Desprecio por la legalidad y los ciudadanos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La aplanadora que los legisladores del PRI (respaldados por sus aliados del Partido Verde y Nueva Alianza, así como por los senadores calderonistas) instrumentaron para aprobar la Ley de Seguridad Interior y eliminar el pase automático del llamado “Fiscal Carnal” muestra plásticamente el desprecio que tienen por la democracia, la legalidad y la ciudadanía.

Como en los viejos tiempos del priiato, para los legisladores tricolores lo único que importa en estos momentos es cumplir con las encomiendas presidenciales, sin importar las consecuencias negativas que tengan para el país. La declaración del líder de la bancada priista en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, tras los pronunciamientos de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, revela su profundo desprecio por esas opiniones: “Yo ya les dije… aquí la decisión la toman 128 compañeras y compañeros senadores”.

Nada importa la solidez de las argumentaciones en contra; la autoridad moral de quienes las han emitido (el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –ONU-DH–; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –CNDH–; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH–; los rectores de la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana; ocho comisiones de los derechos humanos estatales; y, por supuesto, muchas organizaciones de la sociedad civil mexicana); la contundencia de las cifras que demuestran el fracaso de la estrategia. El caso es que esos legisladores tienen que demostrar su lealtad al monarca sexenal, que les ordena aprobar cuanto antes estas reformas para asegurar su impunidad y cumplirles a los militares.

Ambas reformas legislativas están vinculadas porque impactan a dos instituciones fundamentales en el combate a la inseguridad: la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Armadas, aunque estas últimas no deberían estar involucradas, salvo casos excepcionales. Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto busca asegurar el control discrecional de ambas en este tramo final de su mandato y, especialmente, de cara al proceso electoral y a la sucesión presidencial.

En el caso del fiscal el problema no se encuentra en el transitorio que facilitaba el paso automático del procurador en funciones a fiscal general, sino en las disposiciones establecidas en el artículo 102 de la Constitución, que le permiten nombrar a un incondicional suyo en el cargo (Proceso 2132).

Mientras tanto, en el caso de la Ley de Seguridad Interior, la reforma correspondiente busca el respaldo de una ley para mantener “el espíritu de convertirlas en el ejército discrecional del presidente, en pleno proceso electoral”, como señala el pronunciamiento de las organizaciones de la sociedad civil que integran los colectivos #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaQueSirva.

Los legisladores despreciaron también el enérgico rechazo de la ONU-DH y de la CNDH: “(El proyecto de ley) sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia de los derechos humanos en México… La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendría vigente en tanto las eventuales modificaciones –en referencia a las nueve propuestas de cambio que introdujeron para simular que atendían las demandas de los organismos nacionales e internacionales y las organizaciones de la sociedad civil– no implicarían cambios sustantivos”.

La imposición de la voluntad presidencial por encima de las demandas ciudadanas ha prevalecido a lo largo de todo el sexenio: primero cobijada por el llamado Pacto por México, que fue simplemente el cascarón que le permitió al PRI usar al PRD y al PAN, conjunta o indistintamente, para sacar adelante sus reformas constitucionales y legislativas, y, después, a partir de la conformación de la actual Legislatura en diciembre de 2015, ya con la seguridad de una mayoría legislativa en la Cámara de Dipu­tados, utilizando a los senadores calderonistas para burlar la oposición blanquiazul.

Sin embargo, en todas las ocasiones el PRI y sus aliados buscaron cuidar las formas e, incluso, abrir las puertas del Congreso de la Unión a representantes de la sociedad civil para dialogar largamente y hasta permitirles participar en los procesos de selección de integrantes de los órganos de gobierno de los organismos autónomos, como fue el caso de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información.

La premura del fin de sexenio y la urgencia de salvaguardar la inmunidad presidencial los llevó a descararse; a despreciar los pronunciamientos de los organismos internacionales y a minimizar los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil mexicana. La faramalla que montaron el pasado lunes 11, convocando a un grupo cuidadosamente seleccionado de gobernadores y representantes de la sociedad civil, para simular que atendían el llamado presidencial de tener “un acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil”, fue tan burda que simplemente hizo más grotesca su operación.

Las consecuencias de estas reformas legislativas impactarán a amplios sectores de la sociedad civil, pues, como señaló la ONU-DH, “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los retos que en materia de inseguridad enfrenta el país” (Proceso 2145), además de preservar los altísimos niveles de impunidad y mantener el actual modelo de combate a la delincuencia organizada, que ha ocasionado en la última década un saldo de más de 213 mil homicidios dolosos y casi 31 mil desaparecidos.

Pese a los efectos tan negativos que tendrá esa ley para la vida nacional, el presidente, los legisladores del PRI y sus aliados confían en que la mayoría de la ciudadanía está tan ocupada en resolver sus ingentes necesidades que ni siquiera se enterará del atropello que están cometiendo. Otra muestra más de que el nuevo PRI resultó igual de autoritario y atrabiliario que el viejo, pero mucho más cínico.

Este análisis se publicó el 17 de diciembre de 2017 en la edición 2146 de la revista Proceso.

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