CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La muerte de Karla Pontigo Lucciotto, de 22 años de edad estremeció a la sociedad potosina, que pasó después a la indignación, cuando su familia develó sus sospechas de lo que inicialmente fue consignado por la Procuraduría de Justicia estatal como un “homicidio accidental”, pero que en realidad, se trató de un feminicidio. Karla era estudiante de nutrición y trabajaba como edecán en una discoteca llamada “Play”, ubicada en la capital del estado. Era hija de una familia trabajadora: su madre es empleada de una maquiladora y su hermano mayor trabajaba también para mantener sus estudios. La joven murió a fines de octubre del 2012 en el Hospital central de San Luis, al que llegó con múltiples heridas y golpes en el cuerpo y una de sus piernas casi cercenada, además de indicios de una agresión sexual. La primera versión asentada en el expediente del Ministerio Público -al que durante mucho tiempo no pudo acceder la familia hasta que interpuso un amparo- señalaba que Karla había chocado accidentalmente con una puerta de cristal de la discoteca en la que trabajaba y se había herido la pierna. Pero tras una lucha que ha llevado cinco años por parte de su familia y de los abogados que la respaldan -de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho- y que ha llevado la búsqueda de justicia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se sabe que la joven es una de las 55 mujeres asesinadas en 2012 en el estado, presuntamente por Jorge Vasilakos, el dueño de la discoteca, quien para las autoridades locales es indiciado por homicidio culposo. Entre 2012 y el 2015 fueron asesinadas 169 mujeres en San Luis Potosí, según los registros del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais). Karla figura en el segundo grupo de edad con mayor riesgo, entre los 18 y los 25 años. Son las mujeres entre los 26 y los 40 años las víctimas mortales en mayor número. A partir del 2012 se modificó el patrón del lugar donde son asesinadas la mayoría de las mujeres: hogar y vía pública. Mientras que ese año la vía pública era el sitio más común en el que se cometían estos crímenes, en el transcurso de los años y al menos hasta el 2015, el hogar se fue convirtiendo en el escenario de los asesinatos. Los hechos Karla forma parte de ese 5% de casos de mujeres cuyos homicidios se cometieron en comercios o establecimientos, como ocurrió la madrugada del domingo 28 de octubre, cuando su hermano, preocupado porque no salía de trabajar de la discoteca, entró al lugar y la encontró en el piso, desangrándose y pidiendo ayuda, antes de quedar inconsciente. Un 10% de las mujeres que entre 2012 y 2015 fueron asesinadas en San Luis reportaron o sufrieron violencia familiar previamente. En el caso de Karla, testimonios de compañeros de trabajo, amigos y familiares refieren que el dueño de la discoteca la acosó desde que comenzó a laborar, que la vigilaba en otras actividades que ella realizaba y que un día le robó el teléfono celular. Tras su violenta muerte -sí lo atestiguan las casi 40 lesiones que le fueron encontradas, incluyendo heridas defensivas características de un ataque sexual-, Karla siguió siendo violentada por el sistema de procuración de justicia del estado, según han denunciado su familia y los abogados: El Ministerio Público acudió hasta casi dos días después a la discoteca, donde encontró todo el lugar impecable porque ya el propietario había ordenado que lo limpiaran, así que no hubo preservación de la escena. Eso sí, el Ministerio Público acudió al hospital mientras Karla agonizaba, para presionar a su mamá Lucero a que autorizara la donación de sus órganos y cremara sus restos. Encima de todo, la misma autoridad investigadora “extravió pruebas”, como una muestra tomada del cuerpo de Karla que hacía suponer un ataque sexual. El 4 de julio de 2015, la SCJN atrajo el caso para revisar si el Ministerio Público investigó de manera diligente y con perspectiva de género el homicidio de esta joven estudiante universitaria, un rango de escolaridad al que pertenecían casi 8% de las mujeres asesinadas en sus casas en el periodo multicitado. Pero son las mujeres con secundaria completa las que corren mayor riesgo de morir asesinadas, lo mismo en sus hogares (12.6%) que en la vía pública (17.9%). Un 20% de quienes fueron asesinadas en sus domicilios no tenía empleo, mientras que 23.2% de las víctimas de homicidio en la vía pública se dedicaban a servicios de vigilancia o personales. Karla era soltera, como la mayor parte de las mujeres víctimas de homicidio en San Luis: 47.7% de quienes fueron agredidas en la vía pública y 40% de quienes lo fueron dentro de sus hogares. En San Luis, la familia de Karla Pontigo ha denunciado que el gobernador, Juan Manuel Carreras López, no ha acatado una recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo para reparar el daño causado por la abultada lista de anomalías en la investigación de su muerte; para investigar a los funcionarios que han intervenido y en su caso, fincar responsabilidades. La misma CNDH interpuso denuncias penales contra cuatro agentes del Ministerio Público, tres peritos y un médico forense, que están allí, en manos de la misma Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado, con el mismo exprocurador, Federico Garza, como fiscal general. Mientras sigue la expectativa, Esperanza, madre de Karla, tuvo que incrementar las horas de trabajo; su hermano mayor dejó de estudiar para apoyarla y su hermano pequeño se quedó sin la hermana que lo acompañaba y sufragaba parte de sus gastos. Por ello, como la familia de Karla, los allegados de otras víctimas esperan que la SCJN revise el proceso llevado por las autoridades estatales y determine que su muerte fue un feminicidio, el tipo penal bajo el cual, de acuerdo con la propia Corte en 2015 a raíz del feminicidio de Mariana Lima Buendía, deberían de ser investigados, en primera instancia, todos los asesinatos de mujeres en el país. * Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.