SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- Alrededor de cuatro mil indígenas desplazados de Chalchihuitán retornaron este martes a sus comunidades de origen, con el riesgo que supone la presencia de grupos que no han sido desarmados, por lo que responsabilizaron a los gobiernos estatal y federal de lo que pueda ocurrirle a las familias. Hombres, mujeres, ancianos e infantes echaron en bolsas de plástico sus pocas pertenencias, y con los plásticos que utilizaron para guarecerse todo este tiempo, cubrieron sus cuerpos para iniciar la larga caminata en medio de la niebla, el frío y la lluvia. Según el conteo de los párrocos de Simojovel y Chalchihuitán, Marcelo Pérez Pérez y Sebastian López López, respectivamente, 3 mil 858 personas abandonaron los campamentos y chozas improvisadas para retornar a sus casas. Pérez Pérez dijo que se trata de un retorno parcial porque mil 165 personas se rehusaron a dejar los albergues. Dijeron que aún no regresarán por temor a ser agredidos por los miembros del grupo armado de Chenalhó. De acuerdo con el párroco, los casi 4 mil desplazados que decidieron emprender el retorno lo hicieron no porque haya seguridad, como lo señaló el gobierno estatal, sino porque ya están cansados de vivir en condiciones tan precarias fuera de sus casas y lejos de sus tierras donde se encuentran sus milpas y huertas. Los indígenas señalaron que cualquier agresión o crimen en su contra será responsabilidad de los gobiernos estatal y federal, porque los miembros del grupo armado que opera del lado de Chenalhó no han sido desarmados y portan armas de grueso calibre, como cuernos de chivo y R-15. Algunos de los desplazados pertenecen a las comunidades de Pom y Ch’en Mut, alejadas de la línea limítrofe con Chenalhó, cuyos pobladores los sacaron por la fuerza para reclamarles 350 hectáreas de tierras, y en días recientes un tribunal agrario resolvió que les pertenece. Es un regreso “de alto riesgo”, pero en la primera agresión volverán a refugiarse en sus albergues, señalaron los párrocos, e indicaron que si bien las autoridades estatales y federales han movilizado policías e incluso miembros del Ejército, hasta ahora no han sido desarmados los encapuchados que perpetraron el desalojo hace dos meses.