CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del gobierno, quienes son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales, considera 88.8% de la población mexicana. Así lo deja ver el reporte “Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción” –que se conmemora el 9 de diciembre–, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Según el análisis, durante el 2015, en el país hubo 12 mil 590 personas involucradas en algún evento de corrupción al solicitar cierto trámite o servicio público por cada 100 mil habitantes de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor público. A escala nacional, se llevaron a cabo 30 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, lo que indica que en el país, cada víctima de corrupción experimentó alrededor de 2.4 actos de esta situación. Las tasas de prevalencia de corrupción más altas se encontraron en los estados de Morelos con 20 mil 92 víctimas por cada 100 mil habitantes que tuvieron contacto con algún servidor público. En Sinaloa hubo 18 mil 144; en Chihuahua, 17 mil 621; en Michoacán, 16 mil 321 y en la Ciudad de México se registraron 16 mil 167 víctimas de corrupción. Según el organismo de estadística, la corrupción puede definirse como un acto que deviene de una serie de desvíos de acuerdos y valores relativamente aceptados dentro de una sociedad o grupo de individuos, en el cual se toma ventaja inapropiadamente de una determinada posición en ese conjunto de relaciones. Desde el ámbito de las instituciones públicas, es un fenómeno social que involucra un entramado de relaciones de poder entre diferentes actores para desviar los fines del poder público hacia la obtención de beneficios particulares. “La corrupción amenaza el desarrollo sostenible de los países, distorsionando los mercados e inhibiendo las decisiones de inversión, además de que es violatoria de los derechos humanos.  La corrupción está presente tanto en países desarrollados como en países en desarrollo y no está restringido al sector público, sino que también se manifiesta en ámbitos privados”, explicó el Inegi. El panorama de las empresas Para las empresas de todo tamaño, la corrupción en México se encuentra entre los cinco principales obstáculos para su desarrollo. Según la encuesta, 17.6% de los establecimientos la ubican entre los tres problemas más importantes que aquejan en la entidad donde radican, después de la inseguridad, la delincuencia, el aumento de precios de los insumos o el entorno económico de la entidad. De hecho, 64.6% de los establecimientos consideraron que se ven orillados a participar en actos de corrupción con el fin de agilizar algún trámite; 39.4% señaló que otro motivo importante para propiciar un acto de corrupción es evitar multas o sanciones, y 30.7% mencionó que obtener licencias o permisos son también motivo de corrupción. Por su parte, menos de 15% de las empresas consideraron que la corrupción se presenta para ganar contratos gubernamentales o para participar en licitaciones. En el 2016, la tasa de prevalencia de corrupción en el sector privado alcanzó los mil 93 establecimientos partícipes de al menos un acto de corrupción por cada 10 mil unidades económicas que realizaron al menos un trámite o fueron sujetas a una inspección, sin incluir a las unidades económicas de tamaño micro. Por entidad federativa, Quintana Roo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Puebla, Nayarit y la Ciudad de México fueron los estados que presentaron las mayores prevalencias de eventos de corrupción en la interacción de las empresas con el gobierno, con tasas de más de mil 500 establecimientos por cada 10 mil. Al analizar la prevalencia de corrupción por sector de las empresas, se encontró que las empresas del sector industrial tuvieron la tasa de corrupción más alta con respecto a los establecimientos de los sectores de comercio y de servicios, con 755 unidades económicas víctimas de corrupción por cada 10 mil empresas. Las situaciones que derivan en corrupción De los 8.3 millones de trámites, pagos y solicitudes de servicios que realizaron las empresas en México durante el 2016, en 3.8% de ellos las empresas fueron víctimas de algún acto de corrupción. Al analizar la desagregación por la naturaleza o tema del trámite se encontró que, del total de trámites realizados ante autoridades de seguridad pública o de procuración de justicia para el inicio o seguimiento de una averiguación previa, fue donde se observaron los mayores actos de corrupción con 44.5% y 30.6%, respectivamente. Los procesos y juicios laborales y mercantiles también presentaron altas prevalencias de corrupción con 24.9% de los trámites. “Para que las empresas puedan funcionar, tienen que cumplir con una serie de reglas y normas que son establecidas por el Estado con el fin de regular diversos aspectos del funcionamiento de las empresas. Entre estos se encuentran los bienes y servicios públicos que requieren las empresas para llevar a cabo sus actividades, ya sea por ejemplo la obtención de un permiso o licencia para operar, trámites para el pago de impuestos, o realizar gestiones para la resolución de controversias ante una instancia judicial”, explicó el Inegi. Los costos De acuerdo con el Inegi, entre las consecuencias que la corrupción trae consigo son los costos monetarios directos o indirectos que afectan a las personas y a las empresas que se ven involucradas en este tipo de actos, y a la sociedad en general. Entre los costos directos se encuentra el dinero que los ciudadanos y las empresas deben destinar a pagos de sobornos o para la entrega de regalos o favores que les son solicitados por los servidores públicos o intermediarios para agilizar, aprobar o evitar trámites, pagos, solicitudes o inspecciones. Los costos indirectos, por su parte, pueden ser monetarios o no monetarios, los cuales se manifiestan de diferentes formas. Por ejemplo, una disminución en la inversión extranjera a causa de un entorno que dificulta la libre competencia; una mayor desigualdad en la distribución de los recursos; o en una erosión de la legitimidad y confianza en las instituciones, entre otros. Según el Inegi, el costo promedio de un acto de corrupción fue de dos mil 799 pesos por adulto víctima de corrupción en 2015, mientras que el costo promedio por empresa víctima de corrupción fue de 12 mil 243 pesos en 2016. El organismo de estadística aseguró que la existencia de medidas contra la corrupción en las entidades federativas, se encontró que 50% de las entidades federativas implementaron un plan o programa anticorrupción en 2015. Destacan Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Sonora y Zacatecas como las entidades que reportaron haber cumplido con el total de sus metas planteadas en dichos planes o programas. Por su parte, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero estaban en proceso de integrar un plan o programa anticorrupción, mientras que Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo no contaban con un plan o programa de este tipo.