Camina a ciegas el nuevo sistema de justicia penal

A 18 meses de su entrada en vigor a escala nacional, en el mejor de los casos, el sistema de justicia penal vigente opera por inercia; en el peor, es ignorado por las autoridades. En Oaxaca, estado pionero junto con Chihuahua en su implementación, autoridades reconocen que mejor trabajan con el sistema anterior. A nivel federal, el problema es mayor: Ministerios Públicos e integrantes de los servicios periciales, por ejemplo, apenas tuvieron un curso de algunas semanas para comprender el nuevo sistema que se supone atendería con eficacia los 30 millones de delitos que se registran al año.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Gran parte del personal y funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), involucrados en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), terminaron su “fugaz” capacitación seis meses después del 18 de junio de 2016, cuando venció el plazo de ocho años para que el sistema operara en todo el país.

De acuerdo con registros de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, entonces encabezada por María de los Ángeles Fromow Rangel, el hoy titular de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Abel Galván Gallardo, está entre quienes concluyeron su capacitación como “docente por examen”, certificado en Baja California.

En cambio, Raúl Cervantes Andrade, Arely Gómez González y Jesús Murillo Karam no figuran en la lista de quienes se actualizaron, pese a que ocuparon la titularidad de la PGR durante el periodo que tuvieron de plazo para poner en marcha el nuevo sistema.

Consultados al respecto, especialistas y funcionarios reconocieron que el sistema de justicia penal no opera a plenitud y mencionaron como parte del problema el desconocimiento que existe.

Por ejemplo, a finales de 2013, los Ministerios Públicos federales recibieron un curso de tres horas al día durante tres meses sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos, publicado en marzo de 2014. Tan baja fue la comprensión de un tema que aún no existía, que los agentes fueron convocados, a principios de 2016, a una segunda capacitación, de una semana.

En tanto, los integrantes de los Servicios Periciales recibieron una capacitación parcial, de dos semanas. Quienes recuerdan haber asistido a los cursos mencionan que en algunas ocasiones fueron impartidos por sus propios compañeros sin experiencia en el nuevo sistema.

Para los peritos consultados por Proceso, quienes solicitaron no ser identificados en esta publicación, la PGR únicamente los mandó a cumplir un requisito, pues a la dependencia, afirman, no le importa realmente si policías, fiscales y peritos dominan los conocimientos básicos del nuevo entramado penal.

El titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Rommel Moreno Manjarrez, quien de 2007 a 2013 fue procurador general de Justicia de Baja California, donde en 2010 puso en marcha dicho sistema, reconoce que la PGR y el Poder Judicial de la Federación ignoraron durante siete años el nuevo modelo.

De ahí que, a su juicio, el Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA), a 18 meses de su implementación nacional, presente “tantos cuellos de botella” que impiden su plena operación.

“Ningún estado ha logrado que funcione” el sistema, incluyendo Oaxaca y Chihuahua, entidades pioneras que tienen una década operándolo, coinciden en diversas entrevistas, además del propio Rommel Moreno, investigadores y fiscales.

Los consultados aseguran que con esos problemas no hay manera de que los 400 mil policías y 9 mil Ministerios Públicos del país puedan con una carga de 30 millones de delitos anuales registrados.

Para María Novoa, del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), existen cuatro principales cuellos de botella en el NSJPA.

“El primero es lo que llamamos una falta de visión sistémica en seguridad y justicia. Pensamos que las políticas públicas en seguridad y justicia no cuentan con una visión que las articule adecuadamente, que vaya desde la prevención (del delito) a la reinserción social.”

Lo anterior, dice, se refleja en el presupuesto 2016 en materia de seguridad pública, en el que no se destinó ni un peso para fortalecer al Poder Judicial ni a las defensorías.

El segundo problema, expone, está en la policía que carece de incentivos para realizar detenciones. “Este aspecto lo ubicamos en lo que podría llamarse la puerta giratoria. No existe una coordinación entre la policía y el Ministerio Público”.

El tercer cuello de botella lo identifica en la debilidad de la investigación criminal. “Los datos del censo de procuración de justicia muestran que, pese a los niveles de violencia, el número de carpetas de investigación con detenidos y averiguaciones previas iniciadas con detenidos disminuyó 30% en 2016. Esto evidencia que están bajando los niveles de arrestos o que definitivamente los Ministerios Públicos no abren carpetas cuando la policía pone a disposición a los detenidos”.

La investigadora señala que una de las trabas del proceso es que aún no se ha terminado de definir, ni siquiera a nivel local, cuál es el modelo efectivo de la policía, que es la autoridad más cercana a la gente. Además de lo anterior, Novoa dice que se ha detectado que las procuradurías tienen un rezago de alrededor de 50% en los asuntos ingresados en 2016.

El cuarto cuello de botella está en la demora de las audiencias. “Se da una condición crítica en el funcionamiento con los procesos de gestión de problemas que tienen para notificar”. El problema también radica, dice la integrante del CIDAC, en “cómo el juez está gestionando la audiencia. Sus procesos están saturados”.

Mejoran el proceso

Para Bernardo León, comisionado municipal de Seguridad Pública de Morelia, Michoacán, su preocupación radica en cómo disminuir la inseguridad. “Nunca he estado de acuerdo en eso que se dice de que el sistema de justicia no tiene nada que ver con reducir la criminalidad. Éste es el primer cuello de botella que hay: el concepto de que son dos cosas desvinculadas”. Sin embargo, explica que el gobierno de Morelia realiza una especie de experimento para agilizar los procesos de impartición de justicia.

