Vermont: cuando los migrantes se organizan

BURLINGTON, Vermont (apro).- Enrique Balcázar nació en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Pocas semanas antes de cumplir la mayoría de edad, llegó a Vermont, estado de la Unión Americana, para limpiar establos y ordeñar vacas, como lo habían hecho sus padres tiempo atrás.

Actualmente tiene 24 años y es uno de los miembros más visibles de Justicia Migrante, una organización que ha ganado varias batallas para mejorar las condiciones de los trabajadores extranjeros en granjas lecheras. El 90% de esta mano de obra proviene de México; el resto de otros países latinoamericanos.

De acuerdo con varios estudios, la inmensa mayoría carece de documentos migratorios, pero Balcázar precisa que Justicia Migrante no hace distinciones al respecto. “No preguntamos por el estatus de cada persona. Pensamos que todos los trabajadores tenemos derecho a condiciones dignas y a un trato sin discriminación”, cuenta en la oficina de Justicia Migrante.

A pesar de ser un organismo con apenas ocho años de vida y un discreto número de miembros, Justicia Migrante ha logrado resultados remarcables. Impulsó con éxito una campaña para que los indocumentados puedan tramitar licencias de manejo en Vermont, se alió con otros grupos para lograr la promulgación de una ley que impida que los policías locales apoyen a los agentes federales de migración y, además, acordó un programa sobre buenas condiciones laborales con una reconocida firma de helados.

No obstante, miembros de Justicia Migrante han sufrido problemas con las autoridades por sus actividades.

Vermont, famoso por sus paisajes bucólicos y su población de tendencia progresista, depende de forma considerable de la producción lechera. Se estima que 70% de sus actividades en el campo tienen que ver con este rubro, el cual genera unos 2 mil 200 millones de dólares al año. No hay estado en la Unión Americana donde la leche tenga igual o superior importancia económica.

La mayoría de los sitios de producción son granjas familiares, con pocas verificaciones sobre condiciones de salud y seguridad laboral y mano de obra predominantemente extranjera. Viviendas en mal estado, accidentes laborales, falta de días de descanso, limitado acceso a agua potable, salarios atrasados o por debajo del mínimo establecido, entre otros problemas más, deben enfrentar varios de estos trabajadores.

“Muchos dueños de granjas valoran el esfuerzo de estas personas y buscan ofrecerles buenas condiciones. Sin embargo, hay otros que se aprovechan”, afirma Balcázar.

“Aislamiento por temor”

Teresa Maes, profesora de antropología en la Universidad de Vermont, lleva años estudiando las condiciones de vida de estos trabajadores. Comenta al respecto: “Es muy complicado conseguir permisos laborales en Vermont por el tipo de producción. Por eso la mayoría de los trabajadores son indocumentados y con tareas muy duras. Además, hay que subrayar que es un estado fronterizo con Canadá. Esto genera una alta presencia de agentes migratorios, lo cual provoca que los trabajadores vivan un mayor aislamiento por temor, aparte de que se dificulta el acceso para ellos a muchos servicios”.

Justicia Migrante nació en 2009, a raíz del fallecimiento en un accidente laboral de José Obeth Santiz Cruz, un chiapaneco que contaba con apenas 20 años de edad (la mayoría de los trabajadores mexicanos provienen de zonas indígenas de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Puebla).

Brendan O’Neill, un profesor de inglés con experiencia en acción comunitaria tanto en Vermont como en Honduras, comenzó a reunirse con un grupo de trabajadores para reflexionar y actuar respecto de condiciones laborales.

Poco a poco lograron propagar su causa en diversas poblaciones. Una ventaja de Vermont es su corta extensión geográfica, en comparación con otros estados. Justicia Migrante se inspiró en la experiencia de comunidades de base, con una participación directa de los trabajadores y sin liderazgos personales.

“Nuestro objetivo es que las personas se sientan escuchadas, estén informadas y adquieran las herramientas necesarias para que puedan colaborar en la solución de problemas”, señala Balcázar.

Actualmente, Justicia Migrante realiza tres asambleas mensuales en poblaciones que se van rotando, a modo de recopilar las dificultades que enfrentan los trabajadores y preparar planes de acción. También cuenta con Teleayuda, una línea telefónica donde las personas pueden pedir apoyo.

La organización brinda para ello ayuda con traductores, material informativo y visitas a granjas como forma de mediación. El Departamento de Trabajo de Vermont reconoce a Justicia Migrante como interlocutor en distintas agendas. A su vez, sus miembros organizan torneos de futbol y fiestas comunitaria. Justicia Migrante se beneficia del trabajo de voluntarios y de aportes económicos de fundaciones enfocadas en la defensa de los derechos humanos. Sus miembros no pagan una cuota.

Cada vez se suman más personas a este organismo. Balcázar señala que no existe una membresía oficial, pero estima que entre 200 y 300 individuos participan en sus actividades. Según varios estudios, hay alrededor de mil 500 trabajadores extranjeros en la industria láctea de Vermont. El promedio de edad ronda los 25 años.

Balcázar cuenta que han hecho alianzas con otros organismos: centros religiosos, asambleas estudiantiles, colectivos antirracistas, sindicatos. Los logros de Justicia Migrante han tenido mucho que ver con el respaldo de todos estos grupos de la sociedad civil y de diversos políticos, tanto demócratas como republicanos.

