La arbitrariedad en el uso de los recursos públicos para publicitar las acciones del Estado –denunciada desde hace tiempo por Proceso y otros medios mexicanos antes que un artículo de The New York Times la exhibiera hace una semana a nivel internacional– puede terminarse si el Congreso acata antes del 30 de abril la resolución de la Suprema Corte en tal sentido. Sin embargo el senador Luis Sánchez, autor de una propuesta basada en estudios de la organización civil Fundar, considera ese escenario demasiado optimista. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Congreso pretende acotar el intercambio de dinero público por coberturas periodísticas favorables a los gobiernos en turno –uno de los soportes del poder político en México desde el siglo pasado– mediante la creación de un consejo autónomo que vigile la asignación imparcial de la publicidad gubernamental. El Poder Legislativo está emplazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que antes de finalizar la actual Legislatura, el próximo 30 de abril, regule la publicidad gubernamental y cumpla con una obligación en la que está en falta, oficialmente, desde hace una década. Aunque esa resolución del máximo tribunal, adoptada en noviembre pasado, fue bien recibida en amplios sectores, no deja de ser un buen deseo, pues de acuerdo con las consultas que realizó este semanario ni en la propia SCJN se sabe cómo y contra quién o quiénes se procedería ante un posible desacato del Congreso. Aun cuando los legisladores cumplan el fallo de la Corte, el futuro de la publicidad oficial depende de la voluntad del Ejecutivo, el principal interesado en el control de los recursos destinados a esa actividad. El senador Luis Sánchez, coordinador parlamentario del PRD en el Senado, asegura en entrevista que, si el Congreso legisla sobre la materia de acuerdo con los tiempos señalados por la SCJN, bastaría con la voluntad política del presidente de la República para promulgar de inmediato la ley. En ese caso, la regulación podría aplicarse en pleno proceso electoral. Pero ese escenario es demasiado optimista, dice a Proceso. En un amparo que concedió a la organización no gubernamental Artículo 19, la SCJN estableció el 30 de abril como fecha límite para que los legisladores reglamenten el artículo 134 de la Constitución respecto a la publicidad oficial, que involucra el gasto que hacen los tres Poderes del Estado mexicano (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), así como a los entes autónomos y las llamadas empresas productivas del Estado. La asignación discrecional del dinero público en ese ámbito se mantendrá tanto como quiera el Congreso de la Unión, aunque en la Cámara de Diputados y en el Senado existen cerca de 20 iniciativas para legislar sobre ese tema, uno de los pendientes de la reforma del sistema político mexicano. El uso y abuso en torno a la publicidad oficial se convirtió en el último debate de 2017 en el país, cuando el diario estadunidense The New York Times (NYT) abordó el problema, que ha sido denunciado por este semanario desde que nació hace 41 años. Proceso surgió, justamente, de una embestida del gobierno de Luis Echeverría, que incluyó el boicot publicitario, en contra del periódico Excélsior cuando lo dirigía Julio Scherer García. Los gobiernos de José López Portillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se valieron también, de forma abierta, del uso patrimonialista de los recursos públicos para asfixiar económicamente al semanario. De López Portillo es la frase que resume buena parte de la relación entre gobierno y medios de comunicación: “No pago para que me peguen…”, argumentó para justificar la supresión de la publicidad oficial en las páginas de la revista. Rabietas y respuestas El uso de la publicidad oficial como instrumento para castigar o premiar a la prensa por su línea editorial fue expuesto internacionalmente por el diario neoyorquino en su edición del 25 de diciembre. Nada nuevo hubo en la cobertura del influyente medio, salvo el enojo de los medios que el NYT mencionó como algunos de los beneficiarios o censores: El Universal, La Jornada y Milenio Diario. En el texto firmado por el corresponsal Azam Ahmed, El Universal fue mencionado como “perro de ataque” del gobierno por su cobertura en torno al virtual candidato del PAN a la presidencia de la República, Ricardo Anaya. En tanto que La Jornada fue descrito como un medio que modificó su línea editorial progresista a cambio de dinero gubernamental. De Milenio Diario