CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Junto con un centenar de organizaciones sociales del país e internacionales, decenas de expertos, activistas y académicos pidieron al Senado de la República que convoque a un debate “genuino y no precipitado” sobre el dictamen de la Ley de Seguridad Interior. En un comunicado que hicieron llegar al presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, así como a integrantes de la Junta de Coordinación Política y a los presidentes de las comisiones de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad Pública, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda, los activistas advirtieron que persiste el riesgo de que el dictamen enviado por la Cámara de Diputados se apruebe esta semana, pese a que el viernes 8 el presidente Enrique Peña Nieto “se pronunció por ampliar el debate”. Ante la determinación de los legisladores de “dirimir este asunto antes de que concluya el presente periodo ordinario de sesiones”, los defensores de derechos humanos exigieron un debate “genuino y no precipitado”, en un formato de Parlamento Abierto en el que “tendrían que oírse todas las voces que se han pronunciado sobre el tema, incorporando el máximo de evidencia empírica posible, conforme un cronograma claro y en cumplimiento cabal de lo que algunos legisladores han denominado ‘ruta crítica de la discusión”. De acuerdo con los firmantes, “es materialmente imposible” llevar a cabo todo ese proceso de discusión en la última semana del periodo de sesiones. Si al finalizar la semana “las Comisiones Unidas aprueban con precipitación el deficiente dictamen y éste se remite apresuradamente al Pleno, entonces se confirmaría que la apertura para revisar la minuta no es tal, que este proceso legislativo no se guía por parámetros democráticos, y ello, en última instancia, lesionará a las Fuerzas Armadas”, alertaron. La minuta de la Ley de Seguridad Interior tiene “profundos problemas de constitucionalidad, de convencionalidad y de ausencia de contrapesos y controles democráticos”, además de que la misma “no contribuye a transitar a un México seguro y en paz”, insistieron. De igual manera, recordaron que hasta ahora los legisladores no han tomado en cuenta las 14 observaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ni las 10 propuestas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Subsisten preocupaciones específicas y concretas sobre aspectos tan relevantes como la convencionalidad del concepto de seguridad interior; la inexistencia de límites temporales precisos respecto de la vigencia de las declaratorias de afectación a la seguridad interior, al preverse la posibilidad de que se soliciten prórrogas ad infinitum sin controles agravados de carácter progresivo (artículo 15)”. Asimismo, consideraron que en la propuesta se advierte “la ausencia de controles adicionales en materia de derechos humanos durante la vigencia de las declaratorias (artículos 7 y 12), y la ausencia de contrapesos legislativos ex post para evaluar los resultados de las declaratorias (artículo 33)”. Las organizaciones, expertos, académicos y defensores reiteraron su llamando a no aprobar la Ley de Seguridad Interior, dado que existe “un amplio consenso internacional, regional y nacional sobre los riesgos de las propuestas albergadas en la minuta”. Apuntaron que el cuestionamiento generalizado ha venido de organismos como la CNDH y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pero también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los relatores de la Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH, así como del propio Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zaid Ra’ad Hussein, y su representación en México, además de organismos empresariales como la Coparmex, instancias académicas y organizaciones civiles. “Por la relevancia del tema que nos ocupa, es fundamental que el debate ocurra sin premura, que sea robusto e inclusivo” y que se celebren reuniones para dialogar sobre la minuta. Aprobar un dictamen sin cambios esta semana “no implica realizar un debate serio”, recalcaron. Algunas de las organizaciones que firman el exhorto son: Cauce Ciudadano, Causa en Común, Centro Nacional de Comunicación Social, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Servicios y Asesoría para la Paz, así como 84 agrupaciones que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT). Entre los expertos y defensores firmaron el comunicado: Catalina Pérez Correa, Alberto Athié, Mariclaire Acosta, Miguel Concha Malo, Alfredo Lecuona, Eliana García, Ernesto López Portillo, Jesús Robles Malof, Lisa Sánchez y Pablo Giralt.