CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las campañas electorales en México no se entienden sin el lavado de dinero. Desde la caída del régimen del PRI en el 2000 esa ha sido la tónica de la “democratización”. El Pemexgate que significó el traslado de fondos de la petrolera a la campaña presidencial del PRI y la triangulación internacional de recursos a Los Amigos de Fox abrieron el camino al pago de la campaña sucia de Felipe Calderón y a las tarjetas Monexgate en la campaña de Enrique Peña Nieto, ahora también bajo sospecha de haber sido fondeada con recursos ilegales de la brasileña Odebrecht. El llamado Haciendagate revelado por el gobierno panista de Chihuahua sobre los 246 millones de pesos autorizados en el proceso electoral de 2016 por la Secretaría de Hacienda, que entonces estaba a cargo del hoy aspirante del PRI, José Antonio Meade, está en la misma ruta y encuadra, de confirmarse, en el esquema de lavado de dinero que describe un reciente y demoledor reporte internacional sobre México. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un conglomerado de países que buscan regular el lavado de dinero en el mundo, publicó la semana pasada un informe especial sobre México que coloca a las autoridades encargadas de combatirlo (PGR y Hacienda) simplemente como indiferentes, por decir lo menos, ante ese creciente problema. De acuerdo con los datos proporcionados por el propio gobierno mexicano al GAFI, el mismo año de la triangulación del dinero autorizado por Hacienda para las campañas estatales del PRI, México sólo decomisó 32 millones y medio de dólares por lavado de dinero. Lo que es nada en relación con el tamaño de esa manifestación delictiva. Aun cuando el reporte fue matizado por el cabildeo que hizo el gobierno mexicano (Proceso 2149), las cifras citadas son demoledoras. Esos 32 millones y medio de dólares apenas representan menos del 0.1% de los 58 mil 500 millones de dólares que se cita como estimación de las ganancias anuales de la delincuencia organizada. La principal fuente de lavado es el dinero proveniente del tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Las otras dos, de acuerdo con el GAFI, son la corrupción y la evasión de impuestos. En las campañas electorales, la corrupción ha sido uno de los engranajes del sistema. El esquema utilizado en Chihuahua, que puede alcanzar al entonces presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y que involucra a otros seis estados donde hubo elecciones, es una típica operación de lavado: comprobación con facturas aprócrifas del dinero público desviado a empresas que sirven de fachada. El SAT, que depende de la Secretaría de Hacienda, junto con la Procuraduría General de la República (PGR), quedaron exhibidos en el reporte internacional por su ineficacia para combatir el lavado de dinero, sencillamente porque no quieren hacerlo, a pesar de tener leyes a la mano. @jorgecarrascoa