CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cinco empresas, cuya razón social se desconoce, operarán cerca de 50% de los 55 verificentros que entrarán en funcionamiento el próximo año y que sustituirán a los 74 que tienen permiso hasta finales de 2017. Así lo denunció la Asociación Ecológica de Verificación, luego de manifestar su rechazo al retiro de las concesiones de los verificentros que podrán operar hasta el 31 de diciembre de este año. También repudió el emplazamiento –hasta junio de 2018– de la verificación obligatoria que anunció la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad (Sedema), Tania Müller. En rueda de prensa, Gustavo Torres Anzures, líder de la asociación civil que agrupa a 50 de los 74 establecimientos, consideró que existe “negocio” detrás de este procedimiento de selección, pues no había razón para la revocación de los permisos que se anunció desde principios de año. Y es que, explicó que los 74 verificentros fueron equipados con tecnología OBDII y el software necesario que se impuso con la Nueva Norma de Verificación Vehicular del 2016 y porque ninguno de los aún actuales operadores fue invitado a concursar por los nuevos permisos. “Pasaron por encima de los derechos de los dueños. No se nos tomó en cuenta, no se nos invitó a pesar de que año tras año estamos actualizando nuestros equipos, es mentira que sean obsoletos”, aseguró. Torres Anzures detalló que las 23 empresas aprobadas para verificar son: Verificaciones Centenario (cuatro); Excelencia Refaccionaria Ave Fénix (cuatro); Control Atmosférico de México (seis); Ciudad Maxiplus (cinco); y Power Cars Mundo (tres). Los inconformes criticaron también la supuesta falta de experiencia en materia de calidad ambiental de dichas empresas, al subrayar que gran parte son talleres mecánicos o estacionamientos. El vocero de los empresarios verificadores agregó que la decisión de aplazar hasta junio de 2018 la medida obligatoria a los dos millones 400 mil autos que circulan por las calles de la capital –presuntamente porque los 55 nuevos establecimientos aún no terminan su instalación para operar– no es “entendible”, pues bien se pudo haber renovado el servicio de operación por seis meses más de los actuales verificentros. Esa, dijo, es una medida “electorera” que deja de lado la salud de los capitalinos, pues la suspensión se dará paradójicamente en el periodo en que más contingencias ambientales se registran en la capital. “El gobierno de hoy no se preocupa de la salud de los habitantes. Hoy suspenden la verificación y no les importa la salud, la suspenden en un periodo donde se dan mayores contingencias ambientales. Esto que está haciendo el gobierno de la ciudad pareciera que son más actos electorales, en vez de cuidar el medio ambiente. Responsabilizamos al gobierno de la ciudad por el daño a la salud y ambiental que ocasione”, advirtió. Gustavo Soto y Miguel Ángel Sánchez, representantes legales de la Asociación Ecológica de Verificación, indicaron que darán batalla legal contra la decisión de gobierno que dejará a dos mil 500 familias sin empleo. Adelantaron que demandarán la indemnización de las familias –pues para la instalación actual de los verificentros invirtieron de 15 a 20 millones de pesos–, así como la devolución de los 100 mil pesos que pagaron para participar en la convocatoria. Incluso, adelantaron que ya existen las primeras demandas de amparo, cuatro de ellas con resoluciones favorables, así como una demanda de nulidad de la convocatoria. Además, no descartaron realizar una serie de manifestaciones en las calles de la capital. “Solicitamos al gobierno de la ciudad dé marcha atrás a esta suspensión del programa y solicitamos la renovación de nuestras autorizaciones. Nosotros cumplimos con todos los requisitos que marca la ley y no hay justificación del gobierno para suspender el servicio de nuestras empresas”, afirmaron.