CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El Consejo de la Judicatura suspendió a los magistrados Jorge Abraham Ramírez Alvídrez y Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, ambos acusados del presunto desvío de 7 millones de pesos en 2015. En rueda de prensa, el magistrado presidente del TSJ, Julio César Jiménez Castro, dijo que se tomó la decisión de suspender a los imputados --cercanos colaboradores del exgobernador César Duarte Jáquez-- para no entorpecer la investigación que realiza la Fiscalía General del estado (FGE). En entrevista con medios locales, Ramírez Alvídrez y Sepúlveda Reyes, éste último expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, subrayaron que su actuación siempre ha sido conforme a derecho. El primero sostuvo que desde el momento en que se conformó el Consejo de la Judicatura lo han amenazado con sustituirlo, y el segundo subrayó que analiza utilizar recursos jurídicos para defenderse. El Consejo de la Judicatura interpuso la denuncia de hechos ante la FGE en septiembre pasado, una vez que la Contraloría Interna del Poder Judicial detectó irregularidades en la compra de una bóveda de almacenamiento digital que se realizó cuando Sepúlveda Reyes era presidente del TSJ y el magistrado Jorge Abraham Ramírez fungía como secretario ejecutivo del Centro Estatal para la Implementación del Sistema Penal. Los dos funcionarios fueron diputados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el primer trienio del gobierno de César Duarte, y aprobaron todas sus iniciativas. Posteriormente el exgobernador nombró a Ramírez Alvídrez secretario ejecutivo del Centro Estatal para la Implementación del Sistema Penal (Cispen), que dependía del Poder Ejecutivo. Y ya como magistrado, se aprobó que dicho centro pasara a manos del Poder Judicial. El presidente del TSJ informó que una de las irregularidades que detectó la Contraloría Interna del Poder Judicial fue la adjudicación directa para la compra de una bóveda de almacenamiento digital, con un sobreprecio de 45%. El costo del producto era de más 14 millones de pesos, de los que el Poder Judicial cubrió poco más de siete millones de pesos. De acuerdo con información del TSJ divulgada por medios locales, la compra se efectuó con las bases del Fideicomiso 2211 para la implementación de justicia penal de las entidades federativas, impulsado por el gobierno federal en 2014 para fortalecer el Sistema Penal Acusatorio. Ese fideicomiso ofrece un apoyo económico para infraestructura y servicios, siempre y cuando los gobiernos estatales igualen la aportación. El 1 de julio de 2015, el gobierno de César Duarte firmó el contrato del fideicomiso con Banobras por un monto de 14 millones 246 millones 888 pesos para la compra del aparato que contendría los videos y audios de las audiencias del Sistema Penal. La parte correspondiente al gobierno estatal la aportó el TSJ y fue avalada tres días después de que Gabriel Sepúlveda asumió la presidencia del Poder Judicial. Éste llegó al cargo el 8 de diciembre de 2015 y tres días después convocó a sesión extraordinaria del Pleno para aprobar el fideicomiso. Los magistrados aprobaron la afectación de recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia. El TSJ otorgó la compra en adjudicación directa a la empresa Sistema de Información S.A de C.V (Infocom), que entregó al gobierno estatal dos facturas el 30 de diciembre de 2015 por 7 millones 100 mil pesos cada una. En la primera factura el concepto fue por el anticipo del sistema integral de la bóveda de información, y la segunda por el 50% restante del mismo sistema, según lo indica el contrato SH/AC/136/2015. La Secretaría de Hacienda (SH) recibió las dos facturas un día antes del proceso de adjudicación, según consta en documentos del TSJ. El 31 de diciembre de 2015, Ever Eduardo Aguilar Sandoval, entonces coordinador administrativo y de servicios de la dependencia estatal y quien ahora es procesado en un juzgado federal por otro caso, envió el oficio al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, donde informó que procedía la adjudicación directa y de inmediato se emitió el acta. La justificación para adjudicar la