TOLUCA, Edomex. (apro).- El Poder Judicial del Estado de México rechazó que su presidente, Sergio Medina Peñaloza, esté involucrado en el sobreseimiento del amparo contra la designación de 12 notarios realizada por el exgobernador Eruviel Ávila al final de su mandato. Mediante un pronunciamiento emitido la noche de ayer, el Tribunal Superior de Justicia mexiquense calificó como falsas, bajas y absurdas las acusaciones del abogado constitucionalista Oscar Valdés, quien anunció que solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revisar la conducta del juez Breyman Labastida Martínez, pues dos días antes del fallo presuntamente fue visitado por Medina Peñaloza. Como parte de la denuncia ante la Judicatura, un testigo refirió que después de la reunión se entregaron al juzgador un par de maletas que, conforme a lo que escuchó, contenían 2.5 millones de pesos cada una. Los señalamientos, afirmó el Poder Judicial del Estado de México, carecen de veracidad, credibilidad y sustento. “Por lo que solicitamos pruebas o bien la aclaración para preservar el buen nombre del aludido”, añadió. “Es irresponsable atribuir a un servidor público hechos falsos y más cuando esta información se divulga causando agravio en el honor, vida privada e imagen, pero en este caso, además de agredir al titular del Poder Judicial, se atenta contra esta institución que día con día busca responder con justicia de calidad, transparente y respetuosa de los derechos humanos a más de 17 millones de mexiquenses”, planteó. “Consideramos inaceptable se refiera que el magistrado presidente del Tribunal mexiquense tenga injerencia en cualquier resolución judicial del ámbito estatal o federal, pues es el primer promotor y garante de la autonomía de los jueces”, afirmó. Los actos atribuidos, aseguró el documento, son “contrarios a la ética personal y profesional conforme a la cual siempre se ha conducido quien encabeza la impartición de justicia de esta entidad”. El Poder Judicial estatal aseveró que su titular ha ajustado en todo momento su actuar a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de la nación y del estado y la Ley Orgánica de la institución, “por lo que bajo ninguna circunstancia ha influido o pretendido influir en la determinación de una autoridad federal”.