Sienta precedente el mexicano que venció al Goliat Google

Luego de numerosas negativas de parte de Google Incorporated, demandada en México por el abogado Ulrich Richter Morales por daño moral, la Suprema Corte decretó que la compañía trasnacional, cuya matriz se localiza en Estados Unidos, sí puede ser juzgada por tribunales de México, pues aquí también tiene oficinas. Este inédito fallo abre el camino para que cualquier ciudadano acuda ante un juez nacional y presente su reclamo ante una posible vulneración de los derechos fundamentales que le garantiza la Constitución, dice el promovente de la querella contra la trasnacional de servicios informativos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Tras un litigo de dos años, Google se desistió de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para enfrentar la demanda por daño moral interpuesta por el abogado mexicano Ulrich Richter Morales luego de que la trasnacional se negó a identificar a un grupo de usuarios que suplantó la personalidad de aquel en un buscador de información para denostarlo moral y profesionalmente.

Esta es la primera vez que la empresa distribuidora de información por internet está sujeta a los tribunales mexicanos, para responder en este caso a la querella interpuesta por Richter Morales.

En 2015 Google rechazó la petición del litigante, quien solicitó ante los mismos tribunales saber quiénes eran los responsables de un blog a través del cual lo difamaban. La firma arguyó que su domicilio se ubica en Estados Unidos, por lo que el juicio debería realizarse en ese país.

Al año siguiente, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal emitió una sentencia en la que sostiene que el juicio sí puede llevarse ante tribunales nacionales porque Google tiene oficinas instaladas en territorio mexicano y no sólo en el país vecino.

Ante la negativa de la trasnacional de quitar de su servidor el citado blog y someterse a la jurisdicción de tribunales mexicanos, Richter Morales acudió a la SCJN mediante un amparo. El miércoles 6, Google se desistió de presentarse ante la Corte, por lo que el recurso concedido a ­Richter por el juez décimo primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México –según el cual los tribunales mexicanos sí son competentes– quedó firme.

En entrevista, Richter Morales, autor de los libros Manual del poder ciudadano, Lo que México necesita, De la protesta a la participación ciudadana y El ciudadano, el enemigo y el Estado, habla de la trascendencia de su caso, el cual, dice, abre la ruta legal para que cualquier usuario cuyos derechos como persona hayan sido violados en Google o en otros servidores de información en internet pueda interponer su demanda en instancias mexicanas.

“En este caso –dice– se fija la competencia de un tribunal mexicano para juzgar a estas empresas tecnológicas, y el trasfondo es que en el futuro cualquier ciudadano puede acudir ante un juez nacional y presentar la reclamación ante una posible vulneración de sus derechos fundamentales, basados en el artículo primero constitucional del principio pro persona.”

Maestro en ciencias penales, Richter Morales es el primer mexicano que logra sentar a una trasnacional de la información ante jueces y tribunales del país.

Su argumento es que se violó el derecho fundamental de la dignidad humana reconocido en la Constitución. Explica que esto se deriva de la reforma constitucional de 2011 a raíz de la cual se exige a todas las autoridades hacer un control riguroso de la Constitución y velar por los derechos fundamentales.

El caso de Richter abre el camino a esta interpretación constitucional, y gracias a ella podrán ventilarse casos similares en los que concurren redes digitales y la gran revolución tecnológica.

“Imagine lo paradójico que era esto –explica–: Mucha gente que se sentía dolida, al acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos no pudo hacer nada porque Google alegó que su domicilio estaba en California. Sin embargo, meses después el mismo instituto le dio (a la empresa trasnacional) un contrato por adjudicación directa, reconociendo el domicilio que tienen en México.

“Esa fue una gran contradicción y nos habla del gran vacío para cualquier ciudadano de buscar justicia ante cualquier tribunal, pues no había jurisdicción porque la gran trasnacional de la información decía que no tenía una dirección en México.”

Desistimiento de Google

El miércoles 6 Google se desistió de presentarse ante la SCJN, hasta donde había llegado el pleito luego de que Richter se amparó ante el Juzgado Octavo de lo Civil en la Ciudad de México, que el 11 de abril de 2016 decretó la improcedencia de la intención de Google de que el conflicto con el litigante se realizara en el estado de California, Estados Unidos, donde tiene su domicilio.