refirió una historia de alegada censura y despido por un trabajo sobre la política social de gobierno de Peña Nieto. La respuesta de los diarios mencionados fue inmediata y pública. En su editorial del martes 26 El Universal acusó al NYT de dar voz a personas “sin más pruebas que sus dichos” y aseguró que la publicidad oficial que obtiene se debe a su penetración y no a “la supuesta alteración en la línea editorial”. Milenio Diario dedicó la página 10 de su edición impresa de ese día y un amplio espacio en su versión digital para refutar “los infundios y conjeturas” del NYT, del cual dijo que “desprecia el derecho de réplica y avala infundios”. Al igual que El Universal, aseguró que el corresponsal dio por buenas sus suposiciones y no presentó pruebas. La Jornada respondió a través de su “Rayuela”, el pequeño espacio editorial que se publica en su contraportada: “¿De quién es la mano que mece la cuna del New York Times? Ahora, como cuando apoyó a Bush para masacrar a los iraquíes, no aporta prueba alguna”. El diario estadunidense también fue cuestionado por la calidad de sus entrevistados. Según El Universal, algunos “desde sus propias trincheras podrían ser acusados de parcialidad y actuación a conveniencia. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. Tras la polémica que generó su publicación, Azam Ahmed se vio obligado a tener un diálogo electrónico abierto con sus lectores el miércoles 27. En el ejercicio se mencionó el posible interés de Carlos Slim, pero el periodista respondió que el magnate mexicano dejó de ser el principal accionista individual del diario. En efecto, Slim anunció hace un año que vendería más de la mitad de su participación accionaria del 17% en el NYT, según la agencia de noticias financieras Bloomberg. La publicación del NYT tuvo tierra fértil en la discrecionalidad con la que el poder político del país ha administrado el dinero público para anunciarse en la prensa. El capítulo México de Artículo 19, organización internacional con sede en Londres que se dedica a fomentar la libertad de expresión en el mundo, promovió un amparo ante la SCJN con el argumento de que ese manejo arbitrario del presupuesto afecta su trabajo. La Corte le dio la razón en noviembre pasado. En un proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, que obtuvo cuatro de los cinco votos de la Primera Sala de la SCJN, aseguró que la publicidad oficial se ha convertido en un mecanismo de censura indirecta. Dijo que esa arbitrariedad ha tenido “un efecto silenciador” de los medios críticos por la “asfixia financiera” que se produce cuando el gobierno decide que ninguna de sus oficinas debe anunciarse en determinado medio (Proceso 2142). Gobierno teledependiente “Tenemos que eliminar esa discrecionalidad. Llevamos 10 años de retraso desde que la reforma política de 2007 estableció que se debía regular la propaganda oficial. De entonces a la fecha se han presentado 17 iniciativas, pero todo ha quedado en eso”, asegura el senador Luis Sánchez, quien tras el fallo de la SCJN presentó una propuesta más para regular el artículo 134 constitucional. Ésta pasó a las comisiones de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos Primera. Según el legislador, puede obtener el apoyo de algunos senadores del PAN, como Marcela Torres Peimbert, quien también presentó una iniciativa de ley tras la resolución de la SCJN. El perredista busca una Ley de General de Comunicación Gubernamental en la que se le pide al Ejecutivo Federal elaborar un Programa Anual de Comunicación de la Administración Pública Federal. Dicho programa tendría que definir objetivos, proyecciones financieras y los programas de gasto de cada ente público, en el que se determinen, entre otros, los objetivos de cada campaña, el periodo de ejecución y la justificación técnica de la contratación. En todo caso, propone que el gasto anual no exceda 0.