Ley de seguridad y estado de excepción

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En sentido estricto, el estado de excepción, dice Giorgio Agamben, “es la respuesta inmediata del poder del Estado a los conflictos internos más extremos”. Desde que al inicio de su mandato Felipe Calderón sacó al ejército a las calles y, definiendo al narcotráfico como un asunto de seguridad nacional, decretó la guerra contra él, instauró esa excepcionalidad en nuestro país y con ella una guerra civil que al día de hoy no sólo ha cobrado centenas de miles de asesinados, desaparecidos y desplazados, sino que de facto nos ha desposeído de nuestras libertades personales: pese a que nuestros derechos están vigentes en la Constitución, en la realidad carecemos de ellos: desde hace 12 años se asesina, se extorsiona, se desparece a las personas y reina el terror, bajo la complicidad del Estado con los grandes intereses económicos, sean ilegales –los del narcotráfico y el crimen organizado– o legales –los de las grandes trasnacionales.

En este sentido, la Ley de Seguridad Interior –ya aprobada por el Congreso– no tiene otra finalidad que legalizar ese estado de excepción, como lo hizo Hitler al inicio de su gobierno con su Decreto para la protección del pueblo y del Estado, y, con ello, legalizar también la guerra civil, a fin de darle una justificación jurídica a lo que en el orden de la legitimidad no puede tener forma legal: la eliminación física tanto de los enemigos –en este caso el crimen organizado– como –bajo el pretexto del “orden y la paz públicos”– de adversarios políticos peligrosos para el régimen y de franjas enteras de ciudadanos que no son funcionales o integrables al proyecto económico neoliberal: pobres, migrantes, defensores de derechos humanos, periodistas incómodos o simplemente cualquiera, como no deja de suceder cada día en México.

La diferencia con los totalitarismos de principios del siglo XX es que mientras ellos, bajo el estado de excepción, cuyo fundamento es el terror, la muerte y la anomia, gobernaban en beneficio de una ideología, el estado de excepción en el México de hoy lo hace para el mercado y sus intereses.

Pese a lo que muchos de los detractores de esa Ley han expresado, este tipo de gobierno no es un retroceso hacia formas superadas de la vida política. Por el contrario, es, como lo analiza Giorgio Agamben en Estado de excepción, una práctica deliberada de los Estados contemporáneos –incluidos los denominados democráticos– que, desde el surgimiento de los totalitarismos, la han incorporado a su razón de ser bajo supuestos de amenazas terroristas o de otra índole. Frente a la imparable progresión de lo que, desde el proyecto globalizador, se ha definido como “una guerra civil mundial”, “el estado de excepción –dice Agamben– tiende a presentarse cada vez más como el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea”.

Desde hace 12 años, el Estado mexicano ha hecho suyo ese paradigma y buscará a cualquier precio –lo intentó en su momento Felipe Calderón– institucionalizarlo y convertirlo en su forma dominante de gobierno, lo que transformará de manera radical –de hecho ya lo ha transformado de manera fáctica– el sentido tradicional de la vida política, convirtiéndolo en un ambiguo y aterrador umbral entre la democracia y el absolutismo.

Bajo ese tipo de gobierno, al mismo tiempo que el Estado reconoce los derechos constitucionales de sus ciudadanos, los suspende en nombre de esos mismos derechos. El antecedente más cercano a nivel mundial y dentro de un Estado democrático que recuerdo es el military order, promulgado por el presidente de los Estados Unidos George Bush el 13 de noviembre de 2001, que autorizaba la indefinite detention y el procesamiento por military comissions, de los no-ciudadanos sospechosos de estar implicados en actividades terroristas.

Al igual que el “orden militar” de Bush, la Ley de Seguridad Interior eliminará radicalmente –con ésta o con una redacción más completa y específica– cualquier estatuto jurídico de aquellos individuos que señale el ejército como peligrosos para la seguridad de la nación, produciendo de esa manera –como sucedió con las víctimas antes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y de la Ley de Atención a Víctimas– un ser jurídico innombrable e inclasificable: un ser humano animalizado, destituido de su realidad civil y al cual se puede encarcelar, torturar, asesinar e incluso desaparecer sin que nadie esté obligado a protegerlo.

Estamos así frente a una nueva forma de totalitarismo que, a falta de un nombre, podemos llamar democrático, porque en él, desde Hitler que ascendió al poder por la vía del voto, se ha ido gestando, y al convertir en regla la excepción, la ha vuelto una técnica de gobierno. Estamos, por lo mismo, frente a algo inédito que debemos combatir de manera distinta a la de exigir que se abrogue –aún sin su condición jurídica llevamos 12 años padeciendo el estado de excepción. Tal vez una forma de ese combate sea la creación de espacios, como el de los Caracoles zapatistas, donde la excepción no puede penetrar, porque están en las márgenes de la excepción, en “los ríos al norte del futuro”, como escribía el poeta Paul Celan, donde lo humano vive.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar, a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE.

Este análisis se publicó el 17 de diciembre de 2017 enla edición 2146 de la revista Proceso.

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