Elecciones impactadas por la violencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los cinco años y un mes transcurridos desde que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto representan un período de violencia similar a la registrada en el sexenio de su antecesor, Felipe Calderón. Pero, como no ocurría desde la llamada “guerra sucia”, el recuento de victimas alcanzó a miles de opositores a sus políticas gubernamentales.

Los efectos de las reformas estructurales, principalmente en el ámbito energético y educativo, así como la imposición de megaproyectos de infraestructura pública y las concesiones privadas, destacadamente a la minería trasnacional de alto impacto, son por lo general la motivación de inconformidades sociales, detonantes de movimientos que enfrentan una violenta embestida con una coartada perfecta en la “guerra contra el narco”, la “narcoviolencia”, la “delincuencia organizada”, dicho así, de manera genérica, sin responsables primeros ni últimos.

En 2017 se registraron alrededor de 12 mil 600 asesinatos, una cifra tan elevada que desde 2006 sólo es equiparable a lo ocurrido en 2010. Y aunque no es posible aún determinar cuántas de esas muertes se relacionan con movimientos sociales, la tendencia sexenal es que el recrudecimiento de la represión o, si se quiere creer, de esas coincidencias entre violencia, política y negocios, previsiblemente aumentó.

La violencia también impacta a la clase política, y que eso ocurra con el proceso electoral ya en curso dispara una alarma. Sólo la última semana del año dejó un saldo terrible, inevitablemente desalentador, para recibir 2018: en cuatro días fueron asesinados cinco actores políticos.

La escalada inició el 28 de diciembre con el asesinato del perredista Arturo Gómez Pérez, presidente municipal de Petatlán, Guerrero, un lugar donde la violencia se asocia al poder político desde hace décadas y que, en el recuento próximo pasado, marca una gestión: apenas el 5 de julio, al secretario del ayuntamiento, Manuel Rebolledo Pérez, lo levantaron, torturaron y asesinaron, mientras que en noviembre de 2016 ocurrió lo mismo con el director de Desarrollo Urbano, Edgar García.

Ese mismo día, pero en Tomatlán, Jalisco, fue asesinado el también perredista Saúl Galindo Plazola, quien era diputado local. La costa jalisciense ha tenido una racha violenta, y apenas una semana antes el dirigente de Movimiento Ciudadano en el municipio de La Huerta, Salvador Magaña, fue localizado sin vida y con huellas de tortura, después de desaparecer. Por cierto, los alcaldes de la zona han acusado operaciones ilegales de la Marina que sin duda coinciden con un modus operandi muy conocido desde 2009.

El día 30 mataron al regidor perredista de Jalapa, Tabasco, Gabriel Hernández Arias. De inmediato, la Procuraduría General de Justicia tabasqueña en el gobierno del neoperredista Arturo Núñez decantó la línea de investigación a un robo de aguinaldo, descartando móvil político.

Ese mismo día murió acribillado José Crespo Crespo, abogado muy conocido en Mexicali, Baja California, entidad en la que fue candidato, también por el PRD, en 2016.

El día último de 2017, Adolfo Serna Nogueda fue asesinado a tiros en Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde aspiraba a contender por la presidencia municipal por el PRI.

Esto es crítico para la vida política del país, pues se trata de víctimas investidas de autoridad, representantes populares o aspirantes a serlo, cuyas muertes –inclusive aceptando que puedan estar en complicidades o en medio de disputas criminales– son un grave precedente de lo que seguirá ocurriendo durante el desarrollo de los procesos electorales.

Feliz 2018.

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