Los militares también pierden

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Detrás del debate en torno a la impuesta Ley de Seguridad Nacional quedó pendiente por definir qué es lo que realmente se quiere de los militares en México.

Lo que se pasó en el Congreso no fue más que una doble legitimación: la de la actuación de facto de los militares en tareas de seguridad pública y la omisión de las autoridades civiles en garantizar la integridad de las personas y la posesión de sus bienes. Esa histórica negligencia fue el principal incentivo para la delincuencia organizada.

En esta relación, durante ya dos décadas, la clase política ha utilizado a su conveniencia a las Fuerzas Armadas y éstas se han dejado usar en una ganancia para las dos partes: las autoridades civiles se deslindan de su razón de ser y los militares obtienen más presupuestos y ganan espacios políticos.

La sociedad es la que pierde porque la experiencia del combate frontal a la delincuencia por parte de los militares, desde el sexenio pasado, ha demostrado que ni obtiene seguridad de largo plazo y, en cambio, se fortalece un estamento que nunca ha estado sujeto a un verdadero control civil.

En la represión del movimiento estudiantil de 1968, que va a cumplir medio siglo en octubre, el Ejército fue el que más perdió, fuera de las centenas de muertos y heridos que quedaron en medio de un fuego entre soldados y elementos del Estado Mayor Presidencial, en la plaza de Tlatelolco.

El poder político de entonces, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, se valieron de la fuerza militar para acabar con el movimiento democratizador estudiantil.

El desprestigio social para el Ejército, incluso en ese régimen autoritario, obligó a los militares a replegarse a sus cuarteles. Para la represión al movimiento estudiantil de 1971, los mandos castrenses decidieron valerse de civiles y entrenarlos. Ese fue el origen y concepción de Los Halcones, un grupo paramilitar al servicio del régimen.

La Brigada Blanca fue otra formación paramilitar con participación activa del Ejército para acabar con la guerrilla en el país en los años sesenta y setenta. Ello trajo, de nueva cuenta, profundo desprestigio hacia los militares en algunos sectores sociales.

Los militares sólo duraron algo más de dos décadas en sus cuarteles. Salieron de nueva cuenta, pero ahora en papel de policías. Y otra vez, con un costo social por las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido, ahora con la participación de la Marina.

La clase política se esconde detrás de los militares y éstos exigen cada vez más. La Ley de Seguridad Interior es eso: una exigencia de los militares para estar protegidos y justificar lo que han hecho y lo que pueden hacer.

Pero hablar de las Fuerzas Armadas como ganadoras con esta ley es generalizar. Quienes en verdad ganan son la clase política y los altos mandos del Ejército y la Marina, quienes de por sí ya estaban a salvo de cualquier acusación de violaciones a los derechos humanos.

Los que pierden y seguirán perdiendo son la tropa y los mandos desafectos. Ambos acaban sacrificados por sus propios jefes cuando necesitan dar un escarmiento y demostrar que también castigan los abusos, reales o inventados.

La Ley de Seguridad Interior garantiza que eso siga pasando al gusto de los altos mandos y lejos, muy lejos de la transparencia y la rendición de cuentas. Lo que es normal en un régimen falto de democracia en el que los poderes civiles ceden ante los jefes militares.

Comentarios: @jorgecarrascoa

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