CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El año que está por terminar ha sido especialmente difícil para los derechos humanos en México. Al hacer un balance, el panorama es oscuro. Subsiste el amplio consenso entre las instancias internacionales que afirman que México vive una grave crisis de derechos humanos. La tortura y las desapariciones se siguen cometiendo de manera generalizada en nuestro país, lo que no ocurre en otras naciones de América Latina en tales ­magnitudes. Fenómenos de macrocriminalidad han significado el colapso del Estado en algunas regiones. Territorios enteros donde la institucionalidad es sumamente débil o forma ya parte del propio crimen organizado, por la conformación de redes delictivas que –contra lo que se nos dice– se extienden más allá de la esfera municipal. Sólo en este contexto se explican atrocidades como los vastos cementerios clandestinos o historias aterradoras como las de Allende, Piedras Negras, Tierra Blanca e Iguala, entre otras muchas. La violencia, en este contexto, sigue ascendiendo. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se contabilizaron 20 mil 878 homicidios en todo el país durante 2017. La cifra rebasa el total de los cometidos el año anterior. Los 2 mil 371 homicidios cometidos sólo en octubre convirtieron a ese mes en el más sangriento de las últimas dos décadas. El rostro de México sigue marcado por la violencia y las violaciones de derechos humanos. A lo largo del oscuro 2017 irrumpieron en la escena pública emblemas de impunidad que muestran el grado de descomposición al que hemos llegado. En estos 12 meses también se han erigido por doquier emblemas de dignidad que muestran que la impunidad no es nuestro destino fatal. Justo a unos días de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos –el 10 de diciembre–, vale la pena dar cuenta de ambas realidades. Emblemas de impunidad son las luchas paradigmáticas por la justicia y la verdad que han marcado este sexenio y que, conforme éste se acerca a su fin, aún no se han resuelto. Ayotzinapa es, quizás, el más claro ejemplo de ello. Transcurridos ya más de tres años de la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala y de la ejecución de seis personas más, no se ha determinado aún con evidencia científica el paradero de los muchachos. Las líneas de investigación y diligencias sugeridas por el inédito –y aún añorado– Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no se han agotado. La participación de personajes clave y de servidores públicos de distintas corporaciones sigue sin aclararse. Las irregularidades graves que cometieron quienes condujeron la investigación, lejos de ser sancionadas, han sido premiadas. Por ello, la supervisión internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha cesado, lo mismo que las exigencias de las familias que siguen dando un ejemplo de dignidad a todo el país. Ayotzinapa es un retrato amplio de las fallas del aparato de justicia y de la falta de voluntad política para resolver un caso que cambió el rumbo del sexenio. En un sentido similar, las ejecuciones de Tlatlaya son también un emblema de la opacidad y la impunidad que suelen suceder a las graves violaciones a los derechos humanos en que intervienen las Fuerzas Armadas. A casi cuatro años y a pesar de la existencia de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no hay una sola persona rindiendo cuentas ante la justicia, al tiempo que la PGR se resiste a cumplir con su deber de investigar diligentemente. La misma impunidad ha imperado frente a la revelación de que algunas instancias del gobierno utilizaron el costoso malware Pegasus, creado y vendido para vigilar al crimen organizado, con el fin de espiar a defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción y periodistas. La contundencia de la denuncia sobre este esquema de vigilancia ilegal no se correspondió con una investigación de proporciones similares. A pesar de que este programa se vende exclusivamente a gobiernos y no obstante que las licencias y fechas de infección de teléfonos celulares son fácilmente rastreables, la PGR rehuyó la responsabilidad de investigar a los servidores públicos y a las empresas corruptas implicadas. El crimen de De la Toba, un parteaguas Como si esa impunidad no bastara, este año continuaron los homicidios contra periodistas, incluyendo los de valientes comunicadores con gran exposición nacional como Javier Valdez y Miroslava Breach. Además, emergió otro emblema oprobioso: un salto cualitativo en las agresiones contra la comunidad de derechos humanos con el asesinato del ómbudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba. Una señal de que la falta de condiciones seguras para la defensa de los derechos llega ya hasta a las instituciones oficiales. El primer asesinato de un defensor del pueblo desde la creación de la CNDH debería marcar un antes y un después; esto, empero, sólo ocurrirá si el Sistema Ómbudsman se mantiene activo en la exigencia de justicia y no olvida a sus muertos, como lamentablemente parece ser el caso del Poder Judicial federal que ha dejado atrás la demanda de justicia en casos emblemáticos de jueces federales asesinados a mansalva. Estos emblemas de impunidad lastiman a las víctimas de cada caso, pero también a la sociedad en su conjunto. Como a ellos, se le suman miles de casos más que no llegan a los grandes medios de comunicación, el dolor acumulado en las espaldas de México parece a veces doblegar toda esperanza. El creciente número de desaparecidos es la parte más dolorosa de esa carga de sufrimiento: son ya más de 30 mil familias que no saben dónde está un ser querido. Las personas desaparecidas no son números, como nos lo recordó Data Cívica cuando ante la indiferencia oficial restituyó su nombre este año. Pero 2017 no sólo ha dejado dolor. A lo largo del año se han acumulado también los emblemas de dignidad que levantan con sus esfuerzos hombres y mujeres que se rebelan contra la normalización de la impunidad. Por ejemplo, a pocas semanas de iniciado el año, las mujeres hñähñú Jacinta, Alberta y Teresa escucharon de voz del propio titular de la PGR la