Representantes del gobierno italiano reconocen sin ambages que saben que los migrantes subsaharianos son esclavizados en Libia, pero alegan que esa es una forma como cualquier otra de detener la migración ilegal hacia Europa. Y se mantiene así una situación de facto: mientras la tierra del fallecido Gadafi frene los flujos migratorios, las inversiones de la península se mantendrán en el norte africano. Y ese “dejar hacer” no es exclusivo de Roma… una petrolera francesa aplica la misma política en el oriente libio. ROMA (Proceso).- “Hombres fuertes, grandes, para el trabajo agrícola”, dice el traficante –apoyando la mano sobre el cuerpo de un joven negro– en un video grabado en algún lugar de Libia. “400 (dinares), 700, ¿700?, 800”, se oye decir al anónimo negrero, oculto en la oscuridad de la noche, mientras los subastados aguardan, en silencio, levantando a ratos los ojos hacia sus compañeros. Son algunas de las imágenes difundidas por el canal de televisión del South China Morning Post (scmp.tv) y recogidas por la cadena CNN, que han logrado documentar por primera vez subastas en las que migrantes de Nigeria, Gambia o Ghana son vendidos al mejor postor en Libia. Tales imágenes –propias de otras épocas– muestran los peligros que encierran los acuerdos migratorios que la Unión Europea (UE) firmó con Libia con el propósito de frenar la migración de África. Pese a ello, los gobiernos de la UE se resisten a abandonar estos pactos, pues mantienen como prioridad frenar dichos flujos migratorios. El ministro italiano del Interior y uno de los hombres fuertes de su gobierno, Marco Minniti, defiende las políticas migratorias que tienen como objetivo blindar a Europa y ha aclarado que Italia, la nación que ha liderado estas políticas, no dará marcha atrás. “La alternativa no puede ser que nos resignemos a la imposibilidad de gobernar los flujos migratorios y que le entreguemos las democracias europeas a los traficantes de seres humanos”, dijo Minniti, el pasado 15 de noviembre en el Parlamento italiano. “Si la agencia para los refugiados de la ONU (ACNUR) ha podido visitar 28 de los 29 centros (de detención censados de migrantes) en Libia, ha sido gracias al trabajo de Italia y de Europa”, agregó el ministro, sugiriendo que los campos de esclavos libios se conocen gracias al apoyo que la UE, y en particular Italia, brindan a esa organización. “Sólo Alicia en el País de las Maravillas puede despertarse ahora y darse cuenta de que en Libia hay tortura”, dijo el pasado 28 de noviembre el prefecto Mario Morcone, jefe del Departamento de Inmigración del Ministerio del Interior de Italia. Ambos funcionarios hicieron frente de esta manera a la indignación de la opinión pública mundial por los vídeos de scmp.tv y CNN. De hecho, las denuncias sobre abusos contra los migrantes no son nuevas. En abril pasado, por ejemplo, Mohammed Abdiker, director de Operaciones y Emergencias de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señaló que la situación es “extrema”. “Cuanto más la OIM se involucra en Libia, más aprendemos acerca de que es un valle de lágrimas para muchos migrantes. Algunos informes muestran que la situación es realmente horrible y los últimos informes sobre los ‘mercados de esclavos’ podrían agregarse a esta larga lista de atrocidades”, denunció Abdiker en el primer informe sobre la esclavitud en Libia. Pactos con los jefes tribales  En semejante contexto, el Estado italiano se puso este año en primera línea en la gestión de la crisis por el aumento de las travesías de barcazas de migrantes, en su mayoría africanos, procedentes de Libia. Tras un 2016 de rescates intensos en alta mar –coordinados por la Guardia Costera italiana–, Roma se convirtió en enero en el primer país occidental en reabrir embajada en Trípoli. Y ya en febrero, el gobierno de Paolo Gentiloni incluso se adelantó a la UE, convirtiéndose en el primer país de Europa en firmar un memorándum con el gobierno libio, encabezado por el primer ministro Fayez Serraj, el único de los que hay en Libia reconocido por las Naciones Unidas. El memorándum de ocho puntos supuso la reactivación del Tratado de Amistad de 2008 y de la Declaración de Trípoli, firmados en su momento por el exmandatario italiano Silvio Berlusconi y el hoy difunto líder libio Muamar Gadafi, y que incluía también una compensación para Libia por los abusos cometidos durante el periodo en el que ese país fue colonia de Italia (1911-1947). Ambos pactos, al igual que el más reciente, se han regido por un mismo principio: inversiones italianas en Libia a cambio de control migratorio. A continuación, Italia y la UE procedieron en los pasados meses a dar “soporte técnico y tecnológico” a la Guardia Costera libia, mediante cursos de entrenamiento a los guardacostas locales, 143 de los cuales ya han recibido ese adiestramiento, y la entrega de naves para patrullar las costas libias. Además Italia promovió la creación de un “grupo de contacto” entre los países mediterráneos involucrados y en julio aprobó el envío de naves de guerra italianas a Libia, con el apoyo de las Naciones Unidas, que aumentaron la presencia de las tropas italianas en el terreno (una cifra total estimada de 300 soldados) que se sumaron a las estadunidenses ya presentes. De igual forma, conscientes de la fragmentación política de Libia tras la caída de Gadafi –asesinado en 2011–, Italia emprendió negociaciones con los otros dueños del país, además de Serraj. Minniti se reunió varias veces con el general Khalifa Haftar, el hombre fuerte de Bengasi; en paralelo firmó acuerdos con los jefes de las 40 tribus del sur de Libia, por donde entran los inmigrantes subsaharianos, y selló pactos con los alcaldes de la costa, de donde parten las barcazas hacia Italia. “Estamos dialogando con los jefes de