SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- Exintegrantes del ayuntamiento de Santo Domingo 2009-2012, incluyendo al alcalde de ese periodo Flavio Reynaldo Tenorio, cumplieron con una prueba pericial en grafoscopía en la Procuraduría local para determinar la falsificación de sus firmas en un acta apócrifa utilizada para conseguir el permiso de uso de suelo para el mega depósito de residuos tóxicos en el rancho Palula, en el Altiplano potosino. Esta prueba forma parte del desahogo de indagatorias por la denuncia penal que desde hace más de un año presentaron los exintegrantes del ayuntamiento, quienes rechazaron haber firmado el acta presentada para obtener el permiso municipal de uso de suelo por los representantes legales de la empresa Citsu, de la que es socio mayoritario el empresario minero José Cerrillo Chowell. La instalación del depósito de residuos tóxicos permanece paralizada gracias a la suspensión otorgada por los juzgados II y IV de distrito, en respuesta a juicios de amparo interpuestos por los abogados que asesoran al Comité por la Defensa de la Vida, fundado por ejidatarios y habitantes de Santo Domingo. Sin embargo, los procesos judiciales no han concluido. De forma paralela a los amparos presentados por el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, académicos del Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis y abogados de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis, los exfuncionarios de Santo Domingo acudieron en junio de 2016 a la Procuraduría de Justicia para denunciar que sus firmas fueron falsificadas en una presunta acta en la que se habría autorizado la instalación del tiradero tóxico. El acta de cabildo 60/2012, con fecha del 3 de septiembre de 2012, supuestamente asentó la autorización que sirvió a la empresa Citsu para tramitar las autorizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Pero un cotejo del libro de actas del cabildo solicitado por el Ministerio Público y una perito de la Procuraduría de Justicia reveló que el acta 60/2012 inscrita en el registro, corresponde a una sesión del 31 de agosto, en la que se discutieron finiquitos para empleados de esa administración, pagos de aguinaldos y primas, por ser la última sesión de ese trienio. El investigador del Programa Agua y Sociedad del Colsan, Daniel Jacobo Marín, dijo a Apro vía telefónica que el resultado de este cotejo modificaría la línea de investigación de la Procuraduría, pues no sólo se trata de la falsificación de las firmas del exalcalde, el síndico y regidores, sino de la utilización de un documento público falso. “El actual secretario del ayuntamiento tuvo que exhibir el libro de actas al Ministerio Público en Santo Domingo, allí está el acta que corresponde a otro día y otros asuntos. No aparece la supuesta acta en la que se otorgó el permiso para la empresa, por lo tanto, si esa acta no existe, el permiso tampoco existe”. Daniel Jacobo Marín señaló que tuvo que pasar más de un año para la realización de esta prueba pericial en la que se tomaron muestras de firma y escritura a los exintegrantes del cabildo. “Ahora la perito tendrá que decir que el acta no existe y, el permiso derivado de ella, tampoco. La investigación va hacia un documento falso”. También recordó que, en un video que utilizaban los representantes de Citsu en el 2015 para promover el depósito de desechos tóxicos en Palula, se afirmó que éste contaba con todos los permisos municipales y federales, e incluso se afirmaba que el permiso había sido cotejado por el notario público 11 de la capital. “La empresa puede tener el permiso de Semarnat, pero si no tiene el permiso municipal, no podrá operar”, subrayó el investigador del Colsan. Encima de todo, en otras pruebas periciales efectuadas dentro del juicio de amparo en el Juzgado IV de Distrito en San Luis, un perito de la PGR corroboró otro cuestionamiento sostenido por los abogados sobre la ubicación del predio de 600 hectáreas en el que se pretende instalar el tiradero tóxico, mismo que no estaría dentro del territorio potosino, sino en Zacatecas. “Un perito de la PGR, para posicionar el polígono, entregó el dictamen pericial en el que dice que el polígono está en Mazapil. No sabemos si inicialmente quisieron pedir el permiso allá y se los negaron. Aprovechando la confusión, se quiere cambiar el asentamiento para registrarlo en Santo Domingo. Pero este peritaje dice lo contrario”, puntualizó Jacobo Marín.