Monsanto atentó contra la bioseguridad del país: abogado

CAMPECHE, Camp. (apro).- La revocación del permiso a Monsanto para la liberación de semillas de soya transgénica en siete estados no es definitiva, pese a que el delito “es grave” porque atentó contra la bioseguridad del país y, por tanto, se esperaría que las sanciones giren en tres rutas: administrativa, penal y reparación del daño, señaló el abogado Jorge Mendiburu.

El pasado 22 de noviembre, agrupaciones mayas y ambientalistas dieron a conocer que por faltas que causaron daños “graves e irreversibles” al ambiente, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) revocó a Monsanto el permiso para la liberación de semillas de soya transgénica en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el caso de Campeche, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió temporalmente la autorización por un litigio que emprendieron apicultores mayas y ambientalistas para frenar la introducción de transgénicos en sus regiones.

En Yucatán, el gobierno del estado decretó todo su territorio libre de organismos genéticamente modificados, pero la Presidencia de la República emprendió una controversia constitucional para revertir dicho decreto.

El permiso a Monsanto fue revocado desde el 15 de septiembre, después de que se detectaron “cantidades masivas” de soya transgénica cultivada “en miles de hectáreas fuera de los polígonos autorizados”, además de la introducción de otro transgénico no autorizado. La Senasica mantuvo oculta esa resolución.

Al respecto, Jorge Mendiburu, abogado del Colectivo Apícola de Los Chenes en el litigio contra Monsanto, explica que esa revocación no es definitiva porque la trasnacional la impugnó ante la misma Senasica.

“Entonces hace falta que Senasica ratifique el dictamen o la revocación, y en su caso Monsanto todavía tendría todavía la posibilidad de ir a un juicio de carácter administrativo para pelear ante un tribunal específicamente la decisión de Senasica. Pero dado el material probatorio, sería muy complicado que se revirtiera la determinación”, añade.

Debido a que las faltas de Monsanto son graves, dice, las sanciones tendrían que ir en tres líneas, no sólo la administrativa, sino también penal, y además procurar la reparación del daño, “que es en lo que hemos insistido”.

“No se trata nada más de quitarle el permiso y ya, sino que ahora tenemos además que evaluar qué es lo que ha pasado en estos cinco o seis años de siembra de soya transgénica y cuáles han sido los efectos, porque tienen que ser resarcidos por la empresa, pero también por el Estado que permitió y otorgó ese permiso”.

De acuerdo con el abogado, los representantes de las comunidades afectadas podrán comparecer como terceros interesados cuando el proceso esté en su fase judicial, “porque están interesados en que la revocación se mantenga”.

Por ahora, con la impugnación de Monsanto a la revocación de los permisos, el proceso es administrativo, pero si llega a una fase de carácter judicial, “entonces ahí las comunidades podrían comparecer como terceras interesadas presentando los argumentos del por qué esa revocación debería ser definitiva”.

Jorge Mendiburu añade: “Aquí lo que es bien importante señalar es que las razones por las cuales Senasica revoca el permiso son justamente las razones que hace cinco años la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) establecía cuando se solicitó el permiso.

“Es decir, que no había las medidas adecuadas de bioseguridad en México, porque en la fase piloto, en la fase experimental, ya se había demostrado que había habido contaminación fuera de los polígonos que se habían autorizado”.

Subraya: “Lo que vino a hacer esta revocación es darle la razón a lo que dijo la Conabio, a una determinación que en su momento no fue tomada en cuenta por la propia Senasica ni por la Dirección General de Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que sin justificación alguna dieron los permisos y los avales que cinco años después se están revocando”.

Y recuerda que en el caso del estado de Campeche, donde se demostró que se violó la suspensión temporal de los permisos ordenada por la SCJN y se sembró de manera comercial soya transgénica –pero además fuera de los polígonos permitidos–, en julio del año pasado se presentaron dos denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR).

“Pensamos que la revocación en un momento dado viene a sustentar los elementos que se presentaron en la denuncia penal, entonces tendría que haber implicaciones de carácter penal también, pero no sólo para los que sembraron, sino fundamentalmente para Monsanto, que es la que liberó las semillas, o cuando menos no controló su diseminación”, enfatiza.

El abogado del Colectivo Apícola de Los Chenes menciona que hace aproximadamente tres años, el director general de Monsanto, Rodrigo Ojeda, declaró “que iban a liberar la semilla, porque únicamente estaba prohibido sembrar en las comunidades a las que pertenecían las personas que habían presentado el amparo, cosa que es falsa, porque la SCJN dijo que el efecto era para todos los municipios del estado de Campeche afectados por el permiso”.

Entonces –apunta–, por supuesto tendría que haber no únicamente implicaciones de carácter administrativo, sino también sanciones de carácter penal, porque sembrar organismos genéticamente modificados sin el permiso es un delito y es grave porque atenta contra la bioseguridad del país.

Sobre la consulta pública a las comunidades afectadas que ordenó la SCJN, dice que se solicitó al juzgado federal que conoce del caso “la inejecución de la sentencia”.

Lo anterior “porque lo que están haciendo tanto la Cibiogem como la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es realizar un proceso de ‘consulta’ que rompe con el estándar de consulta que estableció la SCJN en su sentencia y que pretende fragmentar a las comunidades”.

Como ejemplo cita el caso de Bolonchén, en el municipio de Hopelchén, “donde se efectuó ya la fase informativa, pero fue a modo, porque únicamente se brinda información favorable a la soya transgénica, que en ningún momento ha respetado los acuerdos”.

Entonces, lo que se solicitó al juzgado es el incidente de inejecución de sentencia pidiéndole al juez que declare que ha habido un incumplimiento por parte de las autoridades encargadas de realizar la consulta para organizarla y llevarla a cabo de acuerdo con los estándares que estableció la SCJN, recalca.

La intención, subraya, es que el proceso de consulta se detenga hasta en tanto no se garantice que será acorde a lo que se ha pactado desde marzo de 2016 entre las comunidades, la Cibiogem y la CDI. “Esperaríamos que lo más pronto posible, antes de salir de vacaciones, hubiese una respuesta por parte del juez”.

Se espera que la respuesta del juzgado sea positiva, dada la cantidad de pruebas que hay de cómo se ha fragmentado y violentado el proceso de consulta, añade.

Y suelta: “Pero sabemos también que este juez (segundo de distrito Adrián Fernando Novelo Pérez) no ha sido necesariamente muy anuente a las solicitudes de las comunidades, más bien ha sido bastante anuente a las solicitudes de Monsanto y la Ciobiogem”.

Remató: “Pedimos un poco más de imparcialidad en cuanto a las solitudes que acabamos de presentar”.

 

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