CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La queja de un jornalero por las condiciones de trabajo y de seguridad e higiene de las habitaciones donde pernoctaba en un campo agrícola en Coahuila, derivó en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de la entidad, ahora a cardo de Miguel Riquelme. La recomendación 60/2017, también alcanzó a los secretarios de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Miranda; del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, así como al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Mikel Andoni Arriola Peñalosa. Tras una investigación, la CNDH comprobó omisión de autoridades federales y estatales de inspeccionar y adoptar medidas legislativas, administrativas, económicas, educacionales y sociales lo que dio lugar a la violación de los derechos humanos al trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y al interés superior de la niñez de personas jornaleras agrícolas. Y es que el organismo nacional advirtió que la Secretaría del Trabajo de Coahuila identificó a una persona de 12 años de edad que laboraba como jornalero agrícola, lo retiró de sus labores y le garantizó una liquidación. Sin embargo, la CNDH señaló que con ello confirmó que la autoridad local omitió adoptar acciones para prevenir el trabajo infantil en condiciones contrarias a la ley e implementar aquellas correctivas, respecto de los patrones y empresas agrícolas, ya que el trabajo agrícola “es considerado una labor ardua que puede tener repercusiones en el desarrollo integral de la niñez y, por ello, resulta contraria al interés superior de la misma”. Luego de analizar las evidencias del expediente, la CNDH advirtió falta de coordinación interinstitucional que favorezca la implementación de acciones “puntuales, eficaces y eficientes” para atender la problemática de las personas jornaleras agrícolas, residentes o migrantes, en un determinado territorio. Además, omitió realizar un diagnóstico para identificar causas, problemas y áreas de oportunidad para canalizar estratégicamente los apoyos individuales y colectivos, así como los programas sociales y de infraestructura, para lo cual es importante integrar sistemas de información que permitan tener padrones específicos. “Las omisiones detectadas confirmaron el incumplimiento de las obligaciones que le son atribuidas a autoridades del orden federal y del estado de Coahuila para garantizar de manera efectiva los derechos humanos de esa población, lo cual refleja una violación directa respecto de las personas jornaleras agrícolas en general y de las personas indígenas, mujeres y niñez en particular en los ámbitos estructural y cultural”, subrayó la CNDH. Por ello, la CNDH recomendó al gobernador de Coahuila integrar un padrón de empresas y patrones agrícolas en la entidad; conformar un grupo de trabajo interdisciplinario que incorpore autoridades federales competentes para elaborar un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral de las personas jornaleras agrícolas, para iniciar un programa emergente de trabajo. Asimismo, instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado para que incremente las inspecciones anuales, fortalezca la vinculación con autoridades federales e inicie los procedimientos administrativos respecto de los patrones o empresas agrícolas que incumplan con sus obligaciones laborales. Además, le recomendó fortalecer las campañas de sensibilización e implementación de distintivos relacionados con la erradicación del trabajo infantil entre los patrones y las empresas agrícolas. Al titular de la Sedesol, Luis Miranda, le requirió celebrar convenios en beneficio de la población jornalera agrícola en la entidad, o actualizar los existentes; vigilar las instancias ejecutoras del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) y supervisar el otorgamiento de apoyos para la instalación y/o mejora de albergues, para el arribo, alimentación y/o educación de personas jornaleras y sus familias, así como ver nuevos casos susceptibles de incorporarse a esos beneficios. Al titular de la STPS le recomendó instruir a su Delegación Federal para que, en coordinación con el gobierno de Coahuila, coadyuve en la elaboración de un padrón de empresas y patrones agrícolas en la entidad; impulse un Programa de Movilidad Laboral; fortalezca las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil, y colaborar con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que todas las empresas agrícolas se incorporen de manera obligatoria a los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria de Vegetales y el Buen Uso y manejo de Agroquímicos. Finalmente, al director general del IMSS le pidió instruir a su delegado en Coahuila para que colabore en la elaboración de un padrón de empresas y patrones agrícolas; establezca un programa anual de visitas y, en su caso, inicie los procedimientos administrativos por incumplimiento de la normatividad en materia de seguridad social. También le solicitó participar con las autoridades federales y locales en las visitas e inspecciones que realicen en materia laboral, y en el intercambio de información, así como instruir programas continuos de difusión multiculturales para que los trabajadores agrícolas se afilien e incremente el número de personas aseguradas. Finalmente le solicitó hacer la difusión entre los trabajadores de sus derechos laborales y de seguridad social, y habilitar mecanismos de recepción de denuncias.