Elecciones cruciales

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 1 de julio de 2018 se celebrarán elecciones inéditas en México: estarán en juego la Presidencia de la República y los 628 legisladores que integran el Congreso de la Unión; pero además se elegirán ocho gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como 972 diputados para integrar los Congresos estatales en 27 entidades; mil 596 ayuntamientos en 24 estados; 16 alcaldes y 160 concejales de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Únicamente Baja California y Nayarit no tendrán elecciones locales en esa histórica jornada.

Pero más allá del número de puestos que se elegirán, lo que está en juego es si se puede recuperar el equilibrio de poderes que se vivió a partir del 1 de septiembre de 1997, cuando el Partido Revolucionario Institucional (entonces­ en el gobierno) perdió por primera ocasión la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que abrió un periodo que se prolongó hasta septiembre de 2015, en el que quien ocupaba la Presidencia de la República no imponía su voluntad a los legisladores.

El 1 de septiembre de 2015, aunque formalmente el partido del presidente Enrique Peña Nieto no tiene la mayoría en ninguna de las dos Cámaras, en la de Diputados, con los legisladores de sus partidos satélites –Verde Ecologista de México y Nueva Alianza– logra sumar más de la mitad de los votos y sacar adelante sus iniciativas sin necesidad de ninguna negociación, mientras que en el Senado de la República requiere además de los votos de los llamados disidentes blanquiazules, que se han plegado sumisamente a sus demandas.

Sin duda la de presidente de la República será la elección más importante de todas las que se realizarán, por el papel central que desempeña el titular del Poder Ejecutivo federal en el sistema político mexicano y en la vida nacional, y todo indica que la elección será muy competida y que la diferencia entre el primero y el segundo lugares seguramente será de un solo dígito. Hasta el momento, en prácticamente todas las encuestas de preferencia electoral aparece Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, y disputándose el segundo lugar Ricardo Anaya y José Antonio Meade, con los dos candidatos independientes con probabilidades de conseguir el registro (Jaime Rodríguez y Margarita Zavala) con porcentajes menores.

El gobierno y la coalición que postula a Meade apuesta por la pulverización del voto y por que la contienda no se centre entre dos punteros (como sucedió en 2006, con López Obrador y Felipe Calderón), pues en ese caso tiene más probabilidades de perder la Presidencia de la República. Si la competencia se polariza, es posible que la contienda la protagonicen López Obrador y quien logre posicionarse claramente como segundo lugar: Anaya o Meade.

Sin embargo, para el futuro de la democracia es tan importante la elección del nuevo presidente como el que ninguna de las fuerzas políticas y, mucho menos, la coalición que haya postulado al triunfador de la elección presidencial, obtenga la mayoría absoluta en ninguna de las Cámaras, pues eso es lo único que permitirá revertir la tendencia a la restauración del autoritarismo que se ha visto en los últimos años, mostrada muy plásticamente por la reciente aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior.

A nivel del gobierno nacional se ha fortalecido la concentración del poder en la Presidencia, y esto mismo ha permitido incrementar la injerencia de las instancias federales en la vida de los gobiernos estatales.

Sin embargo, en las gubernaturas se ha mantenido una creciente tendencia al pluralismo: en estos momentos el PRI gobierna 14 estados; el PAN, 12; PRD, cuatro; el PVEM, uno (fue en alianza con el PRI), y un independiente en uno. Otro hecho inédito en la historia del país es que ya nada más quedan cinco estados gobernados únicamente por el tricolor (Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México e Hidalgo).

De las nueve entidades que elegirán titular del Ejecutivo estatal, tres están en manos del PRD (Ciudad de México, Morelos y Tabasco); tres, del PAN (Guanajuato, Puebla y Veracruz); dos, del PRI (Jalisco y Yucatán), y uno, del PVEM (Chiapas). Sin embargo, salvo Guanajuato –donde todo indica que el PAN repetirá su triunfo por quinto periodo consecutivo–, y probablemente Yucatán –donde el gobierno priista parece tener una buena aceptación–, en el resto lo más probable es que haya alternancias.

La emergencia de Morena impulsará entre otras cosas una recomposición de la geografía electoral, ya que estará en la pelea en cinco estados (Chiapas, Morelos, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México), aunque en el único donde parece muy encaminado es en la capital del país; el PAN tiene probabilidades de retener los tres en los que es gobierno; el PRD únicamente estará en la pelea en Tabasco y en la Ciudad de México; Movimiento Ciudadano puede ganar su primera gubernatura en Jalisco, y el PRI la tiene complicada, pues la única entidad donde encabeza las encuestas es en Yucatán; en otras podría ser tercer lugar.

Por primera ocasión habrá ahora candidatos independientes a la Presidencia de la República y al Senado; en el primer caso, aunque 86 mexicanos manifestaron su aspiración a contender, el Instituto Nacional Electoral (INE) les otorgó el registro únicamente a 51 y, de éstos, únicamente los dos ya mencionados tienen posibilidades reales de alcanzar el número y la distribución de firmas necesarias para obtener el registro.

En el caso de los senadores, obtuvieron el registro como aspirantes 51, de los cuales siete pueden convertirse en candidatos; y en el de los diputados fueron 160 los aspirantes, de los cuales 64 (13 de Nuevo León y 13 de la Ciudad de México, y los 38 restantes repartidos en todo el país) ya alcanzaron el número de firmas necesarias debidamente validadas por el INE; otros 14 están en espera de que el instituto les valide todavía una parte.

La que se avecina es una elección de altísima complejidad por el número de puestos en disputa, por lo complejo de los procedimientos de organización electoral, por las incorporaciones de figuras (candidaturas independientes) y por la gran competitividad que va a implicar, sobre todo en las contiendas más importantes, donde en casi todos los casos los resultados son inciertos.

Lamentablemente, los precedentes inmediatos (Estado de México y Coahuila) dejan muchas dudas respecto de la imparcialidad de las autoridades electorales, aunados a la remoción del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y las controvertidas designaciones de titulares de la Fepade y de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE (Proceso 2147).

En resumen: el futuro de México está en el aire en unas elecciones muy complejas y competidas, con autoridades electorales muy cuestionadas y poco confiables. La ciudadanía tiene la palabra.

Este análisis se publicó el 31 de diciembre de 2017 en la edición 2148 de la revista Proceso.

Comentarios