“Una infracción de tránsito en tiempos de Javier Duarte le costó a mi hijo la vida”

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).-La madrugada del 26 de enero del 2014, Giovanni Palmeros Arciga conducía su auto compacto por el bulevar Manuel Ávila Camacho, pero el haber tomado unas copas de más le hizo perder los reflejos e invadir un carril contrario a su circulación a la altura del hotel Camino Real de la zona boyante de Boca del Río.

La suerte no favoreció a Giovanni, quien fue detectado por elementos de la Policía Naval con el número económico 325, a los que estuvo a punto de impactar con su vehículo. Entonces los marinos deciden ponerlo a disposición de la Dirección de Tránsito y Vialidad para que sus agentes lleven a cabo las sanciones correspondientes.

Palmeros Arciga se dirigía a una discoteca de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río para recoger a una amiga y continuar la fiesta. Nunca llegó al lugar y, durante 47 meses, Rene Palmeros, padre de Giovanni, emprendió una búsqueda que culminó el mes pasado.

Personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas llamó a su celular, “dirígete a Xalapa” –le dijeron–, y luego se enteró de que estudios cotejados con Policía Científica, PGR y la propia Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaban la peor noticia: el cuerpo completo de su hijo se encontraba en el narcocementerio clandestino de Santa Fe, un camposanto en donde al día de hoy han sido hallados más de 17 mil restos óseos y casi 300 cráneos humanos.

“Durante más de tres años parecía que a mi hijo se lo había tragado el mar. Hoy estamos devastados, pero tenemos que seguir adelante… ¿por qué?, porque queremos justicia, no la impunidad de siempre”.

La multa de tránsito impuesta a Giovanni fue emitida a las 3:25 de la mañana, según los oficiales de tránsito; 35 minutos después fue liberado, sin embargo, el GPS del celular de Palmeros Arciga indica que estuvo ahí hasta las 7:15 horas del día 27. Los propios marinos de la patrulla 325 lo vieron ahí alrededor de las seis de la mañana.

La causa penal 182/2015 indica que desde el 8 de agosto de 2015 se encuentran en la cárcel José de Jesús Hernández Salazar y José Luis Castro Castro, quienes incluso ya tramitaron amparos, mismos que están en revisión en juzgados federales.

“No han querido decir qué hicieron con mi hijo, ¿Por qué lo mataron?, se apegaron a las instancias legales a que tienen derecho, y en los recursos de revisión está por cerrarse el periodo de conclusiones, y antes sólo se sancionaba la ‘desaparición’, ahora hay también un homicidio”, apunta Palmeros, quien reitera una y otra vez que seguirá adelante buscando justicia para su hijo Giovanni.

A la fecha hay dos oficiales de tránsito prófugos de la justicia, Mario Pérez Hernández y José Luis Chávez Esmediche. Ellos serán el eslabón delincuencial que completa la cadena de corrupción y arbitrariedad para saber las razones por las que Giovanni Palmeros fue privado de la vida.

“Un día después de su desaparición”, el GPS del celular de Giovanni coincide con la ubicación de los dos policías que hoy están presos.

“Una infracción de tránsito en los tiempos de Javier Duarte le costó la vida a mi hijo. Usted sabe del penar de estos años y el dolor jamás imaginado”, reseña Palmeros.

El joven Giovanni fue enterrado en el panteón municipal de Cosamaloapan, demarcación a la que la familia Palmeros Arciga había huido en el 2010 de la cuenca del Papaloapan, temerosos de la violencia, los secuestros y las ejecuciones en esa región.

La desgracia los alcanzaría dos años después en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y se consumaría en el fatal desenlace sobre el paradero de Giovanni en el ocaso de 2017.

A René Palmeros se le vio hacer sus propias diligencias, recurrió a la dirección de Tránsito y Vialidad, al Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a la agencia del Ministerio Público, a la Agencia Veracruzana de Investigaciones, a la Unidad Antisecuestros, a los comercios y discotecas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Su presencia se plasmó en las protestas de familiares de desaparecidos en uno de los últimos carnavales presididos por Duarte, en el World Trade Center; en las reuniones de trabajo con el entonces candidato –hoy gobernador– Miguel Ángel Yunes, y en las marchas en Xalapa.

Incluso, Rene Palmeros habló con periodistas de Proceso, del New York Times, El País, Cuerdos de Atar (España), medios de Latinoamérica y nacionales, donde su única consigna y agotamiento de recursos humanos y económicos era dar con el paradero de su hijo, y por fin lo logró.

