Aún no hay procesos iniciados por desaparición forzada en caso Ayotzinapa, acusa la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de tres años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, la CIDH manifestó su preocupación “ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento de las líneas de investigación” señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En un comunicado con motivo de la cuarta visita oficial del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso, encabezada por la comisionada Esmeralda Arosamena y el secretario técnico del organismo, Pablo Abrao, el 27 y 28 de noviembre, la CIDH dio a conocer algunos de los pendientes y avances observados en reuniones con funcionarios de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y de la PGR; con los familiares de los desaparecidos y sus representantes, y con integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Para el organismo resulta preocupante que “hasta el día de hoy no haya ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada, aparte de que persiste la fragmentación en algunos aspectos de la investigación”.

Aunque reconoció algunos avances en la investigación, como la identificación de presuntos responsables y el análisis de telefonía celular, para los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento siguen estando pendientes tareas como “ubicar a varios actores cuya detención es fundamental para el esclarecimiento de los hechos”, así como “consignar policías de diferentes instituciones involucrados en los hechos”.

Además, la CIDH advierte que, de acuerdo con la información recibida por representantes del Estado mexicano, “está pendiente por esclarecer cómo nueve teléfonos de los jóvenes que tuvieron actividad tras los hechos, pasaron de las manos de los estudiantes a las de quienes los detentaron en el último término”.

El organismo puntualizó que estos hechos, “aunados a otros elementos de prueba, corrobora la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”, además de que “aún no se establece plenamente la identidad de actores clave al momento de los hechos”.

Tras valorar que la PGR, a través de la oficina especial para el caso Iguala, esté utilizando la tecnología LIDAR y realizando actividades en campo en la búsqueda de estudiantes, la CIDH advirtió que sigue pendiente la consolidación de una base de datos de fosas en el estado de Guerrero”.

En cuanto a la investigación, abundó, que de acuerdo con la última visita, se establecieron “indicios claros de que existieron varias rutas de desaparición y al menos dos grupos diferentes de estudiantes tras su detención, lo que impone la profundización de determinadas líneas de investigación”, además de que los avances de telefonía y balística “posibilitaron concluir la participación de una nueva corporación policial en los hechos”.

Entre los principales avances presentados en la última visita del Mecanismo Especial de Seguimiento, la CIDH reconoció “la presentación del Diagnóstico de Impactos Psicosociales y de Salud, el cual marca la ruta de atención a las víctimas y, en los casos de heridos y muertos, para eventuales reparaciones”.

En ese sentido, el organismo regional llamó al Estado mexicano a “tomar acciones concretas para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en dicho diagnóstico, particularmente lo relativo a los heridos sobrevivientes, a los familiares de los jóvenes ejecutados y los familiares de los jóvenes desaparecidos, siempre en coordinación y acuerdo con las víctimas, familiares y representantes”.

El organismo destacó que, en el último encuentro, el Estado mexicano “manifestó su compromiso de respaldar el seguimiento de la CIDH a las medidas cautelares durante todo el año 2018, mediante una contribución financiera voluntaria que se efectuará en valor integral en diciembre de 2017”.

Igual informó que, en el primer periodo de sesiones de 2018, “las partes analizarán y en su caso acordarán programar nuevas visitas y reuniones de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento”.

Además, “el Estado se comprometió adicionalmente a atender los asuntos pendientes identificados por la CIDH, y a recibir a la delegación del Mecanismo en una visita oficial adicional en febrero de 2018, que permita evaluar resultados en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas”.

Y, como resultado del último encuentro, “la PGR se comprometió a continuar trabajando y sosteniendo reuniones de seguimiento con los familiares sus representantes de forma periódica”, asentó la CIDH.

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