Al frente de la Cofepris, Mikel Arriola ignoró advertencias del INSP sobre vacuna contra el dengue

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al frente de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Arriola Peñalosa ignoró advertencias del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y autorizó la comercialización en México de la vacuna contra el dengue Dengvaxia –desarrollada por el laboratorio Sanofi–, que resulta potencialmente dañina para quienes nunca fueron infectados por la enfermedad.

Con esta decisión, tomada el 9 de diciembre de 2015, Arriola Peñalosa –ahora aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el PRI– convirtió a México en el primer país en homologar la vacuna y abrió la puerta para su comercialización a escala internacional.

Le siguieron Filipinas, Indonesia, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Perú, Tailandia y Singapur.

El pasado 29 de noviembre, un análisis de Sanofi reveló que la vacuna es eficiente en la población que ya fue infectada por el dengue, pero advirtió que “para quienes no fueron infectados previo a la vacunación (…) un mayor número de casos de enfermedad grave podrían suceder después de vacunarse, en caso de exposición ante el virus”.

El Grupo Multidisciplinario de Investigadores del INSP llegó a conclusiones similares hace dos años. En un estudio publicado el 17 de noviembre de 2015, los investigadores mexicanos reconocieron el “mérito” de la vacuna, pero insistieron en que “es más que teórico el potencial de que esta vacuna incremente el riesgo de dengue severo y de otras formas de dengue que lleven a la hospitalización”.

Los expertos urgieron entonces al gobierno mexicano a “posponer la autorización sanitaria (de la vacuna) y, a consecuencia, su implementación en el programa nacional de inmunización, hasta tener evidencias más robustas para definir los grupos blancos de vacunación y sobre la seguridad a mediano plazo”.

Así, si bien los científicos aplaudieron el esfuerzo de luchar contra el dengue –una enfermedad potencialmente grave que se transmite por picaduras de mosquitos y afecta a alrededor de 400 millones de personas en el mundo cada año, según el Organismo Mundial de la Salud (OMS)–, denunciaron la premura con la que las autoridades mexicanas actuaron para comercializar la vacuna.

Y no sólo esto: el estudio subrayó que “el otorgamiento de una licencia del CYD-TDV (la vacuna) en un país puede fomentar la homologación demasiado rápida de la vacuna en otros países con autoridades regulatorias más débiles”.

La Cofepris hizo caso omiso a las advertencias de los científicos y autorizó la comercialización de la vacuna. El gobierno de Filipinas hizo lo mismo poco tiempo después e, incluso, fue más allá: lanzó una campaña de vacunación masiva de la población.

El pasado 1 de diciembre, en reacción al reconocimiento por Sanofi de los potenciales efectos negativos de la vacuna sobre la población que nunca fue infectada por el dengue, el gobierno de Filipinas suspendió su campaña de vacunación, y el viernes pasado el secretario de Salud de ese país declaró que pediría al laboratorio el reembolso del dinero invertido en las vacunas.

Además de Mikel Arriola, otro alto funcionario mexicano participó en el otorgamiento de la autorización sanitaria del Dengvaxia en México: Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, la unidad administrativa de la Secretaría de Salud (SSA) encargada de comprar las vacunas.

Entre septiembre de 2009 y noviembre de 2011 –los dos años previos a incorporarse a la SSA–, Kuri trabajó como “director científico” en Sanofi, el mismo laboratorio que desarrolló la vacuna.

Después de su nombramiento en la SSA, Kuri creó el Grupo de Expertos en Dengue, un organismo conformado por altos funcionarios de la SSA, el Instituto Carlos Slim para la Salud y actores del sector privado, con el objetivo de reunir evidencias que permitan el desarrollo de “una estrategia nacional para la introducción de una vacuna contra el dengue”.

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