las tribus, que son los que gobiernan en esas realidades”, aclaró el presidente del Comité de Seguridad y Control sobre las Actividades de los Servicios Secretos, Giacomo Stucchi, en una sesión parlamentaria el pasado 12 de septiembre. “Estos no son sujetos elegidos directamente por los ciudadanos, pero tienen un papel administrativo reconocido”, añadió, al sugerir que el proyecto de Italia incluye que los migrantes no salgan de Libia, sino que sean retenidos en campos de acogida administrados por las agencias internacionales de la ONU o vinculadas con ella –como OIM, ACNUR y UNICEF– para luego repatriarlos. Italia también ha frenado los rescates en el mar llevados a cabo por diversas ONG. En agosto, apoyada por la UE, Roma les pidió firmar un código de conducta para los rescates en alta mar, tras lo cual muchas se retiraron, entre ellas las naves de Médicos Sin Fronteras (MSF). A ello se sumó la petición de Italia a Libia para que declare una zona de búsqueda y rescate en el mar, tal como lo prevé el derecho internacional, limitando aún más la posibilidad de acercamiento de los barcos humanitarios a las costas de este país y dejando en manos de los libios la vigilancia de las mismas. Resultados amargos Con ello los flujos de migrantes hacia suelo italiano han descendido. Desde julio pasado –cuando Roma amenazó con cerrar los puertos como represalia por la falta de resultados contundentes en la disminución de las llegadas– hasta noviembre, llegaron por mar 33 mil personas, 67% menos que los más de 102 mil que llegaron en ese mismo periodo del año pasado, según datos oficiales de Italia. En este escenario, el pasado 28 de noviembre el gobierno italiano comunicó que, junto con la UE, erogó 285 millones de euros para mantener el plan migratorio con Libia. A pesar de todas las proclamas de buenas intenciones, desde Libia se siguen documentando las palizas, la explotación laboral, el hacinamiento en los centros de detención, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas contra los migrantes subsaharianos. En esta situación de grave vulnerabilidad se encuentran entre 400 mil y 700 mil personas, según datos divulgados la semana pasada por la Unión Africana. A ello se suma el número de los ahogados en el mar: 2 mil 600 muertos o desaparecidos en el Mediterráneo desde el inicio del año hasta el 29 de septiembre pasado, según la ACNUR. “Hay una responsabilidad importante de nuestro gobierno en estos crímenes y espero que estas cosas se revelen en la Corte Europea de Derechos Humanos. No sospecho del hecho de que hemos pagado a bandas de traficantes en Libia; tengo la certeza absoluta de que así ha sido”, afirmó Gino Strada, el fundador de Emergency, una ONG italiana fundada en 1994 que trabaja en los principales países en conflicto. Con él coincide la eurodiputada socialista italiana Elly Schlein. Durante una intervención en la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, la semana pasada, declaró que parte del dinero que aporta la UE a Libia “acaba en manos de milicias que gestionan el tráfico de personas”. Otros han criticado en esa sede que Italia y la UE avalen devoluciones forzadas de migrantes a sus países de origen, sin evaluar si estos tienen derecho a pedir asilo político en Europa. Y ésta es precisamente una de las medidas que se han pactado en la Cumbre Unión Africana-Unión Europea en Abiyán, Costa de Marfil, donde se reunieron 55 países africanos, los 28 europeos y las más importantes organizaciones internacionales. “Se repatriarán 3 mil 800 migrantes que están en Libia con un procedimiento de urgencia”, dijo el 28 de noviembre el presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, quien puntualizó que ese primer contingente procederá de un campo de refugiados localizado cerca de Trípoli y donde una misión de la Unión Africana acababa de verificar la necesidad de su salida. Los líderes africanos también pidieron a Europa que invierta en la juventud africana para frenar el éxodo. “Es más necesario que nunca promover mecanismos para los jóvenes”, dijo, entre otros, el presidente guineano Alpha Condé. “Sin una gran inversión en esta juventud africana, África y Europa no tendrán futuro”, añadió Faki Mahamat. En paralelo, el ACNUR anunció el 29 de noviembre la apertura del primer centro de tránsito en Trípoli. Petróleo y gas La política europea en Libia incluye el petróleo y gas de ese país, que la multinacional italiana ENI sigue bombeando desde hace casi medio siglo y cuya producción sólo se interrumpió brevemente antes de la caída de Gadafi. Por su parte, la francesa Total explota los yacimientos más orientales del país africano, bajo la jurisdicción del general Haftar, que París, junto con Egipto, apoya a pesar de que el único reconocido internacionalmente es el gobierno asentado en Trípoli. De hecho, el activismo de París ha generado fricciones con Italia. En el fondo existe en ambos un evidente interés económico en este mercado. “ENI posee una amplia trayectoria en Libia y es una de las compañías privilegiadas. Suministra la energía a Libia y esto es algo muy positivo. Los libios no olvidan que también durante la crisis (que derivó en la caída de Gadafi) ENI no se fue”, declaró el viceprimer ministro del gobierno asentado en Trípoli, Ahmad Mitig. “Hay otros contratos que ya están listos para ENI”, añadió durante una conferencia el 30 de noviembre en Roma. En este escenario no han faltado las denuncias desde la sociedad civil. Incluso se han organizado protestas callejeras en ciudades italianas como Bolonia. “Bloquear a la gente en Libia o devolverlos al país (de origen) constituye una burla de los llamados valores fundamentales de la Unión Europea”, denunció MSF. Este reportaje se publicó el 3 de diciembre de 2017 en la edición 2144 de la revista Proceso.