torreón; Ma. Guadalupe Fernández Aguilera del Programa Universitario de Derechos Humanos en Guanajuato. También la signan Gerardo Pérez Viramontes, del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO, y Alfredo Castillo secretario del Sistema Universitario Jesuita.