CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde las 10:30 de la mañana de este lunes, un grupo de madres de personas desaparecidas en diversos estados del país bloqueó el Eje 6 Sur en la esquina de Pestalozzi, donde se ubica la oficina de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en protesta porque no las atienden ni ayudan a encontrar a sus hijos o familiares que buscan desde hace una década. Un contingente desplegó mantas frente a la entrada de la dependencia con la leyenda “Ya llegamos y no nos moveremos”. [video width="1280" height="720" mp4="https://cdn.proceso.com.mx/media/2017/12/VID_20171218_114415.mp4"][/video] Las manifestantes exigieron hablar con el comisionado Jaime Rochín del Rincón y manifestar ante él su protesta porque les cerró las puertas de la CEAV, se ha negado a atenderlas y, por si fuera poco, las ha revictimizado. Al desplegar la primera manta sobre el Eje 6, las manifestantes se enfrentaron al reclamo de los automovilistas que bajaron de sus coches y les exigieron liberar las calles para llegar a sus centros de trabajo. -Nosotros tenemos que ir a trabajar pa’ (sic) comer. De verdad, si este país funcionara con manifestaciones, te juro que me pararía acá. ¡No funciona!, les gritó desesperada una joven al señalar el lado donde se encontraban las madres. -Señora Margarita, ya los van a recibir, dijo un empelado de la CEAV a Margarita López Pérez, una de las representantes, madre de Yajaira Guadalupe Baena López, desaparecida el 13 de abril de 2011, en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. -Queremos que baje Rochín, respondieron las madres que la acompañaban. -Ustedes también exijan, pidió Teresa Vera Alvarado, una de las madres demandantes, a los automovilistas inconformes. -Nosotros tenemos que ir a trabajar, insistió la misma joven. -Nosotros no tenemos la culpa, la secundó un joven que vestía suéter amarillo. -Nosotros tampoco tenemos la culpa y se llevaron a nuestros hijos. Ustedes como ciudadanos no han hecho nada para ayudarnos, recriminó Teresa. -Revisen la historia. Esto no funciona en este país, dijo varias veces la joven automovilista, ya bastante desesperada. -¿Cómo ciudadana nos has ayudado?, le preguntó la madre. -¿Claro!, respondió la joven. -¿Cómo?, le espetó Teresa, quien apenas asomaba la cara sobre la manta que sostenía junto con otras compañeras. La joven ya no respondió. Evasiva, volteó hacia el tráfico detenido detrás de ella y dijo: “Ustedes no están ayudando bloqueando a miles de ciudadanos… Revisen la historia, van a encontrar que bloqueando las calles no van a lograr nada”. El mismo joven de suéter amarillo intervino con la conductora: “Mejor no discutas. Tranquilízate. Agarra un libro y léelo”, le sugirió al hacerle la seña de que subiera a su camioneta. Para entonces, los automóviles ya circulaban en reversa para salir del bloqueo. “¡No somos víctimas de tercera!” Entre peticiones que recibía del personal de la CEAV para que las manifestantes liberaran las calles las oficinas, Margarita López dijo en entrevista con apro: “Estamos aquí porque todas las personas que están en CEAV, a pesar de que nosotros las pusimos a través de la Ley General de Víctimas, no han hecho absolutamente nada. Les han asignado cerca de un millón de pesos y no pueden darles a las víctimas pasaje para un autobús. Les hacen firmar documentos en blanco de los cuales nosotros no sabemos a dónde van a parar ni qué hacen con ellos”. Según su versión, las autoridades se niegan a darles apoyo médico y psicológico: “Llegamos y nos cierran la puerta de la Comisión. Hoy por primera vez la abrieron. Ya tienen otro edificio aledaño a donde mandan a las víctimas como si fuéramos víctimas de tercera, cuando todos los ciudadanos somos víctimas de primera”. López Pérez siguió su denuncia: “Tenemos que seguir buscando nosotros a nuestros hijos. No nos dan asesoría jurídica, nos cambian los formatos. Cuando ya las víctimas llenaron un formato tal como ellos lo pidieron, nuevamente vuelven a deshacerlos y nos ponen otras clausulas. No están haciendo absolutamente nada”. El enojo de la vocera de las manifestantes creció al decir que el personal de la CEAV y el mismo Jaime Rochín “ya se van de vacaciones y a las víctimas no les han dado ningún apoyo económico para que se puedan poner a trabajar”. Puso como ejemplo el caso de un profesor quien, desde hace un año solicitó