CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Tras ser destituido del cargo, el magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes culpó a su antecesor, José Miguel Salcido, de aprobar la adjudicación irregular de una bóveda de almacenamiento digital que fue adquirida a un precio más alto del original. Salcido sostuvo que él no aprobó tal compra y acusó al exgobernador César Horacio Duarte de ejercer presión para que convocara al Pleno con el objetivo de que diera luz verde, además de obligarlo a recibir las obras de la Ciudad Judicial con las irregularidades y fallas arquitectónicas que presentaba, pero él –dijo-- se negó. Junto con Sepúlveda --que promovió un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito, pero el juez federal lo desechó por improcedente-- fue destituido el magistrado de la Primera Sala Penal Jorge Abraham Ramírez Alvídrez. Éste también promovió un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito. La suspensión provisional le fue negada. En entrevista con Apro, José Miguel Salcido, nombrado presidente del TSJ el 28 de febrero de 2014, recordó que su separación de ese cargo se dio en dos tiempos: “Primero, cuando Duarte me presiona para que vaya a la Secretaría de Educación, porque yo exigía que se terminara la Ciudad Judicial, respetando las calidades y condiciones pactadas que estaban siendo ignoradas por el encargado de la obra por parte del gobierno (Everardo Medina). “Y en un segundo tiempo, cuando renuncio a la licencia que me concedió el Congreso como magistrado, la que me concedió el Pleno como presidente y vuelvo al Tribunal, pero él (Duarte) ordena que un grupo de agentes ministeriales ‘tome’ el Pleno y ordena a Sepúlveda que opere para que se me desconozca el cargo”. El 9 de diciembre de 2015, Gabriel Sepúlveda fue nombrado presidente del TSJ. Salcido solicitó licencia para rendir protesta como secretario de Educación. El 5 de enero de 2016, este último dio por concluida su licencia y regresó al Poder Judicial, pero el Pleno le impidió regresar como presidente. El entrevistado dio a conocer que una de varias cuestiones que detonaron su salida de la presidencia del TSJ fue porque se negó a solicitar al Pleno recursos para el pago de la bóveda digital, “porque inicialmente se había presupuestado en 14 millones con un equipo y una capacidad adecuados para el complejo y su operación. Cuando Jorge Ramírez y Sepúlveda me presionaban para que aceptara, ya se hablaba de un equipo de menor calidad y capacidad, obviamente con un costo mucho menor”. Jorge Ramírez fue nombrado por Duarte secretario ejecutivo del Centro Estatal para la Implementación del Sistema Penal, que dependía del Poder Ejecutivo, y cuando logró hacerlo magistrado aprobaron ese cargo para él, pero en el Poder Judicial. De acuerdo con Salcido, también se negó a recibir la obra polémica de Ciudad Judicial, que generó una mayor deuda y dejó sin pago a varios proveedores. “Yo advertí al entonces gobernador que no recibiría la obra por los múltiples vicios que tenía. En la ejecución de la obra se evitaron muchas irregularidades porque las pude denunciar a tiempo. Otras sí se cometieron y son las que provocan incidentes y riesgos permanentes, tales como caída de cristales, inundaciones, problemas con elevadores, destrucción del piso, etcétera”, indicó. Sobre la bóveda, precisó que era necesaria, pero se negó a que se hiciera porque no había claridad en el proceso. Se autorizó después de su salida de la presidencia del TSJ, el 11 de diciembre de 2015. Sepúlveda asumió el cargo dos días antes. En un comunicado de prensa, este último aseguró que desde 2008 el Presupuesto de Egresos de la Federación contempló el otorgamiento y aplicación de recursos para consolidar la implementación del Sistema Penal acusatorio, y el monto se distribuyó en las entidades federativas por un concurso de proyectos presentados por distintos órganos de gobierno. Sostuvo que en la gestión de Salcido se comisionó como responsable para la elaboración del proyecto a Yamir Roberto Aguirre Flores, secretario de Sala Familiar que preside el magistrado Leo Alvarado, y fue presentado en mayo de 2015. El proyecto fue cotizado en 14 millones 246 mil 887 pesos, y se solicitó como fuente de financiamiento el 50% del recurso federal y el otro 50% de recurso estatal. “(…) omitieron incluir los presupuestos que se anexaron a la solicitud anteriormente mencionada, mismos que fueron solicitados y recibidos por el ingeniero Nahim Ponce, entonces subdirector de la Dirección de Tecnologías de Información y quien actualmente continúa desempeñando las mismas funciones. "La primera cotización fue expedida por Mexicana de Telecomunicaciones por un monto total de $14,246,887.58 (catorce millones doscientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos 58/100 M.N.), con fecha 28 de mayo del año 2015, y la segunda por parte de la empresa EZ Comunicaciones por un monto total de $14,493,092.20 (catorce millones cuatrocientos noventa y tres mil noventa y dos pesos 20/100 M.N.), con fecha 19 de mayo también del año 2015, fecha en la cual el presidente del Tribunal Superior de Justicia era el licenciado José Miguel Salcido Romero y no un servidor”, según el comunicado. Sepúlveda aseguró que esa información fue remitida durante la gestión de Salcido Romero a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, con el fin de concursar por los recursos necesarios. Su antecesor, dijo, no sometió a consideración del Pleno la autorización para etiquetar el uso de los recursos correspondientes al copago en caso de que el proyecto fuese autorizado por la Federación. Finalmente, detalló una serie de oficios donde muestra que avanzó el proceso para adquirir la bóveda de almacenamiento digital, pero el Consejo de la Judicatura señaló irregularidades cometidas una vez que se aprobó la compra en el Pleno, cuando Sepúlveda ya era presidente.