COLIMA, Col. (apro).- La fracción del PRI y sus aliados en el Congreso local rechazaron la emisión de un exhorto al gobierno estatal para que establezcan criterios objetivos y transparentes en la asignación de publicidad oficial, a contrapelo de las posturas expresadas recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La bancada del PAN presentó una propuesta de punto de acuerdo para hacer un segundo llamado al Poder Ejecutivo a cumplir la Recomendación 08/2016 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), emitida hace casi un año con la solicitud de que se regule la publicidad oficial, pues su manejo discrecional en las condiciones actuales es violatoria de los derechos a la libertad de expresión, a la información a la legalidad y a la seguridad jurídica de la sociedad colimense y los medios de comunicación. Presentado por la panista Mirna Edith Velázquez, en nombre de su compañera Martha Leticia Sosa Govea, la iniciativa fue rechazada por la fracción del PRI, de los tres diputados independientes, Nueva Alianza y PVEM, sin ofrecer ningún argumento de su decisión. A principios de julio pasado, seis meses después de la emisión de la Recomendación, Sosa Govea ya había presentado una primera propuesta de punto de acuerdo en ese mismo sentido, esa sí aprobada por todos los diputados, pero no atendida por el gobierno estatal hasta la fecha. En esta ocasión, la fracción panista señaló en su propuesta que es necesario que en Colima la asignación de recursos relacionados con la publicidad se sujete a reglas y parámetros claros, para evitar que su asignación se use como medio coercitivo del gobierno hacia los medios de comunicación. En la resolución de una queja presentada cuatro años antes por el director del diario digital Avanzada, Juan Gabriel Moctezuma Castellanos, la CDHEC recomendó al gobierno estatal el 19 de diciembre de 2016 la emisión de lineamientos y criterios objetivos, imparciales y transparentes, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial en favor de los distintos medios de comunicación. Moctezuma Castellanos denunció haber sufrido la cancelación total del contrato de publicidad y un boicot publicitario instrumentado por el gobierno estatal con motivo de la orientación editorial crítica del medio. El pasado 15 de noviembre, la Corte ordenó al Congreso de la Unión regular para antes del 30 de abril próximo el uso del dinero público destinado a la publicidad oficial, ante la omisión de legislar el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, a lo que estaba obligado desde febrero de 2014. La resolución de la SCJN se produjo al conceder un amparo a la organización Artículo XIX, dedicada a promover y defender la libertad de expresión en el mundo. Una semana después, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respaldó la sentencia de la SCJN con el argumento de que “el uso discrecional de la publicidad oficial puede tener un efecto disuasivo, comparable en términos prácticos al de la censura y a veces servir para premiar o no a medios de comunicación en función de sus líneas informativas”. Este 5 de diciembre, en tanto, los relatores especiales de la ONU y de la CIDH para la libertad de expresión, dijeron que la libertad de prensa en el país se encuentra en peligro ante las prácticas del gobierno como la asignación discrecional de la publicidad oficial, pues “es el pretexto para esperar que la prensa mexicana ofrezca una cobertura favorable al gobierno en turno”.