Hacia la criminalización de los prostituyentes

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En México, dado que la prostitución, en tanto venta individual y voluntaria de servicios sexuales, no está penada por la ley, la compra individual y voluntaria tampoco. A diferencia de Estados Unidos, donde abordar a alguien y ofrecerle una paga a cambio de sexo es un delito, en México sólo el lenocinio es delito, o sea: que un tercero saque provecho de la transacción. Por eso los clientes que pagan no cometen delito. Sin embargo, el pasado 28 de noviembre el diputado del PRI César Camacho Quiroz y otros integrantes de su grupo parlamentario presentaron una iniciativa de ley general contra la trata de personas, con reformas al Código Penal Federal que mezclan el comercio sexual con la trata, y que criminaliza a los clientes.

Existen muy sólidas investigaciones que muestran trata y comercio sexual. Son dos cosas distintas. La postura calificada de “nuevo abolicionismo” las mezcla deliberadamente y, dado que no ha logrado terminar con la oferta de servicios sexuales, ahora enfoca sus baterías a la demanda, o sea, a los clientes, a quienes representa como los malos de la película: los prostituyentes criminales. Aunque no se puede establecer un perfil del cliente, caracterizado por una causalidad única, sino que hay una heterogeneidad de trayectorias, motivaciones y significados otorgados al acto de comprar sexo, según varios investigadores los tres móviles principales de los clientes son: a) la sexualidad recreativa, b) la soledad y c) la compensación de una vida de pareja insatisfactoria sexualmente. La propuesta del PRI los mete a todos en el mismo saco: criminales.

En todos los países se distingue entre trabajo sexual voluntario y sexo forzado o trata; todos tienen estrictas leyes contra la trata y contra el trabajo sexual de menores, aunque en algunos países la edad para trabajar en comercio sexual son los 16 años. En varios países europeos los burdeles son legales y pagan impuestos. Pero los grupos neoabolicionistas, muchos de ellos financiados por USAID o por las iglesias, presionan para que sus gobiernos adopten el modelo sueco, ya que piensan que castigar la demanda de los clientes eliminará la oferta de las personas que hacen trabajo sexual.

El primer país que prohibió el comercio sexual y estableció una penalización contra los clientes fue Suecia. Por lo que, cuando se habla del modelo sueco, se trata justamente del esquema que penaliza a los compradores de prostitución. Este modelo tuvo su origen en el reclamo de un amplio sector del feminismo de ese país, que consideró que los hombres que compran sexo ejercen violencia contra las mujeres y perpetúan su ­subordinación. Estas feministas concluyeron que la prostitución era una herramienta de opresión y violencia utilizada para controlar a las mujeres, y se plantearon castigar a los hombres que compran servicios sexuales, al mismo tiempo que señalaron que las mujeres que los venden debían ser consideradas víctimas de la violencia masculina. Lograron que el Estado tomara cartas en el asunto, y en enero de 1999 entró en vigor la Ley que Prohíbe la Compra de Servicios Sexuales, pese a que distintas instancias gubernamentales (el Consejo Nacional de la Policía, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, la Procuraduría General y la Administración Judicial) advirtieron los problemas que provocaría. Así, Suecia se convirtió en el primer país que criminalizaba directamente a los clientes, por considerarlos la causa primera de la prostitución.

El modelo sueco produjo dos graves problemas: uno fue el impacto que tuvo en sus vecinos escandinavos, donde se generó un importante debate debido a la llegada de suecos en busca de servicios sexuales. Para Noruega e Islandia implementar el modelo sueco 10 años después fue una manera de frenar la afluencia de suecos que cruzaban sus fronteras para poder comprar servicios sin ser penalizados. Sin embargo, Dinamarca y Finlandia no adoptaron el modelo sueco, y ahí el trabajo sexual sigue siendo legal; incluso en Dinamarca el gobierno subvenciona a los hombres con discapacidad que requieren de los servicios de una trabajadora sexual.

El otro problema fue el aumento en la vulnerabilidad de las trabajadoras que, al pasar a la clandestinidad, empezaron a aceptar menos dinero y tuvieron más riesgos. Varias de ellas declararon que por la ilegalidad los clientes que infringen la ley se aprovechan de que ellas también la están infringiendo, y con mucha frecuencia abusan de ellas, sea pagándoles menos de lo acordado o incluso con actos violentos.

¿Por qué el PRI propone criminalizar la compra-venta de sexo? Las presiones, tanto del gobierno de Estados Unidos como de activistas feministas y religiosas han llevado a esa mezcla de trata con comercio sexual. En nuestro país se ha venido dando un giro punitivo porque algunos grupos consideran que el comercio sexual es “violencia hacia las mujeres”. Violencia son salarios miserables y desempleo que hay en México, y estas posiciones puritanas no dan solución al problema estructural. Indudablemente que entre quienes venden sexo hay personas forzadas a hacerlo, y ello debe ser castigado. Pero el trabajo sexual voluntario es una realidad que debe ser respetada, aunque no guste a ciertos sectores sociales, aunque muchos de sus miembros compren servicios sexuales sin reconocerlo.

Este análisis se publicó el 17 de diciembre de 2017 en la edición 2146 de la revista Proceso.

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