GUANAJUATO, Gto., (apro).- Durante tres años, el gobierno de Guanajuato ha asignado y pagado contratos por casi cinco millones de pesos a una empresa boletinada por la Secretaría de Hacienda por sus operaciones “fantasma”, durante la administración que encabeza el panista Miguel Márquez Márquez. La empresa, con razón social F.B.M Comercializadora, aparece en la lista de reportes por presunción de actividades inexistentes de la Secretaría de Hacienda desde mediados del año. Y desde principios de noviembre, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción la investiga por la misma razón. En Guanajuato, F.B.M. Comercializadora ha sido contratada por la Coordinación General de Comunicación Social, específicamente para “manejo de contenidos” en periódicos de la Organización Editorial Mexicana (OEM), aunque esta empresa periodística ha recibido de manera directa contratos de publicidad aparte por un monto superior a los 24 millones de pesos sólo entre 2016 y 2017. La empresa aparece con domicilio en la ciudad de Irapuato. El portal informativo Zonafranca.mx buscó corroborar el funcionamiento de la misma, pero no fue posible debido a que se encontró cerrada y otros ocupantes de inmuebles vecinos señalaron que sólo asistía un licenciado que no tenía un horario fijo para presentarse. Según la lista publicada el 17 de agosto pasado en el Diario Oficial de la Federación, F.B.M. Comercializadora se incluyó entre 156 empresas que emitieron comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”. En la mencionada lista, la empresa aparece reportada por la Administración General de la Auditoría Fiscal Federal. Hacienda requirió a la misma empresa en un oficio fechado el 15 de junio que regularizara su situación, sin que se tenga registro de que esto se haya cumplido. A principios de noviembre, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción dio a conocer que solicitó al gobierno federal información para saber si ha celebrado contratos con alguna de las 156 empresas “fantasma” que el SAT identificó según el Código Fiscal de la Federación. Señala el comunicado: “El 30, 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2017, el Comité de Participación Ciudadana, en ejercicio del derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6° constitucional, presentó varias solicitudes de acceso a la información ante dependencias y entidades del Gobierno Federal que intervienen en el sector salud, en el de transporte y comunicaciones, el energético y el de desarrollo social del país, con el fin de conocer con qué proveedores de los que fueron identificados por el SAT como ‘empresas fantasma’ han celebrado contratos; el RFC que utilizó en cada uno de éstos; así como datos sobre los CFDI emitidos, tales como el nombre y RFC del emisor y receptor, el folio, la fecha de emisión, los montos pagados, las fuentes de las transferencias bancarias, los impuestos federales trasladados y retenidos que constan en el CFDI y/o la factura, entre otros datos. “Las dependencias, entidades y empresas productivas del Estado deberán indicar con quienes de estos proveedores han firmado contratos… El número de solicitudes de acceso asciende a: 36 sobre sector de transportes y comunicaciones; 37 del sector salud; 12 en el sector de desarrollo social y 14 sobre sector energético”, precisa el boletín del Comité ciudadano. “Publicaciones tipo reportaje” es la definición del producto que supuestamente la empresa señalada inserta en las ediciones de cuatro de los periódicos que la cadena OEM tiene en Guanajuato. Esta empresa se habría fundado el 9 de febrero del 2011 –de acuerdo con los datos del Registro Público- y comenzó a prestar y cobrar servicios al gobierno a través de Comunicación Social en el 2015, cuando recibió un contrato por 183 mil pesos, mientras el titular era Juan Aguilera Cid. Pero al año siguiente, cuando Aguilera fue relevado por Enrique Avilés, los contratos crecieron exponencialmente en montos: en el 2016 facturó un millón 430 mil pesos y en lo que va del presente año tiene convenios por tres millones 43 mil pesos, lo que puede constatarse en los reportes del programa anual de Comunicación Social del estado difundidos a través de Transparencia. Los convenios con la Coordinación de Comunicación social son firmados por Tomás Jiménez Morales como representante legal de la empresa. Como testigo, ha firmado el propio director regional de la OEM, Alejandro Herrera Sánchez. Los primeros propósitos de la empresa eran, refiere el acta constitutiva, “el comercio en general, capacitación, logística, asesoría fiscal y contable, administración de nómina, asesoría legal, estudios de mercado, así como la compra, venta, instalación reproducción y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones y electrónico”, entre varias otras actividades muy diversas. Pero en el 2013 hubo cambios y ahora el perfil de servicios quedó en la edición, publicación de periódicos, revistas, libros y toda clase de publicaciones; la prestación de servicios de publicidad, mercadotecnia, diseño gráfico en todo tipo de medios; y proporcionar de manera directa o a través de terceros servicios publicitarios, incluyendo a prensa, radio y televisión. Los administradores únicos también han variado: de Álvaro Walter Porras Westphal, pasando por Úrsula Candelaria Maldonado Ríos y Edwin Román Tabla. En declaraciones a Zonafranca, el coordinador de comunicación social del estado Enrique Avilés, dijo tener conocimiento de que F.B.M. Comercializadora es una agencia especializada a la que le encarga producciones, “una agencia dedicada a la publicidad y al tema mediático”. Avilés argumentó que se cumple con la contratación de un servicio a cambio del comprobante de que se presta el mismo, y aseguró que desconocía el estatus de la empresa en la Secretaría de Hacienda.