El juez Manlio Castillo Colmenares declaró que era nula la improcedencia de excepción de incompetencia promovida por Google Inc., pues desde el principio de la controversia la empresa se sometió a la autoridad del juzgado referido.

Además, la empresa y su director en México, Lino Esteban Cattaruzzi, dieron un domicilio reconocido en la Ciudad de México, “por lo que la designación de los tribunales queda a la decisión de la parte actora”, señala la sentencia.

Igualmente, el juez determinó la realización del juicio en suelo mexicano porque “el acto causante del daño se originó y tiene sus efectos en México”.

El antecedente

En 2015 Richter Morales demandó a Google por negarse a proporcionar datos de un grupo de usuarios que suplantaron su personalidad a través de un blog como parte de una campaña con el propósito de denostar su calidad moral y profesional.

El problema se inició cuando el abogado tomó el caso de María Fernanda Fosado Bracho, quien demandó a su expareja Juan Manuel Rubalcava –hermano del exdelegado de Cuajimalpa Adrián Rubalcava– por la custodia de la hija que procrearon.

En ese escándalo quedó involucrada una empresa dedicada a realizar campañas sucias en las redes sociales contra políticos, académicos y medios de comunicación. Richter Morales comenzó a ser sujeto de acusaciones falsas de lavado de dinero en un blog falsificado que opera bajo el servidor de Google.

El abogado presentó entonces una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el 14 de agosto de 2014; en ésta pidió a Google que le informara quiénes están usando su servicio en la red para emitir mensajes en los que se le relaciona con el lavado de dinero, así como del citado blog.

La trasnacional no atendió las solicitudes de la procuraduría y en el servicio de Google siguieron apareciendo los mensajes de Twitter y el blog “pirata” donde falsamente se dice que el litigante es investigado por la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, mientras que en un boletín apócrifo con el logotipo de la Procuraduría General de la República (PGR) se relaciona a su clienta, Fernanda Fosado, con un asesinato.

En la ampliación de su denuncia, fechada el 15 de enero de 2015 en la averiguación previa FAO/AO-4/T-1/1509/14-09, Richter expuso los perfiles de los 35 usuarios responsables de los twitters en su contra, quienes resultaron ser empleados de la delegación Cuajimalpa cuando Adrián Rubalcava estuvo al frente de la demarcación.

Posteriormente, envió una carta a Lino Cattaruzzi, director de Google México, para comunicarle esas irregularidades y pedirle información de los usuarios. El directivo no respondió.

Sin embargo, el juez octavo de lo Civil determinó que Google deberá sujetarse a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México.

“Ahora ya podemos tener la garantía de acceder a la justicia ante los tribunales mexicanos, lo cual no existía porque (los de Google) iban con el cuento de que no tenían oficinas en México.

“Hoy ya sabemos por dónde caminar: con lo que dice la Constitución. Llegó el momento de plantear un asunto novedoso al amparo del principio pro persona, que reconoce la primacidad de los derechos de la persona por sobre este alegato del domicilio”, explica Richter.

Señala que en tiempos electorales mucha gente se siente afectada por blogs en los que se difunden informaciones falsas que dañan su imagen y la de su familia y la carrera política de los contendientes. Pero ahora ya se sabe que, con base en la ley, se puede pedir a las empresas tecnológicas que controlen información falsa que se sube a blogs impostados con la finalidad de cobrar publicidad y tener ganancias, sin importar los derechos fundamentales de las personas.

“Google ahora se convierte en un sujeto de justicia en México. Antes era como tratar de agarrar el aire; hoy no, ya es tangible”, señala Richter Morales, y advierte que la trasnacional cambió su razón social de servicios de Google Inc., a Google LLC como una nueva estrategia para impedir que le lleguen más demandas.

Este reportaje se publicó el 10 de diciembre de 2017 en la edición 2145 de la revista Proceso.

Acerca del autor

José Gil Olmos, reportero desde 1998. Colaboró en el periódico El Nacional y en el diario La Jornada. Desde el 2001 es reportero de la revista Proceso. Es autor de Los Brujos del Poder, La Santa Muerte la virgen de los olvidados, Los reporteros mexicanos en la guerra de Chiapas y Batallas de Michoacán.

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