CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi tres semanas de promulgada la Ley de Seguridad Interior (LSI), cerca de 300 organizaciones civiles integradas en el colectivo #SeguridadSinGuerra solicitaron al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que haga uso de sus facultades legales para presentar una controversia constitucional contra dicha legislación. A través de una carta, una treintena de agrupaciones sociales de Chihuahua, junto con decenas de activistas, defensores de derechos humanos, expertos y académicos, piden al panista que sea congruente con sus expresiones contrarias a la LSI. En diciembre pasado, previo a la aprobación de la LSI por parte del Senado de la República, Corral destacó en su cuenta de Twitter que dicha norma representaba “un retroceso en derechos humanos y democracia”, por lo que pedía a los senadores “lealtad a sus deberes constitucionales y de salvaguarda del Pacto Federal”. Tomando en cuenta esas expresiones, y dado que las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales pueden ser recurridas por algunos actores, las organizaciones exhortan al mandatario chihuahuense a “que pueda ser un referente de congruencia democrática para otros gobernadores, en uno de los momentos en que el país más lo necesita”. Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, organizaciones y diversos actores del estado de Chihuahua y de la República Mexicana, “le hacemos formalmente la solicitud, para que en uso de las facultades que le ha otorgado la Constitución, presente la controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior. Desde el colectivo ofrecemos, si así lo considera, el apoyo técnico que pudiera requerir para ello”. De igual manera, insisten sobre los riesgos que implica la LSI, al señalar que “no sólo es inconstitucional, sino que ataca directamente al federalismo, uno de los ejes torales de nuestro orden constitucional, al dejar abierta la posibilidad de que el Ejecutivo federal despliegue las fuerzas federales, incluidas las Fuerzas Armadas, de forma unilateral y por tiempo indefinido, sin supervisión o contrapeso de ningún otro poder constitucional, en cualquier parte del territorio nacional”. Los problemas de constitucionalidad que guarda la LSI, subrayan, tienen que ver con que “autoriza el uso de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública e investigación penal en contravención directa del artículo 21 constitucional; utiliza conceptos ambiguos que permiten usar la fuerza del Estado en forma arbitraria; permite a las Fuerzas Armadas actuar sin subordinarse a las autoridades civiles; anula los mecanismos de control y de rendición de cuentas más elementales; pone en riesgo el ejercicio del derecho a la protesta social; viola principios fundamentales del derecho a la transparencia y acceso a la información, entre muchos otros”. Según los firmantes, la ley es inconvencional “por ser contraria a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano. En específico, la ley invade la competencia de estados y municipios en tareas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les ha encomendado, como la seguridad pública”. En momentos en que se pone en juego la democracia de nuestro país, abundan en su misiva, “las voces y las acciones de personas comprometidas con los valores democráticos no solamente son importantes, sino que se vuelven fundamentales para la preservación y construcción del Estado de Derecho”. E insisten en que México necesita “consolidar medidas estructurales que realmente garanticen seguridad y justicia”, por lo que “normalizar una situación de excepcionalidad no es el camino”. La carta entregada en la oficina del gobernador Javier Corral Jurado está firmada por organizaciones nacionales e internacionales como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), la Red de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas en México y el Colectivo Migraciones para las Américas (Compa). También signan la Oficina en México y Centroamérica de Artículo 19, Causa en Común, Cauce Ciudadano, Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y México Unido contra la Delincuencia. Otras organizaciones firmantes son: Servicios de Asesoría para la Paz, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, Alianza Sierra Madre, Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos, Alianza Binacional Migración y Desarrollo, Albergue del Desierto, Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena y Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova. A título personal acompañan la petición el senador Alejandro Encinas: Luz Estela Castro Rodríguez, integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chihuahua; el secretario de Desarrollo Social de esa entidad, Víctor Quintana Silveyra, así como Alberto Athie, Alejandro Lecouona, Catalina Pérez Correa, Clara Jusidman, María Elena Morera y Sergio Aguayo, entre otros.