CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del titular de la PGR, destacó que ya se trabaja en una iniciativa para la construcción de una Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada. En el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Elías Beltrán explicó que, en conjunto con las fiscalías y procuradurías del Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Tabasco, se trabaja en un anteproyecto de la iniciativa de ley en la materia para someterlo el siguiente año a la consideración de la Conferencia. Lo anterior, argumentó, debido a que “la delincuencia organizada tiene capacidades y recursos financieros suficientes para corromper la esfera pública y así debilitar el orden constitucional. De hecho, en la última década, en nuestro país se ha diversificado el fenómeno delincuencial y ha traído, como consecuencia, múltiples condiciones que favorecen la impunidad y que dificultan la acción persecutoria del Estado”. También mencionó que, basada en el espíritu del federalismo cooperativo, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia debe encontrar soluciones comunes a las necesidades de seguridad, paz, justicia y honestidad que demanda la sociedad, particularmente en cuatro de los diez principales problemas que afectan a la sociedad mexicana, entre ellos inseguridad, corrupción, impunidad y narcotráfico. Además, agregó, la delincuencia organizada ha propiciado operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos de mayor violencia. Derivado de la necesidad de una política criminal que establezca, con claridad, las prioridades a enfrentar respecto del conglomerado delictivo, no se puede omitir ni negar que los cuatro grandes problemas antes mencionados por la Encuesta del Inegi: Inseguridad, corrupción, impunidad y el narcotráfico son potencializados por el fenómeno de la delincuencia organizada. El funcionario explicó: “Esta forma de criminalidad es una manifestación exacerbada de la delincuencia común caracterizada, entre otros factores, por mayores términos de violencia, un alto beneficio económico de sus acciones, una estructura criminal materialmente institucionalizada y la pérdida de espacios públicos y descomposición del tejido social”. El combate a este fenómeno de violencia recae en la competencia federal, de acuerdo con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Además, el marco jurídico actual limita la capacidad de las instituciones locales de procuración de justicia para combatir a la delincuencia organizada o coadyuvar en su combate. Por ello, sin perder de vista que se trata de un fenómeno multifactorial que no sólo debe enfrentarse desde el ámbito de seguridad y justicia, en la Conferencia se planteó el cómo mejorar el marco jurídico para que las 33 fiscalías y procuradurías afronten al crimen organizado. Este planteamiento, en principio, pudiera generarse sobre las siguientes premisas: Reconocer que su combate debe implicar una responsabilidad compartida, con límites debidamente identificados entre Federación y entidades federativas. Además, establecer una política criminal que priorice la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos de delincuencia organizada. Asimismo, fortalecer las capacidades de las instituciones de procuración de justicia locales para combatir la delincuencia organizada, y por último establecer mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación para el intercambio de información en todos los órdenes de gobierno y niveles regional, nacional e internacional.