CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, presumió hoy que México es el primer país de América Latina en sancionar a una empresa filial del consorcio brasileño Odebrecht, aunque omitió mencionar que también es el único país en el que ningún alto funcionario ha sido castigado hasta ahora por la red de corrupción que tejió el corporativo desde que el ahora presidente, Enrique Peña Nieto, estaba en campaña, como poco a poco se ha ido documentando. En una reunión con reporteros que cubren sus actividades, la funcionaria refirió que el pasado 8 de diciembre la dependencia a su cargo concluyó los primeros dos procedimientos administrativos que había iniciado --tres más se encuentran detenidos porque un juez concedió una suspensión definitiva y tres más están aún en proceso-- que derivó en una circular dirigida a todas las dependencias de la administración pública proscribiendo cualquier contrato con la empresa Constructora Norberto Odebrecht. En principio, los resultados de los cinco procedimientos administrativos aún pendientes serían acumulables a la sanción aplicada en los que ya fueron concluidos la semana pasada. Además, recordó que en días pasados también se impuso una multa de 119 millones de pesos a un funcionario de Petróleos Mexicanos ligado a la operación de los contratos a Odebrecht en refinerías ubicados en Hidalgo. En su mensaje a la prensa con motivo de las fiestas decembrinas, Gómez señaló que se están adoptando las previsiones necesarias para que el proceso de entrega recepción de la administración pública federal sea ordenado. Asimismo, anunció que el próximo 9 de enero se presentará formalmente el nuevo diseño del sistema de contrataciones públicas denominado Compranet, el cual se hizo con la participación del sector empresarial y organizaciones civiles vinculadas a transparencia, así como con la asesoría de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En ningún momento la exprocuradora General de la República hizo mención de que, a diferencia de lo que sucede en otros países de Latinoamérica donde altos funcionarios y exfuncionarios han sido arrestados por la supuesta recepción de sobornos de Odebrecht, en México no se ha llevado al banquillo de los acusados a ningún servidor o exservidor público, a pesar de que investigaciones periodísticas, con videos y testimoniales ministeriales, dan cuenta de que la firma brasileña dio dinero a cambio de millonarios contratos. El caso más documentado hasta ahora –y que se encuentra bajo investigación--, es el que lleva directamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.