CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Por orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la secretaría de Gobernación (Segob) deberá revelar la versión pública de un convenio de seguridad pública en los estados de Coahuila y Durango. Fue el mismo gobierno de Coahuila quien solicitó a la secretaría que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong detallar las acciones que se realizan en las entidades: plan de operaciones, así como los aspectos técnicos, operativos y específicos de cada acción relacionada con la formalización y objeto del contrato. Lo que Segob debe transparentar es lo relacionado con el Convenio de Coordinación para proporcionar Apoyo en Materia de Seguridad Pública, de acuerdo con un comunicado del INAI. Esto, luego que la secretaría en cuestión respondió en dos ocasiones la solicitud del gobierno de Coahuila, pero ésta reiteró su posición de informar parcialmente, por lo que el interesado interpuso un recurso de revisión al INAI. Por lo anterior, el Pleno, a propuesta del comisionado Oscar Guerra Ford, revocó la respuesta de la Segob y le instruyó a entregar la información, en los términos referidos, así como dar a conocer, de manera íntegra, el oficio número CJ/COE/050/2012, del 20 de marzo de 2012, suscrito por el gobernador del estado de Coahuila y dirigido al secretario de gobernación. Por lo que toca al Proyecto del Convenio Modificatorio del Convenio de Coordinación para proporcionar Apoyo en Materia de Seguridad Pública a los Gobiernos de los estados de Coahuila de Zaragoza y Durango, del 19 de octubre de 2011, deberá comunicar al particular el resultado de la búsqueda efectuada en la Unidad General de Asuntos Jurídicos y, de ser el caso, declarar su inexistencia. Transparentar “lo que se pueda” Guerra Ford recordó que recientemente fue aprobada en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Interior, por lo que la transparencia se convierte en un factor fundamental, “pues es indudable que las fuerzas armadas están llevando a cabo un papel trascendental en las acciones de seguridad. “No obstante, en este caso, debe transparentarse lo que se pueda, con el fin de generar en la población mayor confianza en estas acciones y cómo se dan, en términos generales, las peticiones que hacen sus gobernadores al ejecutivo federal, sobre la materia”, remarcó el comisionado. El estira y afloja EL INAI difundió su orden luego que un particular solicitó conocer, respecto a Durango y, del periodo de 2010 al 2 de agosto de 2017, si había solicitud del gobierno estatal para que fuerzas armadas federales coadyuven en materia de seguridad pública o en el combate a la delincuencia organizada en la entidad. En respuesta, el sujeto obligado, a través de la subsecretaría de gobierno, apuntó que la información que daría respuesta a la solicitud sería un oficio, pero precisó que estaba reservado por ser “significativo al interés público o a la seguridad nacional”. Justificó que, de ser entregada, podría llegar al conocimiento de grupos delictivos acerca de las capacidades institucionales del Estado. Inconforme, el particular presentó recurso de revisión ante el INAI. En alegatos, la Segob reiteró su respuesta original. De la revisión al oficio número CJ/COE/050/2012, se dijo, éste se trata de una petición por parte del gobernador del estado de Coahuila a la Segob, para ampliar la vigencia del referido Convenio de Coordinación, en razón de acontecimientos en materia de seguridad ocurridos en la Comarca Lagunera, región conformada por 10 municipios del estado de Durango y 5 de Coahuila. Con la difusión del oficio, se apuntó, no es posible que se obstaculicen o bloqueen actividades de inteligencia o contrainteligencia o que se revelen normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo que sean útiles para la generación de inteligencia para la seguridad nacional, dado que no alude a este tipo de acciones. Sin embargo, por lo que se refiere al Convenio de Coordinación, la ponencia manifestó que éste se celebró para que el gobierno federal, a través de diversas dependencias, entre ellas la secretaría de gobernación, proporcione apoyo en materia de seguridad pública a los gobiernos de las dos entidades, mediante la implementación de diversas acciones y operativos para combatir la delincuencia organizada. Por último, del análisis efectuado, se advirtió que el Convenio de Coordinación cuenta con el Proyecto Convenio Modificatorio, tal como se desprende del oficio número CJ/COE/050/2012, que se trata, también, de una expresión documental que atiende la solicitud.