CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto cumplir las promesas hechas al inicio de su gestión, en medio de una crisis de violencia y social que atraviesa el país. No es poca cosa. De acuerdo con el organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther, es claro que a 12 meses de que termine el sexenio, hay muchos y evidentes asuntos por concluir. “Para ilustrar lo anterior basta decir que permanecen inconclusas y en algunos casos desatendidas, las acciones necesarias para el cumplimiento de 106 de los 266 compromisos que el presidente de la República firmó ante notario público durante la campaña presidencial de 2012”, señaló el líder patronal. Esto significa, precisó, que solo se han cumplido 40% de dichos compromisos, en otras palabras, que seis de cada 10 promesas de gestión no han sido honradas en los hechos. Lo peor, para la Coparmex hay signos de que las prioridades de una buena parte de la estructura y recursos del poder ejecutivo se están enfocando a la atención de la coyuntura electoral, más que en robustecer las acciones y mejorar la eficiencia de gestión para cumplir con los compromisos, programas y metas de gobierno. Violencia y corrupción En contraste, aún quedan asignaturas pendientes por resolver de alto impacto social como el tema de la inseguridad, la violencia o la desigualdad. De hecho, la Coparmex dejó claro que “México atraviesa hoy, por el período más violento del que se tenga registro en los últimos veinte años”. Atacar este problema en forma estratégica, precisó, requiere reestructurar la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para descentralizarla y proveerle de mayores facultades operativas. Además, consideró necesario impulsar planes emergentes de seguridad que contemplen diagnósticos y metas basadas en indicadores públicos; que comprometan la reducción de los principales delitos que laceran a la sociedad, y a las autoridades; que informen pública y periódicamente del seguimiento de las investigaciones para sancionar los delitos en materia de Derechos Humanos, asesinatos de periodistas y delitos electorales. Por otra parte, según la Coparmex, el gran talón de Aquiles del gobierno peñista es la corrupción, tema en el que lejos de avanzar, conforme pasa el tiempo, aparecen nuevos casos en los que se ven involucrados funcionarios de primer nivel. Al respecto, De Hoyos Walther dijo que “el Ejecutivo Federal no debe dejar el cargo sin antes promover una nueva generación de reformas que refuercen la lucha anticorrupción”. Entre otros pendientes, señaló que es fundamental que se coadyuve es un real “facultamiento” del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y su fortalecimiento con el suministro de los recursos financieros, materiales y humanos indispensables para su fundación. Por otro lado, emplazó a las autoridades a que se presenten sin demora, las iniciativas de Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública, así como para que se proceda a la revisión a fondo del esquema, y con ello acotar la impunidad. Desigualdad y reforma fiscal En el plano de la política social, el organismo patronal enfatizó que es “imperante” conformar el Padrón Único de Programas Sociales, y en paralelo, construir un Registro Nacional de Beneficiarios de Programas Sociales basado en una Cédula de Identificación Personal. “Estas herramientas permitirán realizar una profunda reingeniería de los programas sociales. Los niveles de pobreza y desigualdad así lo exigen. Es impostergable alinear objetivos, eliminar la duplicidad y recurrencia de programas, a fin de lograr una mejor focalización de los recursos públicos”, explicó. Mientras que, en materia económica, la Coparmex consideró que el ejecutivo debe presentar ya al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria para el Fortalecimiento de la Competencia y la Competitividad. “Los poderes Ejecutivo y Legislativo federal, están en default constitucional, pues ya concluyó el plazo mandatado en la Constitución de la República para la promulgación de dicha ley”,  precisó. Por último, el líder patronal demandó a Peña Nieto impulsar la creación de un Consejo Fiscal Independiente con mandato formal, para proporcionar una evaluación independiente y experta en materia tributaria, presupuestal y de responsabilidad hacendaria. No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha negado la necesidad de la existencia de dicho Consejo, pese a que así lo han recomendado a México los más importantes organismos financieros internacionales. Para Coparmex los desafíos emergentes derivados de la inminente reforma tributaria en Estados Unidos, hacen ya impostergable la discusión de una reforma hacendaria de fondo en México que repare algunos de los efectos nocivos de la reforma fiscal de 2014 y recupere la competitividad internacional del sistema impositivo nacional. Dicha reforma debe contener una reducción del Impuesto Sobre la Renta a cargo de las empresas, mediante la reducción gradual de un punto porcentual por año de este impuesto, alcanzando el nivel promedio de los países de la OCDE, que es de 24.66%. Además, para fortalecer las clases medias y sus niveles de bienestar, es trascendental reducir el ISR para quienes perciben ingresos menores a 10 mil pesos y restablecer la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales, para que más y más empresas puedan conferirlas en forma creciente a sus trabajadores. De acuerdo con Gustavo de Hoyos Walther, no deben seguirse posponiendo decisiones para ampliar la base de contribuyentes mediante un IVA más amplio, complementado con estrategias compensatorias para los hogares de menores ingresos.