un aparato auditivo y no se lo han dado. Y es que, dijo que a pesar de que la Comisión cuenta con el presupuesto, ésta dice que no lo han recibido. Por ejemplos no paró. “Llegó la licenciada Carla Quintana, quien es la que tiene que revisar con lupa si de verdad tenemos derecho a que nos atiendan o a que nos den los apoyos económicos, cuando hay gente de bajos recursos económicos que no tienen siquiera para comer. A algunos les están dando apoyo de dos mil 300 pesos al mes de gastos económicos, pero lo dan solo a la gente que ellos tienen seleccionada, como a las víctimas de Iguala (los integrantes del equipo de Los Avispones), por los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014”. A parte de ellos, aseguró, “a nadie del país le han dado los apoyos. Nos han hecho que abramos cuentas bancarias, hay gente que va y abre una cuenta con 100 pesos o 50, pero hacen que vuelvan a abrir cada dos tres meses porque dicen que no funcionan. Ya estamos hasta la madre de estar esperando, de que estén sentados y no hagan nada”. Desesperada, continuó su queja: “Cada vez que venimos toman nota de todo y nos vuelven a mandar a nuestras casas. Pasan los meses, regresamos y sucede lo mismo. Hemos estado infinidad de veces, la gente se queda a dormir en la calle, afuera de la CEAV esperando que los atiendan”. Según dijo, en otra oficina “tienen a la gente sin comer. Aquí hay gente que viene de Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Tepalcatepec y Lázaro Cárdenas, Michoacán; de todo el país que vienen por sus propios medios, pidiendo prestado. Y nada”. Usan su dolor Según la denuncia de Margarita López, vocera de madres de personas desaparecidas, en la CEAV les informan que deben estar inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), pero para hacerlo, tienen que llevar una denuncia presentada ante autoridades ministeriales. Pero “no toman en cuenta que la gente tiene miedo de denunciar en sus estados. Por ello vienen a la Ciudad de México a denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR) donde, sin explicación alguna, se niegan a levantar la denuncia aún y cuando se presenten por escrito”, explicó. En otra de las lonas desplegadas durante la manifestación, las personas inconformes acusaron omisión de las autoridades: “Han utilizado nuestro dolor. Han querido ponerle precio. Han simulado. Han hecho oídos sordos. Y aquí estamos en grupo cada vez más grande exigiendo la búsqueda y localización de nuestros desaparecidos”. En otra más, cuestionaron: “Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, ¿de qué sirve tu apoyo incondicional y el de tu equipo de trabajo si tu parte operativo se niega a trabajar en investigaciones y en la División Científica?”. Y es que, aseguraron que los asesores jurídicos de la CEAV “no hacen nada. Es raro el asesor que realiza una promoción y la presenta”. Respecto a las denuncias de desaparición de sus familiares, las manifestantes explicaron que la mayoría ya la interpuso y quienes faltan “es porque no se las quieren recibir; aunque lo único que los padres quieren es que les tomen las muestras de ADN y les entreguen los cuerpos de sus hijos”. Detallaron que su demanda es que las autoridades hagan las “confrontas” de dichas muestras con las de “todos los cuerpos que nosotros mismos hemos recuperado”. Y es que, según Teresa López, ella ha logrado recuperar “cientos de cuerpos” en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, pero la autoridad aún no les hace las pruebas de ADN y, por ende, tampoco la confronta. En el caso de los estados es peor, pues de acuerdo con las denunciantes, “las muestras de ADN se van a la basura, porque en los estados no tienen reactivos para hacer las tomas de muestra”. Y, por si fuera poco, lamentaron que cuando un cuerpo llega al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México, se queda ahí entre 10 y 15 días y si no es reconocido, es donado a las universidades: “Es un crimen de Lesa Humanidad porque las universidades después de ocho meses creman los restos. ¿Cómo vamos a saber si entre estos cuerpos están los miles de hijos de las caritas de madres que ve aquí y de los miles que no vienen?”, concluyó Teresa López. Poco a poco, mientras se resistían a levantar el bloqueo, las madres de personas desparecidas vieron que las calles de Eje 6, Pestalozzi y Heriberto Frías se llenaban de policías antimotines.