compra a Infocom es que tiene la experiencia técnica y operativa para realizar el proyecto. El acta fue firmada por Antonio Enrique Tarín García, quien era presidente del Comité y ahora se encuentra preso por otras casusas penales; Erik Manuel Hernández Aguilar, como representante de la dirección de Programas de Inversión de la misma dependencia, y Ever Aguilar. El 31 de diciembre de ese año también se firmó el contrato donde se hizo el compromiso de pagar 12 millones 241 mil 379 pesos, más IVA, por concepto de contraprestación para el suministro, instalación, configuración e implementación del sistema de bóveda de almacenamiento. Acordaron que la entrega se haría a los 30 días naturales después del fallo y el pago se efectuaría en los siguientes 20 días naturales. Ese contrato fue firmado por Gerardo Villegas Madriles, quien era director general de Administración, ahora preso por otras causas penales, y Javier Muruato Robles como representante de la empresa Infocom. El TSJ hizo la transferencia por 7 millones 123 mil 444 pesos al gobierno estatal el 2 de febrero siguiente. La SH traspasó esa cantidad a Banobras y ésta pagó al proveedor los días 18 de abril y 3 de junio de 2016 (tres días antes de que el PRI perdiera las elecciones a la gubernatura). Cada traspaso fue por 7 millones 100 mil pesos. Javier Marrufo y el magistrado Jorge Abraham Ramírez firmaron un acta administrativa del cierre de los acuerdos el 27 de mayo de 2016. Ambos estuvieron de acuerdo en que la instalación y suministro del equipo era adecuado y concluyó según los tiempos establecidos. Los precios también fueron “inflados”. Jiménez Castro detalló que los dos magistrados se encuentran suspendidos de sus cargos por un año, lapso considerable para que la FGE realice la investigación correspondiente y actúe en consecuencia, dijo. Los secretarios de Sala se encargarán de los despachos. Ramírez Alvídrez es magistrado de la Primera Sala Penal y Gabriel Sepúlveda de la Sala de Control Constitucional. Según el magistrado presidente, no se trata de una persecución política en contra de los acusados, sino de una medida cautelar para no entorpecer la investigación que realiza la FGE por la denuncia de hechos que interpuso el Consejo de la Judicatura. Ambos contarán con el pago del 30% de su salario durante el tiempo en que permanezcan suspendidos. Pero no se trata del único hecho de desvío de dinero público en el que estarían involucrados los dos duartistas y tampoco son los únicos responsables, ya que hay otros exfuncionarios y empresarios que forman parte de esa red de corrupción que también afectó al Poder Judicial. De acuerdo con el área de comunicación social de la FGE, existen otras denuncias presentadas por el TSJ por delitos cometidos por funcionarios de ese órgano, pero no darán los nombres para no afectar las investigaciones que realizan. Irregularidades en Ciudad Judicial El exgobernador César Horacio Duarte Jáquez preparó el camino para controlar el Poder Judicial con reformas legales que obligaron a nueve magistrados a renunciar a sus cargos; además, permitieron la creación de nuevas salas y, en un proceso cuestionado e impugnado, se hizo el nombramiento de 13 magistrados, siete de ellos cercanos a Duarte. Una de las irregularidades más destacadas fue la construcción de la Ciudad Judicial en la capital, que se convirtió en uno de los proyectos más importantes de la administración de Duarte y uno de los motivos del incremento de la deuda pública. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el centro del TSJ el 30 de octubre de 2015, con evidentes anomalías en la estructura. Luego de las torrenciales lluvias en noviembre se inundó el estacionamiento, pero, además, los fuertes vientos quebraron vidrios. Y en unos cuantos días las paredes se resquebrajaron y se detectaron fallas eléctricas. La inversión detallada en cuatro contratos ascendía a casi mil 500 millones de pesos, pero finalmente rebasó los 2 mil millones (Proceso 2078). De acuerdo con una investigación realizada por el semanario, las licitaciones y adjudicaciones directas presentaron diversas irregularidades que han sido cuestionadas por constructores que conocen