CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A título personal, 78 investigadores de cinco universidades nacionales y centros de educación superior pidieron al Senado de la República frenar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, al considerarla “inconstitucional” y “contraria al Derecho Internacional y de los derechos humanos”. En un pronunciamiento conjunto, académicos e investigadores de universidades y centros de estudios – como la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores (CIESAS) y el Colegio de México (COLMEX), entre otras instituciones— señalaron al menos diez puntos por los cuales consideran que sus términos, la Ley de Seguridad Interior “no representa la solución frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive en nuestro país”, y que, por el contrario “podría prolongar el estado actual de violencia y nos alejaría del modelo democrático constitucional”. En el documento que es público y está disponible en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional, resaltaron que la Ley viola los artículos 1°, 6°, 21, 29, 73 y 129 de la Carta Magna, incluso que la misma Constitución Política no faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior. En el mismo sentido de las críticas y cuestionamientos que han hecho organizaciones de derechos humanos en contra de esta legislación, subrayaron que la iniciativa "vulneraría el equilibrio de poderes "al otorgar” excesivas facultades al Poder Ejecutivo, sin establecer contrapesos del Poder Legislativo o Judicial”. "Permitiría la implementación de acciones en el territorio de una entidad federativa, o zona geográfica del país por decisión del Poder Ejecutivo, atentando contra el federalismo”, mencionaron. Como primer punto, los expertos resaltaron que la Ley, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, es “incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, contraria al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", así como a “diversas recomendaciones de organismos internacionales emitidas hacia México en el marco de la intervención de las fuerzas armadas”. En el documento que se dio a conocer hoy, además cuestionaron que la definición de Seguridad Interior de la ley “es vaga e imprecisa”, por lo que, estimaron, “permitirá calificar un conjunto muy amplio de conductas como riesgosas". "La iniciativa incluye diversas definiciones que posibilitan al Ejecutivo utilizar a las Fuerzas Armadas con propósitos ambiguos y en un marco amplio de discrecionalidad", indicaron. Según el pronunciamiento también la información derivada de la aplicación de la Ley será reservada y clasificada, por lo que "no contempla obligaciones de rendición de cuentas ni transparencia respecto a las acciones que se realicen". "En contraste, las autoridades federales y los órganos autónomos quedarán obligadas a proporcionar cualquier información de cualquier persona que les requieran las autoridades, potenciando el riesgo de acceso a la justicia de las víctimas". Finalmente, sentenciaron: “Otorgar facultades a las fuerzas armadas a través de esta ley habilitará de forma permanente la realización de dichas actividades, lo que se traduce en un desincentivo fuerte para avanzar en el fortalecimiento de las instituciones policiales, y otras instituciones civiles, encargadas de la seguridad pública”. Los firmantes pertenecen a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; la Facultad de Derecho; la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto de Investigaciones Filológicas y el Instituto de Investigaciones Sociales todas de la UNAM. También firmaron de la Universidad Iberoamericana; del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Los académicos reiteraron su carácter personal y no como representantes de sus intuiciones académicas. “Quienes suscribimos este pronunciamiento, solicitamos al Senado frene la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que habrá de dictaminar y permita que continúe la discusión pública, incluyente y reflexiva, que es la única vía a través de la cual podremos tener como sociedad y Estado las mejores bases para la construcción de un marco jurídico e institucional que nos permita enfrentar la grave crisis de seguridad que atravesamos”.