Durante cinco años el presidente Peña Nieto sostuvo a Gerardo Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin importarle los insistentes señalamientos de favoritismo en la asignación de contratos y su negligencia ante tragedias como la del socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca. Y aunque la Secretaría de la Función Pública está por dar su dictamen sobre las responsabilidades en este caso, lo más probable es que el secretario salte a una candidatura por el PRI y deje a la SCT hundida en las anomalías que él propició. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En los primeros días de 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dará a conocer el resultado final de las observaciones sobre las irregularidades en el Paso Exprés de Cuernavaca, el más reciente escándalo que involucró al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a raíz del fallecimiento de Juan Mena López, de 56 años, y de su hijo, Juan Mena Romero, de 36, quienes quedaron atrapados en el socavón de siete metros que se abrió el 12 de julio pasado. Cuando se dé a conocer ese dictamen final, es muy probable que el titular de la SCT, inamovible durante este sexenio, haya renunciado para buscar una candidatura a diputado federal por el PRI o retorne al gobierno del Estado de México como colabo­rador de Alfredo del Mazo Maza, hijo del exgobernador que fue el primer jefe político de Ruiz Esparza. El principal problema del último socavón de Ruiz Esparza es la ausencia de un plan ejecutivo definitivo para el Paso Exprés, concesionado a las empresas Aldesem y Epccor, y una serie de sobrecostos que provocaron que esta obra, contratada originalmente por mil 45 millones de pesos por la SCT, terminara costando 2 mil 300 millones de pesos –más del doble–, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y 1 mil 978 millones de pesos, de acuerdo con los contratos auditados por la SFP. El 12 de septiembre pasado, la SFP adelantó que había detectado alrededor de 22 irregularidades que apuntaban a responsabilidades de los funcionarios medios de la Dirección General de Desarrollo Carretero, de la Dirección General de Carreteras y, sobre todo, de la Dirección General del Centro de la SCT en Morelos. Ninguna involucraba directamente al propio Ruiz Esparza. Esas irregularidades incluyen fallas en los procedimientos de licitación de adjudicación de cuatro de los 13 contratos que incluyó la obra, un sobrecosto de 71.78% (647 millones de pesos más), incumplimiento en el programa, falta de planeación y programación de la obra, deficiente supervisión y coordinación, así como omisiones frente a las recomendaciones técnicas realizadas por distintas instancias de la SCT durante la ejecución de los trabajos en el kilómetro 93 + 857 del Paso Exprés. Como documentó Proceso, los peritos Humberto Marengo, Héctor Manuel Valverde y Mario Rodríguez Rodríguez exhibieron la negligencia de la SCT porque, en el mismo kilómetro donde se abrió el socavón el 12 de julio, ocurrió un incidente similar el 14 de octubre de 2016, sin que se tomaran las medidas adecuadas. El incidente fue reportado por la propia Policía Federal como un “socavón” y se localizó exactamente en el kilómetro 93 + 857. “Circulen con precaución. Socavón en el referido kilómetro, a la altura del plantel educativo Conalep en Cuernavaca”, alertó la corporación policiaca en su cuenta de Twitter. Los peritos destacaron que “durante el mes de octubre de 2016 se presentó un deslizamiento del talud de la carretera cuando estaba en su proceso constructivo, el cual se deslizó parcialmente ante la presencia de fuertes lluvias. Existe la posibilidad que al restablecer el terraplén se haya dislocado la tubería por la maquinaria utilizada para la reposición del mismo, sin embargo, no hay evidencia que pudiera sustentar lo anterior. En nuestra opinión, debe hacerse también un peritaje específico para aclarar esto”. La SCT ignoró este dictamen de los peritos y Ruiz Esparza no mencionó el caso del socavón anterior de octubre de 2016 en su informe de 19 cuartillas, enviado al Senado de la República, en vísperas de su comparecencia el 22 de agosto. En aquella ocasión, por tercera vez en el sexenio, senadores del PT y de Morena le demandaron a Ruiz Esparza su renuncia, y por tercera vez el funcionario –que colabora con Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México– se negó a dejar el cargo, a pesar del antecedente de la irregular licitación del tren rápido México-Querétaro, que benefició al Grupo HIGA, y del escándalo sobre los presuntos sobornos y sobrecostos de las obras de OHL, ambos detonados a finales de 2014 y a principios de 2016, respectivamente. Por tercera vez, Ruiz