el proceso de construcción de obra pública. El primer contrato (DOP A-36/13) fue firmado el 23 de mayo de 2013 e incluyó la construcción de los edificios norte, sur y central, así como la plaza y sótanos. El costo: mil 158 millones 998 mil 410 pesos. Las empresas que ganaron la licitación fueron: Ingeniería y Diseño Van S.A. de C.V, a cargo de Jorge Rodrigo Valles Morales; Afirma Inmobiliaria S.A. de C.V, de Carlos Javier Romero Barraza; Arve Constructora S.A. de C.V., de Arturo Velázquez Herrera, y Jorge Arturo Moreno Torres. A este último se le relaciona con la constructora parralense Del Roble, de donde anteriormente también fue socio el gobernador César Duarte Jáquez. Ninguna de las empresas mencionadas reunía todos los requisitos que exigía la convocatoria de la licitación SCOP-DOP-03-2013, como 14 especialidades en pailería y soldadura, muros de contención, montaje de estructuras metálicas, edificación, terracerías para vialidades urbanas y suburbanas, terracerías para plataformas en edificaciones y urbanizaciones, pavimentos de concreto asfáltico en estacionamientos y urbanizaciones, así como instalaciones de aire acondicionado, intercomunicación y sonido, sistema contra incendio, elevadores y pilas, pilotes y tabla-estacas, entre otros. El segundo contrato que firmó el gobierno estatal para la construcción de la Ciudad Judicial (DOP A-63/13), con fecha 22 de julio de 2013, dos meses después del primero, fue para adecuar el proyecto de la obra, realizada por el arquitecto Francisco Escárcega García. El monto fue de 269 mil 259 pesos. El tercer contrato se otorgó a Laboratorio y Consultoría, de Francisco Ubaldo Ramírez Luján, por un millón 715 mil 106 pesos. El 3 de agosto de 2015, el gobierno estatal adjudicó de manera directa la construcción del edificio norte, que ya había sido presupuestado y licitado dos años antes. Esa adjudicación, de acuerdo con el contrato 114-OP-066/15 DOP-OBRA, fue por 313 millones 30 mil 92 pesos, a pesar de que esa cantidad sobrepasaba el monto permitido por la ley para hacer adjudicaciones directas. Las empresas favorecidas fueron: Ingeniería y Diseño Van; Afirma Inmobiliaria, y Jorge Arturo Moreno. Quedó fuera Arve Constructora, pero se incluyó a la constructora juarense Urbanissa S.A de C.V, cuyo representante es Luis Balderrama Neder, aunque empresarios cercanos a la obra indican que el dueño es Everardo Medina Maldonado, subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas y encargado del desarrollo del proyecto. Pero, además, es primo de César Duarte. El acuerdo está firmado por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Eduardo Esperón González, y la adjudicación fue otorgada para justificar el recurso concedido por la Secretaría Técnica (Setec) de la Secretaría de Gobernación, etiquetado para el apoyo del sistema penal acusatorio, ya que requerían celdas para los detenidos, aunque esa área ya estaba construida. Parte de la deuda pública que dejó Duarte, de más de 50 mil millones de pesos, supuestamente también fue utilizada para pagar la construcción de la Ciudad Judicial. En septiembre de 2012 (cuando Sepúlveda Reyes y Ramírez Alvídrez eran diputados), el Congreso local aprobó por mayoría un financiamiento de 200 millones de pesos para concretar el proyecto de la Ciudad Judicial, bajo el esquema de potenciación, con mil 20 millones de pesos aportados por Banobras, para pagarse en 20 años. La iniciativa fue presentada por el gobernador, y se asentó que el capital sería pagado por el Poder Judicial, mientras que el Ejecutivo pagaría los intereses y accesorios en los plazos convenidos. De acuerdo con datos aportados por el exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, otra parte de la inversión fue tomada de los 2 mil 800 millones de pesos del Bono Cupón Cero. En el Presupuesto de Egresos de 2016, el Poder Judicial recibió mil 536 millones de pesos, más de 370 millones de pesos que el año anterior, de los cuales 36 millones fueron asignados al Centro de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (Cispen), a cargo del magistrado de la Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, cuyo nombramiento fue muy cuestionado.