disculpa pública por la detención arbitraria y encarcelamiento ilegal del que fueron objeto 11 años antes. Fueron ellas quienes pusieron los términos para que se realizara el evento reparatorio, y sus voces resonaron, fuertes y dignas. Este paso sentó precedentes del profundo significado que puede tener una disculpa como acto reparatorio si se realiza adecuada y respetuosamente, y puede abrir caminos para otras personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos. En un camino similar, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en la represión policial cometida en Atenco durante 2006 sentaron al Estado mexicano en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus valientes testimonios, los mismos que han sostenido desde hace una década, no dejaron lugar a dudas sobre la necesidad de reformar profundamente el aparato de justicia; mostraron, asimismo, la inmensa dignidad de un grupo de mujeres que se alzó contra la impunidad. Hay también otros emblemas de esperanza que fueron logrados gracias al empuje de las víctimas y de la sociedad civil. La adopción de nuevas leyes para prevenir y sancionar la tortura y las desapariciones –esta última obtenida gracias al empuje del Movimiento por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de México–, si bien perfectibles e insuficientes para solucionar por sí mismas una crisis de profundo calado, son una muestra de la capacidad de transformar el dolor en propuesta y la denuncia en incidencia. Estas leyes podrán contribuir a que el preocupante estado de cosas cambie, sólo si son dotadas de presupuestos suficientes y si existe una voluntad política comprometida cabalmente con su implementación. En este mismo orden de ideas, es emblema de esperanza la forma en que la lucha colectiva por una #Fiscalíaquesirva, que generó articulaciones sociales inéditas y plurales, frenó el intento de legislar un paquete de impunidad que iría en contrasentido de la tan necesitada autonomía de las instancias de procuración de justicia del país. En suma, 2017 fue prodigo en brindarnos razones para la desesperanza, pero en medio de este panorama desolador no fueron pocos los momentos donde se vislumbró que es posible un México más justo, donde el respeto a la dignidad de todas y todos sea una realidad, como lo prometía la Declaración Universal de 1948. Un año de desesperanzas    Pero más allá del balance anual, lo cierto es que el tiempo para la administración de Enrique Peña Nieto se agota. Si aún existe en su entorno preocupación por el legado presidencial, la adopción de medidas claras y contundentes contra la impunidad debería ser prioritaria. Impulsar la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos robusta y permitir que la verdad aflore en el caso Ayotzinapa, deberían ser parte de esta ruta. Lamentablemente, el derrotero al que parece enfilarse el final del sexenio parece ser otro. El renovado impulso a la Ley de Seguridad Interior es el emblema más claro de esto. Desoyendo a quienes proponemos una #Seguridadsinguerra, en el Senado se volvió a impulsar una ley que, como ha dicho el señor Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con una valentía que le ha costado señalamientos injustos, “petrifica el statu quo”. Una ley que incluye un concepto de seguridad considerado por la CIDH como propio de regímenes autoritarios, que contiene definiciones laxas, que no incorpora controles de derechos humanos ni contrapesos legislativos, que altera de fondo la relación cívico-militar. Una ley que perpetuará el fallido modelo de seguridad y que prescinde de la evidencia empírica. Una ley a la que, con renovada y alentadora firmeza, se ha opuesto la CNDH. Una ley que por su mal diseño mantendrá en la incertidumbre a marinos y militares, que sin duda en muchos casos realizan con generosidad y honestidad las tareas que los mandos les encomiendan. Pese a que en el horizonte se avecina este nuevo emblema de impunidad, la sociedad no deja de hacer surgir renovados emblemas de dignidad, incluso en esta adversa circunstancia. Pocas veces se había expresado tal consenso social sobre la impertinencia de una pieza legislativa, como ha ocurrido frente a la Ley de Seguridad Interior, con una deslumbrante profusión de iniciativas de protesta en las redes sociales y, de forma pacífica, en las inmediaciones del Senado. El aporte de las universidades ha sido fundamental en este debate: las investigaciones del Programa de Política de Drogas del CIDE, los análisis del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y las posiciones públicas del Sistema Universitario Jesuita constituyen insumos de primera relevancia. La discusión de la Ley de Seguridad Interior resume la esencia de un año difícil para la defensa de los derechos humanos, donde los emblemas de impunidad coexisten con los emblemas de dignidad. Dadas las dimensiones de la crisis de derechos humanos, es de esperar –a veces con un anhelo sostenido contra toda evidencia– que las elecciones de 2018 abran un espacio para que las distintas plataformas electorales generen propuestas concretas y viables para atenderla. Éstas no se pueden agotar en fórmulas simples, sino que entrañan el desarrollo de una verdadera política de Estado para hacer frente a la impunidad, reconstruyendo la procuración de justicia y revisando a profundidad el modelo de seguridad. En ello, la voluntad política es fundamental, pero no basta por sí sola: se requiere también construir capacidades, abrir margen para la cooperación internacional –por ejemplo, con un Consejo Asesor Contra la Impunidad– y, sobre todo, asegurar la rendición de cuentas de quienes han infringido la ley. Que esto ocurra no es seguro y por momentos parece improbable. Pero no cabe duda que, entre tanto, las víctimas y la sociedad seguirán marcando el rumbo, con emblemas de dignidad que anuncian el México que soñamos; un país donde la impunidad no es la regla: donde, como lo dijo una de las hijas de doña Jacinta Francisco Marcial, la dignidad sea costumbre. * Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Este análisis se publicó el 19 de diciembre de 2017 en la edición 2146 de la revista Proceso.