CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República intenta quitar el maquillaje al programa estandarte del gobierno de Miguel Ángel Mancera, el “Médico en tu Casa”, al promover un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior y a la Contraloría General de la CDMX a investigar los recursos financieros y humanos, la infraestructura y las denuncias públicas hechas a dicho programa relacionadas con presuntos actos de nepotismo, conflicto de intereses y abuso de autoridad. A decir de los legisladores priistas, “Médico en tu casa” tiene como objetivo primordial brindar atención médica a la población vulnerable como niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, enfermos y discapacitados, a través de brigadas de salud conformadas por médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos y trabajadoras sociales. Entre los servicios que ofrece, destacan los cuidados paliativos a enfermos crónicos, la detección de enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, obesidad y sobrepeso. Asimismo, fomenta esquemas de educación nutricional y la afiliación a servicios médicos que ofrece el gobierno de la CDMX mediante sus instituciones de seguridad social y salud. Sin embargo, subrayan que diferentes medios de comunicación -no los cita- y un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han documentado anomalías en el uso, ejercicio y destino de los recursos económicos, humanos y de infraestructura destinados al mismo. El punto de acuerdo fundamenta: Según información del gobierno capitalino, a la fecha se han visitado dos millones 936 mil 840 viviendas; sin embargo, aclara, esta cifra no corresponde: si los 124 médicos hubiesen laborado “sin descansos” entre el 1 de septiembre de 2014 y el 30 de junio de 2016, la meta cumplida de cuatro consultas por día apenas sería de 496 mil, información que dista de la dada a conocer por el gobierno de Mancera Espinosa. También se tiene conocimiento de desabasto de medicamentos y mala planeación. Según la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), los medicamentos recetados por el personal del programa son surtidos por las farmacias de los Centros de Salud anexos a la Secretaría. A pesar de ello, se ha dado falta de los productos por escasez de recursos y a una mala distribución de los insumos. Asimismo, falta transparencia, pues no se cuenta con un registro preciso de las licitaciones realizadas, las empresas beneficiarias y los montos erogados para el equipamiento de las unidades móviles. Incluso, se ha documentado una redistribución de recursos de otras áreas para subsanar las necesidades del programa. Más aún: Los senadores del PRI sostienen que el programa se usa con fines electorales. ”Diversos investigadores consideran que el programa se ha convertido en una estrategia con fines electorales para posicionar la imagen del jefe de gobierno y el exsecretario de Salud capitalinos -Armando Ahued-, además de que se han detectado conflictos de interés y desvío de recursos públicos, por ejemplo, la utilización de personal de la dirección de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud para la atención de asuntos privados ante el Juzgado 24 de lo familiar de la Ciudad de México. De acuerdo con el diagnóstico del PRI, en el programa existen visos de nepotismo, pues en la nómina de la Sedesa se encuentran adscritos familiares directos e indirectos del director de Vinculación y Enlace Institucional. Ejemplo de esta situación, es que su hermano funge como subdirector administrativo en jurisdicción sanitaria de Álvaro Obregón. Igualmente, añade, hay denuncias por presunta venta de plazas. Afirman que médicos y enfermeras han presentado múltiples quejas ante la Contraloría General y la Fiscalía Especializada para Servidores Públicos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), para deslindar responsabilidades. Por si fuera poco, los priistas destacan que también se tienen documentados presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Sedesa, entre los cuales mencionan la adquisición de inmuebles para impulsar la creación de clínicas privadas y en la compra de medicamentos, material quirúrgico y aparatos médicos. Del análisis realizado por personal del CIDE se desprendió también la falta de fiabilidad de los beneficiarios, del cumplimiento de los protocolos y de la atención médica. Por ello, manifestaron la necesidad de que intervengan la Auditoría Superior y la Contraloría General de la CDMX.