MÉRIDA, Yuc. (apro).- El Congreso local aprobó hoy reformas a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos a partir de las cuales se garantizará la estabilidad financiera del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) y ofrecerá a los burócratas estatales nuevos esquemas opcionales de pensión y jubilación. La presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas, argumentó que dichas modificaciones implican beneficios como acceder a pensiones o jubilaciones equivalentes a 10 salarios mínimos y no a los ocho que se contemplan actualmente, aunque la situación es opcional. “Cualquier modalidad de pensión o jubilación que maneje el Instituto y que le sea ofrecida al trabajador deberá contener toda la información necesaria para que los trabajadores decidan de manera libre e informada si desean tomar estas nuevas opciones o mantenerse con el esquema que actualmente gozan”, dijo. Añadió que la reforma busca también “garantizar que ninguna dependencia ni organismo público le adeude el pago de sus aportaciones al Isstey, estableciendo un tope máximo de adeudo que se complementa con el aumento del interés moratorio. “Además, mayores plazos y menores tasas de interés a favor de los trabajadores cuando se habla de créditos, con lo que se incrementa el beneficio laboral competitivo mediante ‘créditos plus’”. A su vez, el diputado panista Rafael Montalvo Mata expuso que la justicia y la seguridad de los trabajadores del estado es un punto básico en el trabajo legislativo, por lo que este dictamen le da “una nueva vida financiera al Isstey, facilitando créditos de nómina para trabajadores, pero garantizando las aportaciones de las entidades públicas para una mejor jubilación”. En tanto, Marbellino Burgos Narváez, de Nueva Alianza, destacó que “el dinero del Isstey no es del gobierno, sino parte de las prestaciones laborales, por lo que esta reforma servirá para proteger el patrimonio de los trabajadores, que cada quincena sacrifican un poco de su salario para pensar en el mañana”. Luego, enfatizó: “Como diputados debemos asegurar que las leyes sean muy claras: a partir de hoy el gobierno no podrá retrasarse con sus cuotas del Isstey; las pensiones y jubilaciones serán pagados como la ley señala, será cierta y ordenada, porque los recursos llegarán a tiempo, constantes y sonantes”. Durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco fue denunciado un presunto desfalco de dos mil millones del Isstey durante el periodo en que la dependencia fue dirigida por Nerio Torres Arcila. En 2015, en la recta final del proceso electoral, organizaciones civiles lanzaron una campaña que incluyó la instalación de anuncios espectaculares para exigir a Nerio Torres, entonces candidato del PRI a la alcaldía, aclarar el paradero de ese dinero de los trabajadores al servicio del estado. El asunto, que nunca se esclareció, puso en aprietos a la administración del gobernador Rolando Zapata Bello en cuanto al pago de pensiones y jubilaciones de sus burócratas. Ley contra violencia a la mujer En la prolongada sesión de hoy, el Congreso también aprobó modificaciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de enriquecer el catálogo de definiciones de violencia hacia la mujer. Al respecto, la priista Verónica Camino Farjat justificó que con dichas reformas se reconocen nuevos tipos de violencia, como la institucional que puedan cometer servidores públicos; así como la política, que pretende menoscabar los derechos de la mujer en la materia. La legisladora añadió que también amplían la definición de violencia familiar, además de otorgar a la Comisión de Derechos Humanos y a organizaciones civiles el derecho a solicitar la alerta de género cuando lo amerite el caso, al tiempo de que se crea una Red Interinstitucional de Atención a Hombres que Ejercen Violencia. Por su parte, la panista Beatriz Zavala Peniche ponderó que mientras la mujer se empodera más, la violencia contra ella se incrementa y cada día es más visible, porque no distingue edad, ni clases sociales, “está en todos los ámbitos de la sociedad”. Y reconoció: “La realidad es que es un problema social, cultural, que se deriva del machismo y la misoginia, tenemos que comprender que no son casos aislados y lo tenemos que combatir desde las instituciones y la sociedad misma, las mujeres solo buscan condiciones de igualdad”.