Igual señala que el actual gobernador, el republicano Phillip Scott, ha estado muy atento a sus demandas. Scott ha manifestado en distintos momentos su desacuerdo con el presidente Donald Trump en temas migratorios.

“Leche con dignidad”

Justicia Migrante se ha apuntado tres victorias de consideración. La primera fue cuando en 2012 lanzó una campaña para exigir que los indocumentados residentes en Vermont pudieran tramitar licencias de manejo, como ya es posible en varios estados. Tras meses de movilización y de contactos con políticos, la disposición entró en vigor el 1 de enero de 2014.

Telma Gómez, tabasqueña como Balcázar, tiene seis años viviendo en Vermont. Carece de documentos migratorios. Su pareja trabaja ordeñando vacas. Ella también tiene experiencia en esa labor, pero ahora está al cuidado de sus dos hijas. “La licencia de manejo nos ha facilitado mucho las cosas. Podemos movernos con más facilidad para hacer compras y también si mis niñas necesitan algo”, afirma.

Después, Justicia Migrante construyó una gran coalición de organizaciones sociales para exigir una ley que frenara la colaboración de la policía de los condados con los agentes migratorios para detener personas o compartir información, con el argumento de ser una acción con carácter discriminatorio. La ley fue aprobada por los órganos legislativos y firmada por el gobernador el pasado 16 de junio.

“Los cambios han traído confianza a la comunidad. Es bueno que la gente salga del aislamiento, que busque normalizar su vida”, afirma Balcázar.

El pasado 3 de octubre, Justicia Migrante firmó un acuerdo para poner en marcha un programa con Ben & Jerry’s, una de las firmas de helados más famosas de Estados Unidos. El programa se llama “Leche con dignidad”, y prevé que la compañía se compromete a mejorar pagos y condiciones laborales para las personas que trabajan en las granjas lecheras de Vermont donde adquiere esta materia prima.

Balcázar dice que es el primer programa de esta índole en la industria láctea. Sin embargo, precisa que Justicia Migrante se inspiró en la Coalición de Trabajadores de Immokalee (Florida), organismo que logró un acuerdo similar con empresas como Walmart y Burger King respecto del tomate.

“Mucha gente nos ha apoyado en Vermont, no sólo migrantes. Mi padre trabajó aquí hace años. No me cree cuando le cuento todos estos cambios”, comenta.

Balcázar dice que algunos dueños de granjas lecheras ven de entrada con desconfianza a Justicia Migrante. Sin embargo, su postura cambia conforme se van desarrollando los contactos.

“No existe un grupo activo y bien organizado contra Justicia Migrante. Lo que se constata es una serie de actitudes individuales surgidas del desconocimiento y de un conjunto de estereotipos étnicos”, precisa la profesora Teresa Maes.

No obstante, el trabajo de este organismo ha sido presa del brazo de la administración federal. La prensa estadunidense ha informado sobre detenciones de algunos de sus miembros, como Danilo López y Víctor Díaz. Balcázar ha vivido en carne propia esta persecución. Fue arrestado el pasado 17 de marzo junto con la peruana Zully Palacios, también miembro de Justicia Migrante. Agentes federales vestidos de civil los detuvieron cerca de la oficina de la organización.

“Conocían nuestros nombres y muchos detalles más. Nos tenían monitoreados. No fue una detención por cuestiones migratorias. Nos pareció una advertencia para Justicia Migrante”, afirma Balcázar.

Estuvieron encerrados tres semanas. “Nos tuvieron incomunicados durante varios días. Al parecer, nos consideraban miembros de una organización violenta”, cuenta Palacios.

Balcázar pudo hacer una llamada segundos antes de la detención para informar a un compañero que los estaban siguiendo. Justicia Migrante se movilizó y logró la colaboración de otros grupos para denunciar su desaparición. Se organizaron marchas de protesta en varias ciudades estadunidenses y, de igual modo, diversas figuras políticas –una de ellas Bernie Sanders, senador por Vermont– enviaron cartas a las autoridades para pedir la liberación de los detenidos. Finalmente, su reclusión terminó a cambio de una fianza de 2 mil 500 dólares. Tienen cita con un juez el próximo mes de marzo, ya que enfrentan una orden de deportación.

Balcázar comenta que su detención se enmarca en el clima de miedo y amenazas promovido por el presidente Trump. Montpellier y Burlington son consideradas “ciudades santuario” para la gente sin papeles. A su vez, con la promulgación de la ley que impide que los agentes policiacos colaboren con las autoridades migratorias, el estado de Vermont busca ampliar este escudo protector. El gobierno estatal y grupos como Justicia Migrante se han pronunciado en contra de las iniciativas de Trump para recortar el financiamiento a urbes que actúen como santuario. El pasado 21 de noviembre, William Orrick, juez de la Corte Federal, bloqueó permanentemente el decreto de Trump para reducir estos fondos. Balcázar expresa simpatías por la medida, aunque dice que no hay que bajar los brazos; que es necesario estar preparados para cualquier escenario.

“Hay distintos asuntos pendientes. Logramos la ley para que la policía no colabore con las autoridades migratorias, aunque varios policías no han acatado la medida en algunas zonas. No es suficiente contar con una ley, es necesario exigir que se aplique. También queremos que nuestro programa con Ben & Jerry’s se cumpla y que lo podamos ampliar a otras compañías. La lucha es constante”, afirma Balcázar.

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