Exigen reinstalación de trabajadores despedidos de la Universidad de Colima

lunes, 18 de diciembre de 2017 · 20:52
COLIMA, Col. (apro).- La Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior, la Investigación y la Cultura (CNSUESIC) y la Nueva Central de Trabajadores (NCT) exigieron la reinstalación de siete académicos despedidos de la Universidad de Colima (Ucol), después de haber participado en un movimiento por la transparencia en el manejo del fondo de pensiones. Durante su participación en el “Foro de Solidaridad con Despedidos de la Ucol” realizado en esta ciudad, representantes de esas organizaciones expresaron su respaldo a los afectados por los hechos de “flagrante violación a los derechos laborales y humanos” que “tienen su origen en la lucha” que han realizado en defensa de los agremiados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC). Los demandantes dijeron que, a la luz de la “quiebra financiera” de varias instituciones de educación superior del país, el despido de los académicos adquiere una mayor relevancia, pues éstos lucharon por el cumplimiento de las leyes y la sujeción al reglamento del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap) para garantizar la suficiencia de los recursos necesarios para el retiro de los trabajadores universitarios colimenses. Previamente a su despido, los académicos participaron activamente en gestiones, movilizaciones y reclamos en torno al Fosap, incluida una huelga de hambre. En respuesta, el entonces secretario general del SUTUC, Leonardo Gutiérrez Chávez, fue destituido de su puesto “de manera ilegal”. Después de la huelga de hambre de 2014, de manera escalonada fueron despedidos los profesores e investigadores Pedro Vidrio Pulido, José Jesús Lara Chávez, Hugo Marcelino Coronado Carreón, Teresa Hernández Ortiz, Yanalum Cerda Guzmán, Sergio Elenes Cepeda y Leonardo Gutiérrez Chávez, quienes mantienen demandada laboralmente a la Ucol por despido injustificado. En el foro, realizado en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas en esta ciudad, Yanalum Cerda, Pedro Vidrio y José Jesús Lara narraron situaciones de hostigamiento, presiones, amenazas e intentos de cooptación que sufrieron de parte de autoridades universitarias para que abandonaran la lucha, así como los mecanismos utilizados para su despido, desde la suspensión de la programación de sus clases hasta el cambio de chapa de sus cubículos o laboratorios. Además, denunciaron el “tortuguismo” con el que se ha conducido la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en el trámite de sus demandas, situación que atribuyeron a la “colusión” existente entre las autoridades universitarias y el gobierno estatal. En su intervención, Adolfo Salazar García y Jorge Ulises Uribe Gaona, representantes de la Nueva Central de Trabajadores, manifestaron su solidaridad con los despedidos y expusieron que el respaldo ha existido desde que realizaron la huelga de hambre. Dijeron que les llama la atención que en la Ucol se persiga a profesores e investigadores universitarios sobresalientes, a la vez que consideraron que en el fondo de este asunto se encuentra el mal manejo de los recursos en la institución. Por su parte, el exsecretario general del SUTUC, Leonardo Gutiérrez Chávez, dijo que su despido, después de haber completado más de 30 años de servicio, estuvo precedido de un clima de “marcaje personal” de parte del personal de seguridad en el plantel al que fue asignado tras su remoción de la dirigencia del Sindicato. La molestia de las autoridades universitarias, estimó, se debió a que ha destapado los manejos financieros, tanto del Fosap como del presupuesto universitario, a través de solicitudes de información pública y juicios ante el Infocol y el INAI para obtener informes mediante los cuales “se documenta la corrupción” existente en la Ucol. De acuerdo con Gutiérrez Chávez, el proyecto de la Ucol no es académico, sino político y financiero y mencionó que a pesar de no haber aparecido entre las universidades participantes en la “estafa maestra”, la institución colimense también firmó un contrato multimillonario con el ISSSTE, a pesar de que la institución educativa no contaba con el perfil ni el personal idóneo para realizar el trabajo encomendado.

Comentarios