“Más fuerza genera más muertes”: Miguel Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al recibir el viernes 8 el Premio Nacional de Derechos Humanos por su trayectoria de 40 años como promotor del diálogo para resolver los conflictos sociales, el presidente de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), Miguel Álvarez Gándara, aprovechó la ceremonia encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos para expresar su opinión, compartida con organizaciones civiles y académicas, sobre la LSI:

“Se piensa que más fuerza es igual a más seguridad, pero la realidad demuestra lo contrario. Más fuerza termina generando más muertes… La Ley de Seguridad Interior no debe responder a la lógica de la coyuntura para continuar con la actual estrategia de seguridad: lo que hace falta es cambiar esa lógica y estrategia”, puntualizó.

La voz de Álvarez Gándara se sumó a la del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, que minutos antes se había declarado en contra de la legislación y a favor de un debate nacional.

Al insistir en que la LSI “representa la reafirmación de una estrategia de seguridad que no funciona”, el galardonado alentó al gobierno federal, a las Fuerzas Armadas y al Senado a que “profundicen el diálogo y la escucha por el bien del país”, en tanto que pidió a la CNDH que impugne ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “en el deplorable caso de que esa ley sea promulgada”.

En respuesta a los discursos del galardonado y del ombudsman, Peña Nieto hizo “un llamado al propio Senado de la República para que amplíe los espacios de diálogo, de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil para poder escuchar todas las voces y poder realmente enriquecer lo que eventualmente esté resolviendo en alcance a esa iniciativa presentada”.

La convocatoria presidencial sólo prolongó un proceso que ya estaba definido, a pesar de las expresiones de alarma de organismos internacionales por los términos de la LSI, que da carta blanca a las Fuerzas Armadas para subordinar a los poderes civiles, contra lo establecido en los tratados de derechos humanos firmados por México.

A las manifestaciones de repudio de la sociedad civil, organizadas desde los primeros meses de este año en el colectivo #SeguridadSinGuerra, se sumaron cartas de relatores y de mecanismos de supervisión de la ONU, que dieron seguimiento al mensaje que el martes 5 envió al Senado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

El funcionario de la ONU advirtió que el despliegue militar por la “guerra contra las drogas” no ha disminuido la violencia, mientras que “agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones a derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.

El miércoles 13, la CNDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) insistieron en su llamado al Senado por abrir el debate. De inmediato se les sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Posteriormente los 32 ombudsperson del país, a través de una carta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), expresaron “tajantemente” su rechazo al proyecto de LSI y convocaron a incorporar a la discusión “visiones de la sociedad civil, la academia, los organismos defensores de derechos humanos, los organismos internacionales, los gobiernos de las entidades federativas y todos aquellos interesados en el tema”.

También interpelaron al Senado la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Guadalajara, cuyos rectores (respectivamente Enrique Graue, David Fernández y Tonatiuh Bravo) pidieron a los legisladores abrir un espacio de “diálogo nacional, amplio e incluyente que dé voz a las víctimas de la violencia y privilegie los argumentos basados en la evidencia, el conocimiento científico y las lecciones aprendidas en el ámbito nacional e internacional”.

A unas horas de que el Senado votara la LSI, de forma inédita siete mecanismos de supervisión de derechos humanos de la ONU se pronunciaron en contra de la legislación, mediante una misiva enviada desde Ginebra.

La firman expertos de los grupos de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y sobre la Detención Arbitraria, o que presiden las relatorías especiales sobre el Derecho a la Privacidad (Joe Cannataci), sobre la Situación de Defensores de los Derechos Humanos (Michel Forst), sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias (Agnes Callamard), sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición (Pablo de Greiff) y sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión (David Kaye).

“El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos de control y rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”, dice la carta.

El viernes 15, ya aprobada la LSI, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Elizabeth Throssell, lamentó la decisión y reiteró que “lo más importante es enfocarse realmente en fortalecer las capacidades de la policía y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”.

El avance de la violencia

Álvarez Gándara lamenta que, pese a la supuesta disposición y el llamado de Peña Nieto, en el Senado prevaleciera la “cerrazón” para atender las observaciones de las instancias de derechos humanos mexicanas e internacionales.

“Honestamente abaratamos mucho si decimos que sólo fue un engaño. Yo diría: este es el tamaño del régimen político que tenemos todavía en México, esta es su realidad, estos son sus límites. La oferta de diálogo se ‘cumplió’ con esta oportunidad de dos días de reu­niones y con estos pequeños cambios a la ley”, dice.

En el proceso legislativo, añade, “no llegó a más la voluntad y capacidad de diálogo para entender que lo que queríamos no eran cambios a esta ley, sino que no hubiera esta ley, y que pusiéramos la discusión en otro terreno, más de fondo: en el concepto y la estrategia de seguridad, que debe estar enmarcada en un concepto y estrategia de paz con democracia y derechos humanos”.

Ante el fracaso de los actores políticos en la conducción del país, Álvarez Gándara alerta del riesgo de que las Fuerzas Armadas pretendan realizar esa tarea, además de que “esta ley las faculta no sólo para irrumpir en el marco de la criminalidad, sino de la movilidad, la movilización y la lucha social”.

Por lo tanto, enfatiza, abrir el debate sobre esa ley es “no sólo un tema relacionado con la seguridad, sino una dimensión relacionada con la gobernabilidad y la conducción política y democrática”.

El defensor señala que después del gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando el Ejército tuvo restricciones, el poder castrense “ha ido regresando a las tareas de gobierno” y se convirtió en un “factor que se ha hecho necesario para nuestra seguridad, lo que le ha permitido impulsar esta ley hecha a su modo”.

Con la aprobación de la LSI en pleno proceso electoral federal, Álvarez Gándara visualiza tres escenarios de país, “que no son excluyentes”:

En el primero, el régimen actual se mantendría inamovible utilizando el sistema electoral y de partidos, “a pesar de los conflictos, las oposiciones, las movilizaciones y las diferencias”.

En el segundo, dice, podría surgir “una propuesta que articule un proceso de transformación pacífica”, ya sea en el proceso electoral “o no necesariamente en las elecciones”.

La otra posibilidad es que se imponga la fuerza militar:

“Si sigue sonando esta debilidad de liderazgos y sin iniciativas a este empate de minorías sin peso, temo que el escenario de la fuerza también está avanzando. No sólo por el creciente papel de las Fuerzas Armadas, sino por la criminalidad, no sólo como un actor fáctico, sino ahora metida estructuralmente en instancias de Estado, además de que aprendió a meterse en el tejido social. El problema es que la LSI es el alimento de este escenario.”

Este texto se publicó el 17 de diciembre de 2017 en la edición 214 de la revista Proceso.

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