“Creamos el juzgado cívico con un juez en la sala de audiencias, es decir, como si se tratara de un juez de control. Lo que descubrimos es que en pocos minutos la persona está frente a un juez, se controla la detención y se determina su caso. No necesitamos ningún intermediario”, explica.

“No me cansaré de decirlo: si la Envipe (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) dice que hay 30 millones de delitos, no hay manera de que los Ministerios Públicos puedan recibir esa cantidad de denuncias y baje la cifra negra.

“En la encuesta empezamos con 4% de denuncias, muy por debajo de la media nacional, y ya vamos en 15%, gracias al trabajo de la policía, no del Ministerio Público (MP). Debemos cambiar el concepto de denuncia como un prerrequisito (…) hay gente que no quiere denunciar porque no tiene ningún medio de prueba, cuando el chiste de la investigación es conseguirlas.”

Otro de los problemas para el funcionario municipal es la puesta a disposición de los infractores. “En México ponemos a disposición del MP a los detenidos. En el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el Ministerio Público tiene que calificar la detención y que, si ve que estuvo mal hecha, debe decretar la libertad. Entonces, el MP se convierte en un juez y decreta una sentencia absolutoria en la soledad de su despacho”.

Recuerda que Layda Negrete, coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia, de México Evalúa, ha señalado que el juicio oral y las audiencias tienen juez presente y tienen cámaras que graban las audiencias. Sin embargo, la mayoría de las absoluciones que hay en el sistema no se hacen ahí, se hacen en el MP y ésa es la puerta giratoria.

“Entonces, la puesta a disposición tiene que ser ante el juez. Quizá éste es el cuello de botella más fuerte. Además, 99% de los asuntos que se judicializan es por detenciones en flagrancia, y eso no es pecado, pues la policía, por la naturaleza de su trabajo, hace detenciones en flagrancia”, agrega León.

Se impone el sistema tradicional

El fiscal Anticorrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, sugiere el fracaso del nuevo sistema de justicia.

“Para bien o para mal, ante una procuraduría se denuncia, es la que investiga y es la que tendría que sostener la acusación dentro del proceso. Creo que, después de más de 10 años de que el nuevo sistema se inició en Chihuahua y en Oaxaca, la operatividad y las formas siguen siendo las del sistema tradicional”, asegura.

En el trabajo que hacen las instituciones de procuración de justicia, el fiscal oaxaqueño detectó cuatro situaciones que atoran su aplicación: “Tenemos un organigrama y un modelo de gestión bajo la lógica del sistema tradicional; no sólo es un sistema lento y retardado, burocratiza y hace costosísima la actividad de una procuraduría.

“También formo parte de la fiscalía general que tiene más de 15 áreas con nivel de subprocuraduría, cuando en Nuevo León solo hay tres. Copiar esto podría permitir fusionar, racionalizar, tener mejores tramos de control y dar mejores resultados”, dice.

Iruegas Álvarez asegura que desde hace más de 10 años dieron a conocer que no estaban capacitados quienes intervienen en el proceso, y que, pese a ello, no hubo respuesta. “En la Fiscalía Anticorrupción reviso carpetas, los informes que dan los policías no son de la generación de actos de investigación, sino que investigan haciendo actas. Este es un tema que hay que cambiar. Revisar la cantidad, calidad y capacidad de este personal”.

Para Rommel Moreno Manjarrez, el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia fue totalmente arrítmico. Unos estados, como Oaxaca, lo operaron primero y otros apenas hace 18 meses, lo que dificulta la medición de resultados.

Recuerda que el exprocurador Raúl Cervantes les permitió visitar todas las procuradurías del país para identificar los comportamientos que se estaban dando después de la reforma, y encontraron casos como el de Sonora, que tiene un sistema ágil, pese a que fue de los últimos en implementar el nuevo sistema de justicia.

Moreno Manjarrez considera que otra de las trabas es la unificación de los registros, pese a los esfuerzos para homologar las bases de datos de los catálogos de los delitos. Como ejemplo de lo anterior, menciona el caso de Chihuahua, “donde no estaba registrado el feminicidio”.

Considera que otro reto por resolver es el desconocimiento de los ciudadanos sobre cómo funciona el sistema de justicia, aunque reconoce que el problema es cómo explicar los criterios de oportunidad y los acuerdos reparatorios.

“Estamos entrando en un ambiente generacional con otra visión que tiene que ver más con la medición interna hacia los operadores, es decir, servicio de carrera, una perspectiva de incentivos”, expone.

Opina que es necesario modificar las recientes reformas, aunque aclara que no habla de una contrarreforma, “sino de cómo modificar sustancialmente los planes estratégicos de las fiscalías, que es donde se concentran las denuncias. El problema está en todas las instituciones, justo como se plantea, porque tenemos grandes problemas de deficiencia y capacitación”.

Moreno coincide con María Novoa en que en el Poder Judicial están retrasadas las audiencias y las notificaciones porque no se hacen en tiempo y forma. Por si fuera poco, hay una desconexión en el Poder Judicial, entre la primera y segunda instancia, de tal manera que “tenemos un cuello de botella en el entendimiento de un sistema acusatorio nuevo contra un sistema que es escrito y viejo”.

Insiste que toda esa perspectiva los obliga a ver que las soluciones deben pasar, primero, por explicar las reformas a los ciudadanos. “Tenemos una razón forzosa y obligatoria de despresurizar el sistema, pero con un entendimiento social, porque en la medida en que esta política pública genere esta comunicación, la comunicación dejará de ser una traba”.

Este reportaje se publicó el 7 de enero de 2018 en la edición 2149 de la revista Proceso.

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