Meade, parte de un proyecto transexenal

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Apenas el 27 de noviembre el Partido Revolucionario Institucional lo destapó como su candidato presidencial y José Antonio Meade designó a media docena de servidores públicos de primer nivel, entre quienes se encuentran algunos que perdurarán en sus cargos independientemente de que el exsecretario de Hacienda gane o pierda la contienda electoral de 2018.

De hecho, la dupla Videgaray-Meade –antiguos compañeros de estudios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México– empezó a posicionar a su gente en puestos estratégicos desde diciembre de 2015. En esa fecha los dos proyectaron a Julio Alfonso Santaella como presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por un periodo de cinco años que concluye el 31 de diciembre de 2021. Y, para asegurar el control del órgano de gobierno de la misma institución, en abril pasado Meade colocó a Paloma Merodio como una de las vicepresidentas por un periodo de siete años; es decir, hasta abril de 2024.

En febrero de 2016, en un movimiento simultáneo, Videgaray y Meade nombraron a José Antonio González Anaya en la Dirección de Petróleos Mexicanos y a Mikel Arriola Peñalosa en la del Instituto Mexicano del Seguro Social. González Anaya también es egresado de economía del ITAM y fue subsecretario en Hacienda a finales del sexenio pasado, cuando Meade era el titular; con respecto a Arriola, estuvo con Meade en la Financiera Rural en 2003.

En enero pasado llegó como subgobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León, también compañero de la escuela de Meade y quien previamente ocupó la Dirección General de Bancomext.

Ahora que se concretó su designación como precandidato único del tricolor, Meade logró designar a su sucesor en Hacienda, González Anaya, y en el lugar que éste dejó en Pemex colocó a Carlos Alberto Treviño Medina, quien, entre otros cargos, fue director de la Financiera Rural al inicio del sexenio. Una vez que se concretó el ungimiento de Meade, el presidente Enrique Peña Nieto designó como gobernador del Banco de México a Díaz de León, para completar el periodo que inició Carstens; es decir, el nuevo funcionario permanecerá ahí hasta el 31 de diciembre de 2021.

Santaella como presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, y Merodio como vicepresidente de la misma, se mantendrán en sus puestos hasta diciembre de 2021 y abril de 2024, respectivamente, al margen del resultado del proceso electoral.

Lo mismo sucederá con Díaz de León como gobernador del Banco de México, pues permanecerá en su cargo hasta diciembre de 2021. Aún falta quien cubra el cargo de vicegobernador en la misma institución que quedó vacante por su ascenso.

Mientras tanto la permanencia o no de las designaciones de González Anaya en Hacienda; Arriola Peñalosa en el IMSS, y Treviño Medina en Pemex, sí depende de que el hasta hoy precandidato único tricolor logre el triunfo en la contienda electoral del 1 de julio de 2018.

Las designaciones de González Anaya y Treviño Medina evidencian el renacimiento del dedazo del priiato, pues el ungido empezaba a colocar a su gente de confianza en posiciones clave de la administración pública, para asegurar una transición tersa y sin sobresaltos; es decir, quien ya toma las decisiones es el ungido y no el presidente en turno, especialmente cuando ambos son parte de un mismo proyecto transexenal, como es el presente caso con Meade y Peña Nieto.

Sin embargo, todavía más revelador es lo que sucede en los casos del Inegi y Banxico, pues se trata de dos órganos con autonomía constitucional, aunque en muchos momentos ésta no exista en los hechos. En ambos casos el mandato de quienes encabezan las respectivas juntas de gobierno se prolongará durante la primera mitad de la administración del siguiente presidente de la República.

En otras palabras, no importa quién gane la elección, pues el rumbo de estas instituciones se mantendrá invariable; en el caso de que sea Meade, sin mucha autonomía, pues de una u otra forma le deben su designación.

Por lo que atañe al Inegi, las modificaciones que Santaella ha realizado en los años base o en los instrumentos de recolección de información han permitido mejorar los indicadores estadísticos del actual gobierno, lo cual ya ha sido cuestionado por académicos y organizaciones de la sociedad civil. Ellos han señalado que esas manipulaciones hacen que las estadísticas no reflejen la realidad mexicana, particularmente en los indicadores socioeconómicos: pobreza, crecimiento del PIB e inflación.

En el caso del Banxico, Jonathan Heath, analista financiero y económico del diario Reforma, señaló en su columna del 26 de julio pasado, al analizar el perfil de Díaz de León como candidato potencial a gobernador del Banxico: “No queda claro que tenga el carácter fuerte e independiente necesario para el puesto”. Más adelante, precisó: “Aunque no es pariente, compadre o amigo personal del presidente, es muy cercano a Meade y a Videgaray, desde que fueron compañeros en el ITAM… Estas relaciones no son óptimas para consolidar una autonomía institucional”.

En una columna posterior, el 23 de agosto, Heath concluyó su serie: “La decisión final tendrá una gran dosis de elementos políticos. Es muy probable que el presidente designe al que más le conviene y no al mejor calificado”. No fue Peña Nieto, pero sí fue quien él escogió para intentar hacerlo su sucesor.

La secuencia muestra muy claramente cómo, desde el inicio de 2016, el presidente le fue abriendo espacios en posiciones importantes a los allegados a Meade para pavimentarle el camino en caso de resultar el ganador de la contienda electoral; pero también impulsó designaciones en las instancias de gobierno de los organismos autónomos que, en caso de que sus planes fallaran, le permitirían incidir en el rumbo del país y estrechar los márgenes de maniobra de un presidente no priista.

Reaparece, como sucedió durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un proyecto transexenal para preservar las ambiciones políticas de un pequeño grupo de priistas que se aferra al poder.

Este análisis se publicó el 3 de diciembre de 2017 en la edición 2144 de la revista Proceso.

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