CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Al reiterar que analiza la promoción de una acción de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Seguridad Interior –recién aprobada en el Congreso-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Ejecutivo federal para que formule observaciones sobre el proyecto. El llamado al presidente Enrique Peña Nieto fue fundamentado por la CNDH con base en la atribución que le confieren los incisos a) y c) del artículo 72 Constitucional. En un comunicado difundido este sábado, un día después que la Ley fue avalada por ambas Cámaras, la Comisión sostuvo que la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país debe emprenderse bajo un enfoque integral, partiendo de una lógica preventiva, más que reactiva. “(Un enfoque que) se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos, todo lo cual pasa, necesariamente, por la revisión y fortalecimiento de nuestras policías y autoridades civiles”, indicó el organismo. Aunque aclaró que respeta la aprobación de dicha Ley, reiteró su preocupación por el contenido de la misma en el sentido que contravenga o propicie la vulneración de los derechos humanos. En el texto, el organismo que encabeza Luis Raúl González Pérez puso énfasis en la deliberación legislativa –Cámara de Diputados y Senadores-, espacio que consideró se desaprovechó para un verdadero ejercicio de reflexión y construcción dialéctico, para escuchar planteamientos y debates plurales e informados. “Con posturas y conocimientos sobre el tema, tal y como lo solicitaron expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos protectores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales”, señaló. Al referirse a la reforma constitucional de 2011 como un logro histórico, la CNDH subrayó que la ley recién aprobada no está acorde al sentido y contenido de la citada, además de que a su juicio genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las personas. Afecta también el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y poderes, así como posibilita que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana, señaló la Comisión.