Esparza descartó la posibilidad de renunciar porque, dijo, “lo más importante aquí no es que haya un responsable político. Es que haya un culpable, si hubo omisiones. Si hubo errores, que sean los culpables los que le hagan frente a este tema y no dejar esto resuelto con un sacrificio político”. El colmo fue que para eximirse de cualquier responsabilidad el titular de la SCT añadió: “La secretaría no hace obras, se contrata a empresas”. En noviembre pasado la SFP informó que la SCT sólo había solventado 12 de las 22 irregularidades señaladas en la contratación de la obra del Paso Exprés, que le costó más de 2 mil millones de pesos al erario federal. Cúmulo de irregularidades El reporte de las irregularidades documentadas por la SFP se basa en el análisis de los cuatro contratos por un total de 1 mil 978 millones de pesos que realizó la SCT para la “ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés) por 1 mil 548 millones de pesos; para la coordinación del proyecto de ampliación por un total de 54 millones 146 mil pesos; para la supervisión de ‘obras realizadas por terceros’ por un total de 47 millones 295 mil pesos; y para la ‘verificación de calidad de los trabajos relativos’ al Paso Exprés por 8 millones 948 mil pesos”. La primera gran irregularidad es que hubo una “inadecuada planeación y programación de la obra” que derivó en que “el proyecto ejecutivo firmado por Banobras y ORVA Ingeniería S.A. de C.V., en enero de 2015, fue posterior al procedimiento de licitación, realizado del 16 de octubre al 24 de noviembre de 2014. “Se concluye que el procedimiento de licitación se llevó a cabo sin contar con el proyecto ejecutivo autorizado, con el que se generó un presupuesto, presentado por la Dirección General de Carreteras, que resultó deficiente, al existir variaciones que derivaron en la elaboración de tres convenios que representan un incremento al monto por 647 millones 199 mil pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), equivalente a 71.78% en monto, y al plazo de 177 días, equivalente a 24.25% respecto del contrato original”, apuntó la SFP. La segunda anomalía es que el consorcio formado por Construcciones Aldesem y Eppcor “concluyó los trabajos tres meses previos a la fecha convenida, por un importe de 230 millones 629 mil pesos”. Otra grave irregularidad fue la ejecución de trabajos sin comprobación documental, cuyo monto total asciende a 197 millones 737 mil pesos, así como 194 cantidades de trabajo y conceptos de trabajo no previstos en el “catálogo original del contrato”, que fueron estimados sin estar autorizados en dicho convenio y cuyo costo total ascendió a 449 millones 470 mil pesos. Adicionalmente, se detectó un “convenio modificatorio improcedente” en la realización de la obra que “representó un incremento en monto de 62.9%”. Y como el Centro SCT-Morelos realizó “pagos en exceso por precios unitarios extraordinarios mal integrados de 116 millones 807 mil pesos”, la SFP recomendó que se reintegren los intereses generados de los pagos en exceso y se elabore una nueva matriz de cada precio unitario para pagar los trabajos efectivamente ejecutados. Los sobrecostos El Paso Exprés fue la obra más analizada por la SFP, pero no la única donde se registraron elevados sobrecostos en los cinco años de gestión de Ruiz Esparza como secretario de Comunicaciones y Transportes. Por ejemplo, la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro tuvo un costo final de 50 mil 820 millones de pesos, 27% más caro que el presupuesto original (42 mil millones). El resultado de esa licitación se dio a conocer el 3 de noviembre de 2014 y el ganador fue el consorcio formado por las empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International y CSR Corporation Limited, asociadas con cuatro empresas mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, dirigida por Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari; Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, y Constructora Teya, filial de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, el amigo del presidente Enrique Peña Nieto. El escándalo de la Casa Blanca, detonado una semana después, así como las críticas al favoritismo y a las prisas por el fallo, provocaron la cancelación de esta licitación. La repartición de 10.5 millones de televisores digitales, cuyo plazo límite se fijó para el 31 de diciembre de 2015, también generó un sobrecosto escandaloso para la dependencia encabezada por Ruiz Esparza. El plan original era que ese programa tuviera un costo de 18 mil 760 millones de pesos y terminó consumiendo 28 mil 446 millones, con padrones de reparto mal elaborados, acusaciones de soborno y hasta señalamientos de casi 400 