CIUDAD DE MEXICO (proceso.com.mx).- El informe final de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentado en Washington el domingo 17, hace un largo listado de prácticas fraudulentas y concluye que no es posible saber quién ganó las elecciones hondureñas del 26 de noviembre. Sin embargo, la maniobra para consolidar la imposición avanza con protagonismo del gobierno de Enrique Peña Nieto. La postura expresa del gobierno de Donald Trump es que la reelección del presidente Juan Orlando Hernández –cabeza de la red trasnacional de intereses económicos que se ha apoderado de las instituciones nacionales-- sea aceptada, y México --seguido por Israel y España-- se encargó de dar el primer paso para llevarla a la práctica: el martes 19 declaró que lo reconoce como presidente electo. “Estoy esperando a los escuadrones de la muerte, les di mi dirección, pero no quieren venir”, asegura a Apro desde su cuartel de campaña Manuel Zelaya, el presidente izquierdista que fue derrocado en 2009 mediante un golpe militar con el aval de Washington. Es la gran figura de la oposición junto con su aliado, el candidato presidencial Salvador Nasralla, quien reclama la victoria. La actitud de Mel, como es conocido popularmente, se da en un contexto en el que las fuerzas de seguridad –especialmente la Policía Militar-- son acusadas de haber matado al menos a 34 personas durante tres semanas de protestas. Zelaya no ve una gran diferencia entre lo ocurrido hace ocho años y lo que pasa ahora: “Casi es similar: el que está en el poder toma las armas, hace fraudes, consigue el apoyo del Pentágono, de los halcones de Washington, y los pueblos del mundo se manifiestan contra el atropello. Es igual, esto es un golpe de Estado electoral”. La duda es si el resultado podrá ser distinto esta vez. Fortalecido por el anuncio mexicano, Hernández ya se permite hacer gestos de condescendencia al invitar, “como presidente electo”, a un diálogo. Nasralla dice que lo acepta sólo si reconocen que él ganó, en tanto que Zelaya lo rechaza de plano. El candidato opositor aceptará una repetición de los comicios, mientras su aliado está en contra. De cualquier forma, cuestionado sobre los pasos a dar, Mel garantiza la victoria, sin ofrecer detalles: “Será hoy o será mañana, pero nadie detiene el avance de los pueblos en la historia”. Con el sistema en contra No se podía esperar que Manuel Zelaya estuviera de buen humor. Este día, miércoles 27, no es uno de los mejores para entrevistarlo. Asegura que, además del golpe de 2009, le robaron la elección a su esposa Xiomara Castro en 2013 y ahora, cuando enfrenta una tercera traición a los compromisos básicos de la democracia, siente el peso de las víctimas de este conflicto y el de las amenazas de convertirlo a él en otra más. A sus 65 años, despliega la energía de su activismo bajo el sombrero de ala con el que cubre el cabello bien negro y el talante de quien siente el peso del mundo encima. Honduras es una nación que de los años sesenta a los noventa está sometida a un estricto control por Estados Unidos, que tuvo en ella un pivote para combatir desde su suelo a las guerrillas populares de Guatemala y El Salvador, además de utilizarla como base de retaguardia del ejército contrarrevolucionario que hostigó al sandinismo en Nicaragua. Las cosas no han cambiado. En la embajada estadunidense en Tegucigalpa no despacha un jefe de legación, sino una encargada de negocios, Heide Fulton, y no se conocen planes de elevar el perfil de la representante: “La señora Fulton está validando el fraude, pero el embajador de Estados Unidos en funciones se llama Juan Orlando Hernández”, asegura Zelaya. “Él es uno de sus peones que administran el país”. El único periodo de soberanía, afirma Zelaya, se dio durante el tiempo que pudo ejercer como presidente, de 2006 a 2009: “Fue diferente en mi gobierno porque yo traje competencia para el petróleo. Estados Unidos aquí impone monopolios en el petróleo, monopolios en todas las áreas. Yo traje competencia, traje a Hugo Chávez con competencia en PDVSA (Petróleos de Venezuela SA) y me sacaron a balazos, inmediatamente”. Zelaya llegó a la presidencia postulado por el Partido Liberal, la organización que, junto con el Partido Nacional, encerraba el sistema político hondureño en un bipartidismo excluyente y derechista. De manera sorpresiva, sin embargo, en 2008 dio un giro a la izquierda e ingresó a Honduras en Petrocaribe, la iniciativa venezolana para venderles combustible barato a los pequeños países de Centroamérica y el Caribe, y en la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), impulsada por Chávez, el boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa. Aquel 8 de diciembre decretó un aumento de 60% al salario mínimo. El año siguiente, las instituciones del Estado y su propio partido lo acusaron de estar maniobrando para reelegirse, algo tajantemente prohibido por la Constitución. El 28 de junio, mientras militares lo sacaban de su residencia en pijama, lo llevaban a una base aérea y lo expulsaban hacia Costa Rica, en el Congreso se leía y aceptaba una carta de renuncia supuestamente firmada por él. Las protestas populares fueron reprimidas por el gobierno interino de Roberto Micheletti, lo que dejó por lo menos dos muertos. La Federación Internacional de Derechos Humanos denunció, además de asesinatos, desapariciones forzadas, crímenes sexuales y desplazamiento forzado, que la Corte Penal Internacional (CPI) se rehusó a juzgar porque no son de su competencia por no constituir genocidio ni crímenes de lesa humanidad. La Asamblea General de la ONU condenó el golpe de Estado y la OEA suspendió la membresía de Honduras, pero eso se quedó en palabras, sin traducirse en alguna sanción concreta, y los golpistas se salieron con