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para la operación de la ley propone crear un Consejo Nacional de Comunicación Gubernamental, una figura en la que coinciden varias de las iniciativas presentadas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ese consejo estaría integrado por cinco personas seleccionadas, desde la sociedad civil y la academia, por la Cámara de Diputados y designadas por el Senado de entre cinco ternas. Los consejeros nacionales así seleccionados estarían a cargo de la regulación, investigación y sanción en materia de comunicación social, los procesos de contratación y difusión, y de que los contenidos garanticen la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos. El consejo se encargaría de definir las políticas públicas en torno a la publicidad oficial, del seguimiento al ejercicio del gasto, la distribución de los tiempos del Estado y fiscales, la supervisión de los funcionarios responsables, denunciar ante la Auditoría Superior de la Federación las irregularidades en el uso del dinero destinado a la comunicación gubernamental y de presentar incluso denuncia penales en caso de que detecte delitos. Esa instancia también se encargaría de la puesta en marcha de los programas de los Poderes Legislativo y Judicial. La iniciativa de Sánchez también crea la figura del Padrón Nacional de Prestadores de Publicidad y Comunicación, un sistema de información pública en el que se registren los medios de comunicación y agencias de publicidad que tengan sede en México o en el extranjero y den servicios de producción y difusión de comunicación gubernamental. En ese padrón los medios tendrían que señalar quiénes son sus propietarios y, en su caso, los accionistas mayoritarios, así como los niveles y segmentos de audiencia, además del número de usuarios efectivos. Toda esa información sería de acceso público y quienes no estuvieran registrados no podrían considerarse para los contratos de publicidad gubernamental. El senador perredista propone, de igual forma, criterios para evitar actos de censura indirecta, discriminación y privilegios. Entre éstos, pretende que no se otorguen a una sola empresa, grupo o medio de comunicación, contratos cuyo costo total sea mayor de 20% del gasto total de cada servicio de comunicación, ni concentrar en un solo medio más de 50% del gasto total destinado a la propaganda gubernamental. De acuerdo con esos criterios se podría evitar la discrecionalidad que ha caracterizado tanto a los gobiernos federales del PRI y del PAN, así como a los estatales y municipales de los distintos partidos. En su justificación, apoyada en la organización civil Fundar, que se ha dedicado al análisis del gasto gubernamental en ese rubro, el senador refiere que el gobierno de Felipe Calderón gastó 39 mil 40 millones 580 mil 390 pesos, lo que equivale a un aumento de 106% entre 2007 y 2012. En cuanto a la actual administración, gastó casi la misma cantidad (36 mil 261 millones de pesos) tan sólo entre 2013 y 2016. Precisa Sánchez que el gobierno de Peña Nieto ha gastado 71.86% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados, es decir que pagó 15 mil 162 millones de pesos de más. Por eso, dice el senador, su propuesta de ley busca que los funcionarios responsables sean castigados cuando se gaste de más. La evaluación de Fundar, organización que busca la participación de la sociedad civil en la discusión de la ley, indica que la mayor parte del gasto publicitario del gobierno en esos cuatro años fue para la televisión (35%), seguido de la radio (19%) y luego los medios impresos (17%). Es decir, que la administración de Peña Nieto pagó en ese periodo 12 mil 705 millones de pesos a la televisión, 6 mil 939 a la radio y 6 mil 153 a periódicos y revistas. El gasto en los medios electrónicos osciló entre 5 y 7%. Televisa fue la empresa más beneficiada, con 17.07%, mientras que TV Azteca se quedó con 9.87%. En los medios impresos, el periódico El Universal fue el más beneficiado, con 2.69% de los recursos, lo que equivale a 975 millones 420 mil pesos. La misma proporción se le asignó al Grupo Fórmula, el principal proveedor del gobierno en la radio. Incluso, la agencia de publicidad internacional Starcom Worldwide obtuvo contratos por 3.15% del gasto publicitario gubernamental en ese cuatrienio. Para dimensionar la arbitrariedad en la distribución de la publicidad, Fundar señala que, en 2016, sólo 10% de los mil 1163 proveedores de publicidad oficial se quedó con 49% del gasto. Más de la mitad de esta porción fue para Televisa y TV Azteca. Además Fundar dio a conocer la semana pasada que la dependencia federal que más gastó en publicidad durante 2017 fue la Secretaría de la Defensa Nacional, promotora de la recién aprobada Ley de Seguridad Interior que Peña Nieto promulgó a pesar de que implica numerosas violaciones constitucionales. Fundar precisó que el Ejército gastó casi la mitad (44.6%) de lo pagado a los medios de comunicación en este año por el gobierno de Enrique Peña Nieto, es decir 43 millones 950 mil pesos. Este reportaje se publicó el 31 de diciembre de 2017 en la edición 2148 de la revista Proceso.