mil televisores “perdidos” en pleno año electoral. El costo unitario por aparato de mil 990 pesos calculado por la SCT terminó elevándose a 2 mil 813 pesos, incluyendo 7.4% de los gastos operativos. Las empresas beneficiarias de esta megacompra de televisores fueron Diamond Electronics, en sociedad con Comercializadora Milenio S.A., que terminó acaparando 63% de las televisiones licitadas, por un valor superior a 19 mil millones de pesos. La segunda beneficiada fue la cadena de supermercados Soriana, que estuvo involucrada en el escándalo de distribución de tarjetas en favor del PRI durante la campaña presidencial de 2012, con un total de mil 927 millones de pesos por la compra de 781 mil aparatos de televisión. La tercera fue la compañía taiwanesa Foxconn, en sociedad con Grupo HTCJ y Asociados, que ganó 623 millones de pesos por 215 mil aparatos. Otro caso escandaloso fue la licitación de la Red Compartida de Telecomunicaciones en noviembre de 2016, que ganó el consorcio Altán (en el cual participan Axtel y Megacable), enmedio de acusaciones de consorcio Rivada Networks por presuntos actos de soborno y uso de información privilegiada que fueron investigados por el Órgano Interno de Control de la SCT. Altán, dirigida por el español Eugenio Galdón, presentó una oferta de 7 mil millones de dólares para lanzar la infraestructura de esta red mayoritaria de servicios de comunicación que deberá cubrir 92% del territorio nacional, Rivada Networks acusó al consorcio Altán y a funcionarios de la SCT de tener acceso a información privilegiada para la elaboración de un proyecto a través de la firma internacional Deloitte. La SCT contraatacó en diciembre de 2016, señalando que iniciaría acciones legales contra Rivada por “los daños ocasionados con sus señalamientos” y argumentó que fue este grupo empresarial estadunidense el que incumplió con el pago de una “garantía de seriedad” por mil millones de pesos. El proyecto de la Red Compartida debió iniciar en 2014, pero se fue retrasando. De los primeros 21 consorcios interesados originalmente, sólo quedaron dos: Rivada y Altán. El perfil del consorcio ganador levantó suspicacias entre los especialistas del sector. Consorcio Altán está formado por la empresa off shore Isla Guadalupe Ivestment S.L.U, cuyos verdaderos financiadores no son públicos, junto con Marapendi Holding B. V. Hansma, Corporación Financiera Int., CMF Investment Company LI BV; el Fideicomiso de Administración Número 2431 y el Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Eflatam-15-2, además de las dos empresas de telecomunicaciones mexicanas Megacable y Axtel. Opacidad en el nuevo aeropuerto Un último ejemplo de licitaciones con sobrecostos es el del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, planeado con un costo original de 169 mil millones de pesos, pero que se elevó a principios de 2017 a 186 mil millones de pesos, con el argumento de la devaluación del peso frente al dólar. En 2015, Ruiz Esparza presumió que esta obra, considerada la más importante del gobierno de Peña Nieto, se realizaría “bajo las mejores prácticas internacionales” en cuanto a control, transparencia, eficiencia y legalidad. Destacó que las tres fases se cumplirían para que el nuevo aeropuerto comenzara a brindar servicios en octubre de 2020. En abril de 2017 la organización México Evalúa envió al Senado un reporte en el que destacó que 73% de las contrataciones del Nuevo Aeropuerto son “insolventes” y sólo 27% “solventes”. Añadió que en 2015 se aprobaron 7 mil 88 millones y en 2016 otros 5 mil 500 millones para ejercer en esos dos años, pero sólo se habían aplicado 2 mil 495 millones de pesos. Hay 10 mil 400 millones de pesos distribuidos en contratos, “a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas”. El 50% del monto contratado (5 mil 272 millones de pesos) se comprometió sin concurso oficial de por medio, es decir, la SCT seleccionó al proveedor de manera discrecional. Otro 15% de los contratos se otorgó por “invitación restringida” y sólo 35% del dinero se ejerció con licitación pública abierta. En su reporte, México Evalúa advirtió que “el sistema de Compranet y la página oficial del NAICM cuentan con información incompleta de este procedimiento de contratación. Sólo se publica un acta de junta de aclaraciones a pesar de que ésta se reanudó en cuatro ocasiones; en el acta publicada no se incluyen preguntas ni respuestas”. Además, las “fechas en las que se realizan los distintos actos del proceso no coinciden” y se restringe la información aún en los casos de licitación pública “por razones de seguridad nacional”. Este reportaje se publicó el 31 de diciembre de 2017 en la edición 2148 de la revista Proceso.