la suya. La celebración de elecciones en 2010 sirvió para que la comunidad internacional reconociera el “retorno a la democracia”. En ellas, llegó a la presidencia Porfirio Lobo, padrino político del actual mandatario Hernández, ambos del Partido Nacional. Zelaya reingresó clandestinamente al país, encontró asilo en la embajada brasileña, rompió con su Partido Liberal, creó uno llamado Libertad y Refundación (LIBRE) y –ya que él tenía prohibido participar en política-- apoyó la candidatura presidencial de su esposa, Xiomara, en las elecciones de 2013. De esta forma mandó a los liberales al tercer lugar (con 17%), pero el triunfo le fue negado –acusó fraude--, y el Tribunal Supremo Electoral se lo entregó a Juan Orlando Hernández, con 36% de los votos contra 28% de Xiomara. En cuarto sitio fue ubicado Salvador Nasralla con su Partido Anticorrupción (PAC, centroderecha), con 13%. El hecho de que este porcentaje, sumado al de Xiomara, alcanzaba un 41%, animó a que LIBRE y el PAC formaran en 2017 la Alianza de Oposición contra la Dictadura, proponiendo la candidatura de Nasralla y una agenda básica de lucha contra la corrupción y el saqueo del Estado. Hernández tiene pleno dominio del Estado, no obstante: su ascenso se caracterizó por una captura de las instituciones clave, que logró desde su posición de presidente de la Asamblea Nacional en 2012 y 2013: entre otras, se apoderó de la Corte Suprema de Justicia, a cuyos miembros destituyó para nombrar afines, y del Tribunal Supremo Electoral, cuyo presidente, David Matamoros, es uno de sus incondicionales. Gracias a ello ha obtenido resoluciones favorables a sus intereses, como una de 2015 que anuló la prohibición constitucional de la reelección –el pretexto para el golpe contra Zelaya-- porque, según los magistrados, violaba los derechos individuales de Hernández. Restauración conservadora No fue sorpresa, entonces, que durante la noche posterior a las elecciones del 26 de noviembre pasado se produjera una “caída del sistema” informático que, como en México en 1988, produjo una inversión de las tendencias: el opositor Nasralla ganaba por 5 puntos pero, cuando las computadoras volvieron a transmitir datos diez horas después, Hernández ya estaba arriba por 1.5 puntos. La revista The Economist realizó un análisis estadístico, con base en los resultados de 288 de los 298 municipios, y concluyó que tal salto es imposible. El domingo 17, la Misión de Observación electoral de la OEA presentó, en su sede en Washington, DC, las conclusiones sobre el proceso electoral, que “estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias cuya entidad permite calificarlo como de muy baja calidad técnica y carente de integridad”. La lista de fallos incluye muchos que revelan la voluntad de alterar los resultados: “Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto de los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales”. Todo lo anterior, afirma el documento, “sumado a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”. Por ello, la OEA recomendó nuevas elecciones. Zelaya considera que es un paso atrás porque el organismo “desconoció nuestro triunfo, nuestra victoria” y descartó el diálogo que Hernández ofreció no como mandatario en funciones sino “como presidente electo”. La postura del candidato Nasralla es un poco diferente: en un principio había aceptado conversar y el jueves 21 matizó que lo haría con base en que “las elecciones las gané yo, me reuniré con él sí sólo sí acepta que en el conteo él perdió las elecciones y tenemos que ir a una nueva elección”. Esto no representa una fisura entre opositores, asegura Zelaya, porque “cualquier discrepancia que haya, nos ponemos de acuerdo y buscamos soluciones porque coincidimos en ideales, estamos unidos”. Los poderes que enfrentan, sin embargo, son superiores al ámbito nacional. Zelaya observa que, en las últimas dos décadas, “Estados Unidos perdió mucho control de América Latina a través de la llegada del socialismo del siglo XXI”, y los grandes eventos de los últimos años, como “dar golpes de Estado en Brasil, en Paraguay, sacar a los Kirchner de Argentina, sacarme aquí en Honduras, el bloqueo contra Venezuela”, es un “proceso de restauración conservadora para recuperar su patio trasero”. Amenaza de muerte El lunes 4, la decisión de unidades de la Policía Nacional de desobedecer las órdenes de reprimir las protestas, con agentes dando encendidos discursos de respeto a la voluntad popular, generó la sensación de que el régimen se estaba quebrando y el fraude podía ser revertido. No obstante, explica Zelaya, eso sólo “fue un brote de insurrección, pero lo controlaron, duro un día nada más”. El miércoles 22, el presidente Hernández nombró nuevos mandos del Ejército, a los que les pidió “actuar con contundencia” frente a las protestas, que continúan en decenas de ciudades y pueblos. Zelaya no duda que vayan a cumplir esta orden porque “la policía, los militares, todos son financiados por los presupuestos de la Casa Blanca”. --Como en 2009 y 2013, el sistema está decidido a imponerse. ¿Por qué podría producirse un resultado distinto en 2017? --Es que nosotros somos luchadores, nosotros no somos oportunistas que están buscando sólo ganar --responde Manuel Zelaya. “Nuestra lucha es permanente –prosigue--. Esto puede durar días, seis meses, 10 años, hasta que derrotemos y logremos democracia y justicia. Hoy tenemos 140 movilizaciones pacíficas a nivel nacional, el 30, 40% del país está paralizado. --Pero, ante la amenaza de los escuadrones de la muerte, ¿no cree que pueden alcanzarlo a usted, si realmente quieren hacerlo? --Ya les di mi dirección de donde estoy, para que vengan a ejecutar las acciones que les mandaron, y no tienen valor de venir. No le tengo miedo a la muerte.