Rene Palmeros aún tiene reproches para la MP de la extinta Procuraduría, Obdulia Vidal Suárez, quien se tardó diez días para mandar traer a declarar a los oficiales de tránsito que Palmeros sospechaba habían participado en la desaparición de su hijo. Ello, pese a que las oficinas de la Procuraduría en Boca del Río son contiguas a la Dirección de Tránsito.
“Claro que es cómplice la MP Obdulia Vidal, ella tenía a los de Tránsito a diez metros y no quería llamarlos a declarar, fue por la presión que yo hice, si no, no lo hace”.

Junto con Giovanni Palmeros otras diez personas más –de casi 300– han sido identificadas este año en el narcocementerio de Colinas de Santa Fe, uno de los más grandes a nivel latinoamericano, han considerado medios internacionales.

El primer cuerpo en identificar en Colinas de Santa Fe fue el del oficial del MP adscrito al Operativo Veracruz Seguro, Pedro Huesca, quien según la investigación ministerial FAE/06/2013, y que derivó en la causa penal 49/2013, fue desaparecido por policías estatales junto con su oficial secretario, Gerardo Montiel.

La investigación, concluida en enero pasado, reveló cómo presuntos integrantes del CJNG y elementos de la SSP trabajaban en coordinación, pues la causa penal 49/2013 narra la detención y declaración de Obed Pulido Murrieta “El Cocho” (halcón), Josué Acosta Isidoro “El Tortuga” (sicario) y Alberto Lewis “El Pantera” (jefe de plaza en esa región), integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a quienes les fue asignada la encomienda de llevarse al “licenciado Huesca”, con el apoyo de policías y mandos de la SSP.

El 15 de abril de 2013, día del “levantón” de Pedro Huesca y Gerardo Montiel, se agregó a dicha misión, para garantizar la efectividad del operativo, el comandante de la SSP Víctor Sandoval, a bordo de una unidad oficial de la Policía Estatal, junto con otros elementos de la corporación.

Y apenas el miércoles pasado se realizó una misa de cuerpo presente en memoria de Gerson Quevedo Orozco, secuestrado por integrantes del CJNG el 15 de marzo del 2014, luego de que su familia tardo más de 45 meses en dar con su paradero.

Unos sicarios secuestraron a Gerson en el fraccionamiento Arboledas San Ramón en Medellín de Bravo, pidieron rescate y éste fue pagado de forma puntual, pero el estudiante de arquitectura no volvió a casa. Luego, ante la inacción de las autoridades de la SSP y de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGE), Alan y su cuñado Miguel Caldelas salieron a investigar por su cuenta, en la noche, cuando descubrieron una casa de seguridad donde tenían cautivo a Gerson. Ahí mismo fueron acribillados sin piedad.

El fin de semana pasado, un peritaje independiente, el cual fue cotejado con uno que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE), reveló que Gerson Quevedo fue enterrado en el narcocementerio de Colinas de Santa Fe en el puerto de Veracruz, donde al día de hoy han sido hallados casi 300 cráneos y 17 mil restos óseos.
Maricela Orozco, madre de Gerson, aceptó hablar con Apro para dejar en claro una exigencia, hoy tan escasa en Veracruz: “¡Queremos justicia!”.

“Quiero resaltar que quiero justicia. Gerson hoy hubiera acabado su carrera profesional; mi otro hijo, Alan, estudiante de preparatoria, de sólo 15 añitos pero ya jugando profesionalmente en la sub 17, era el único de esa edad en Tiburones Rojos y, por su alto rendimiento iba a llegar a ser muy grande y le cortaron todo y nos mataron a todos en vida, y mi yerno, subcampeón nacional de artes marciales, joven empresario también masacrado. Tres jóvenes con un futuro prometedor”, deplora Maricela al teléfono.

Aunque Alan y Miguel fueron privados de la vida en marzo de 2014, cuando el priista Javier Duarte aún gobernaba Veracruz, debieron pasar 45 meses –casi cuatro años– para que la familia Quevedo Orozco supiera que su otro hijo, Gerson, corrió la misma suerte, pues después de su secuestro fue asesinado y enterrado en el narcocementerio, que lo mismo ha sido utilizado por integrantes de Los Zetas que por sicarios del CJNG… aunque también por policías de la SSP.

La familia Quevedo sigue reprochando que el Poder Judicial de la Federación determinó en la causa penal 11/17 del Juzgado Quinto de Distrito que no hay elementos suficientes para considerar que el secuestro y posterior asesinato de Gerson Quevedo hubo participación de la delincuencia organizada.

“El juez federal Mario Medina Soto negó por segunda vez el pliego petitorio a la SEIDO, que porque no hay delincuencia organizada en Veracruz. ¿Cómo dice que no hay delincuencia si donde estaba el cuerpo de mi bebe hay cientos de cuerpos?”, deploró.

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