CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el propósito de garantizar el acceso a los bienes y servicios culturales que brindan las instituciones del gobierno de esta ciudad, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó por unanimidad la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México. La norma conjunta las iniciativas presentadas hace tiempo por los legisladores Leonel Luna Estrada (PRD) y Abril Yanette Trujillo Vázquez (PES), por un lado, y por otro la del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, de Morena. En la creación de la propuesta final también intervino el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín. Entrevistado vía telefónica sobre la nueva legislación, Suárez del Real señaló a Apro que las aportaciones de Morena fueron esencialmente que la ley garantiza los derechos culturales no sólo de quienes habitan esta ciudad, sino también de aquellos visitantes nacionales o extranjeros que por el sólo hecho de estar aquí pueden demandar la protección. Además se establece la creación del Instituto de los Derechos Culturales, que será un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Cultura, dotado de autonomía presupuestaria, funcional y de operación. Entre algunas de sus atribuciones puede mencionarse la resolución de las quejas que por motivo de transgresión de los derechos presente cualquier persona en lo individual o colectivo ante la Secretaría. De igual manera, llevar a cabo proyectos de investigación académica sobre derechos culturales, directamente o mediante convenios con universidades e instituciones de investigación, y proponer a la Secretaría las normas reglamentarias y operativas para proteger de manera eficaz los derechos culturales. La ley consta de 42 artículos, agrupados en cuatro títulos, y según un comunicado de la ALDF, mediante esta disposición la ciudad se convertirá “en un enclave de libertad cultural a nivel universal, toda vez que considera que el ejercicio de derechos culturales no distingue entre habitantes y visitantes, ya que dentro de la misma existe un apartado extraordinario que garantiza los recursos jurisdiccionales para ser exigibles dichas prerrogativas. “Además, se establece la protección a la propia cultura, la formación integral, individual y colectiva que contribuye al libre y pleno desarrollo de la identidad cultural, el acceso al patrimonio que provenga de expresiones y manifestaciones diferentes y el ejercer las propias prácticas artísticas, así como para seguir un modo de vida asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y representación".