CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el 2017, cerca de nueve mil policías estatales reprobaron las evaluaciones de control de confianza en todo el país; de ellos, cuatro de cada 10 de Sinaloa y tres de cada 10 de Baja California Sur y Nayarit fracasaron y tendrán que ser sustituidos. En su Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas, publicado en diciembre pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que los estados deberán “depurar” a los ocho mil 921 elementos que reprobaron las evaluaciones. Con este recorte, se reducirá la presencia policiaca en el país a un promedio de 0.8 agentes por cada mil habitantes, una cifra que no alcanza ni la mitad del “estándar nacional mínimo” de 1.8 uniformados por cada mil habitantes, establecido por la misma Segob. “El país tiene la mitad de los policías preventivos estatales de los que, como mínimo, debería tener”, señaló la dependencia. Añadió que, para cumplir con este estándar, los gobiernos estatales deberían reclutar y entrenar a 116 mil elementos policiacos nuevos, los cuales se sumarían a los 120 mil que actualmente operan en el país. De acuerdo con el documento de la Segob, algunas de las entidades más afectadas por la violencia en 2017 -como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua o Sinaloa- tienen graves carencias en personal policiaco, ya que cuentan con menos de 0.5 policías por cada mil habitantes. La institución subrayó que, en 13 estados, los policías reciben un salario inferior al “promedio nacional de referencia” -que se eleva a nueve mil 933 pesos-, mientras que 10 gobiernos estatales niegan a sus uniformados el otorgamiento de créditos de vivienda. Según las cifras oficiales, existe una brecha importante entre el salario de un policía de escala básica establecido en Chiapas, Hidalgo o Tabasco -inferior a siete mil pesos, en promedio- al de un uniformado de mismo rango en Guanajuato, Baja California Sur, Tamaulipas o Sonora -donde rebasa los 13 mil pesos-. En su informe, la Segob también señaló que apenas seis de las 39 Academias e Institutos de formación policial repartidos en el país cumplen con los estándares mínimos en materia de equipamiento y de infraestructura. El documento planteó, por ejemplo, que 20 centros de entrenamiento policiaco no cuentan con salas de juicios orales, uno de los núcleos del nuevo modelo mexicano de justicia. Además, apenas seis gobiernos estatales integraron y entrenaron a sus policías a operar bajo seis protocolos “mínimos” de desempeño, los cuales contemplan las acciones a tomar en casos de “violencia de género”, “uso legítimo de la fuerza” o para la atención a “víctimas y grupos vulnerables”.